El Debate Urbano Presidencial: Peligrosos Consensos sobre una Ciudad Despolitizada

Por Ignacio Arce Abarca, geógrafo de la Universidad de Chile y miembro activo de Observatorio CITé.

 

Cualquier programa de gobierno debe poner especial atención a los asuntos urbanos, sobre todo en países como el nuestro donde cerca del 90% de la población habita en ciudades y la desigualdad se plasma con fuerza en ellas, es por lo tanto, un asunto crucial que define la calidad de vida de todos.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales no han sido pocos los espacios en donde los asesores de los abanderados han expuesto sus diagnósticos y las principales propuestas en esta materia, entre debates en diferentes universidades se realizó una discusión culmine en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de este año.

Es evidente que alrededor del espectro político existen diferentes formas de pensar y proyectar nuestras ciudades, pero estas líneas no están dedicadas a revisar cada propuesta o sus diferencias, más bien el argumento que sigue es para hablar sobre los consensos, en qué están todos de acuerdo, o cómo converge la discusión general en problemáticas que se reconocen como hechos inobjetables bastante problemáticos, y el peligro que supone levantar programas en materia urbana cuando no se piensa en resolverlos.

Una breve síntesis del debate urbano presidencial esboza un consenso generalizado definidos en tres aspectos: a) el auge de la idea del derecho a la ciudad se inscribe en las políticas públicas, b) mientras se levanta un diagnóstico común que da cuenta de ciudades cada vez más segregadas y c), estas poseen serios problemas de movilidad. Es consenso también entender que estas problemáticas adquieren expresión crítica en Santiago que, producto del excesivo centralismo del país, concentra más del 40% de la población repartida en una geografía social marcada por una gran brecha que separa ricos y pobres. Como corolario la capital padece los trastornos de la caótica implementación de un sistema de transporte cuestionado desde sus orígenes.

Es llamativo ver cómo dentro del debate actual se ha vuelto un consenso, lamentablemente no tan obvio, sobre la idea de que todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades para disfrutar las ventajas del medio urbano. El derecho a la ciudad se ha logrado posicionar como concepto dentro de la formulación de políticas urbanas a todas las escalas, lo que puede ser visto como un avance, pero lo preocupante es que dentro del debate esta idea ha perdido su significado. Su contenido es utilizado como un slogan y no como un sustrato filosófico para la acción política cotidiana. Se nos repite que las ventajas de la ciudad nos pertenecen a todos, pero ¿Cómo aprovecharlas cuando estamos inmersos en una ciudadanía individualizada y despolitizada?

Existe consenso también frente al problema de la segregación y bastante acuerdo para reconocer que necesitamos ciudades más integradas. En este sentido, la integración como respuesta es interpretada según la posición política, como siempre se ha hecho con aquellos macroconceptos polisémicos cuyo significado se desvanece por su lioso uso. De allí se entiende que la integración sea punta de lanza dentro de todo el espectro político pero apuntando hacia direcciones distintas, o a veces sin dirección.

Respecto al problema de movilidad que afecta a Santiago el debate urbano encuentra consenso en situar al Trasnsantiago como blanco de críticas, es un tema sensible que merma diariamente la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la capital, allí también reside una gran oportunidad por obtener dividendos políticos. No obstante, más allá de todas las propuestas para mejorar el sistema de transporte, no existe en absoluto un cuestionamiento sobre la profunda incoherencia que existe para el grueso de los trabajadores por conectar su hogar con su fuente laboral ¿Por qué debemos asumir y continuar con la idea de que los trabajadores urbanos de Santiago deban seguir atravesando por completo la ciudad?

Hoy el mayor peligro para nuestras ciudades es el consenso de los planes y programas en materia de urbanismo por no ofrecer luces concretas para alcanzar derechos sociales colectivos que hacen posible el bienestar de los ciudadanos y que permitan una mejora significativa de sus entornos urbanos y por consiguiente en la calidad de vida. Aun cuando las ciudades son nuestro hábitat por excelencia, ningún programa presidencial en materia de urbanismo pretende transformar la vida cotidiana de las personas, el espacio político por excelencia, la esencia misma del derecho a la ciudad, situando en el horizonte del desarrollo urbano un panorama poco alentador.

Frente a este escenario al menos, desde la “nueva izquierda”, comienza a surgir la idea del cooperativismo como respuesta al empresarialismo urbano, avance que debemos reconocer como un paso hacia adelante pero no suficiente para alcanzar el derecho de los ciudadanos a ser parte real del proceso de toma de decisiones que define su calidad de vida. En la medida en que la ciudad no sea un objeto de disputa político, se nos seguirán proponiendo sofisticados mecanismos de participación ciudadana para hacernos pensar que tomamos acción sobre nuestro entorno urbano cuando las decisiones importantes ya han sido saldadas. El debate urbano presidencial hasta ahora, pareciera no abrir nuevos caminos para lograrlo.

 

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