De cóndores y pumas: Una Ecología y Urbanización depredadora de los ecosistemas.

Por Gricel Labbé y Natalia Vernal

En enero de 2019 se viralizaron a través de redes sociales, dos videos de animales (no humanos) en espacios residenciales en la periferia oriente de Santiago, justamente en el sector que concentra las familias de mayor poder adquisitivo del país.

El primer video muestra a un puma, felino, que luego de una estrepitosa caída desde un árbol en Lo Barnechea es salvaguardado por miembros de las instituciones a cargo de dichas materias. El segundo video corresponde a un par de cóndores apropiándose de un asado en Lo Curro, comuna de Vitacura.

Algunos grupos animalistas, cuestionan las medidas de rescate del puma debido a su “espectacular caída”, como a la vez debatían acerca la alimentación de los cóndores, pero, la discusión no apuntaba a la invasión y depredación de sus hábitats. Es por ello, que la pregunta sobre la cual debemos reflexionar es ¿Cómo hemos ido construyendo ciudad y qué debemos hacer para frenar los efectos que genera la urbanización en los ecosistemas?

En primer lugar, es importante aclarar que estos avistamientos no son fortuitos y mucho menos anecdóticos, sino que reflejan la aguda crisis socio-ambiental que estamos desencadenado por una urbanización que a todas luces responde a la paradoja de la planificación, es decir, tenemos excesos de instrumentos pero nulos efectos. 

El problema de los instrumentos de planificación es que no han sido capaces de generar un ordenamiento territorial sustentable porque 1) la mayoría son guiados, orientados, y ejecutados en una relación estrecha entre; la academia, investigadores y tecnócratas que a través de sus conocimientos parcelados difunden o promueven ideas (circuito de ideas centro-periferia, norte-sur, primer mundo-tercer mundo) las cuales no calzan con las realidades territoriales y escalares, 2) instituciones públicas que funcionan como facilitadores de procesos de planificación, e inclusive se vinculan política y económicamente con los agentes del mercado, y 3) instituciones privadas, quienes empujan a realizar los cambios normativos en post de conseguir “desarrollo” en las realidades locales, pero movidos por intereses económicos.

Esta tríada, claramente pasa por alto, una y otra vez, los socavones que generan sobre el medio ambiente humano y no humano (animales), entre los cuales se encuentran; 1) alteración del ciclo hidrológico y pérdida de calidad del agua, 2) impactos en los balances de energía y en los microclimas, 3) degradación, pérdida y fragmentación de hábitats, aéreos, acuáticos y terrestres, que se destruyen al impermeabilizar sus superficies 4) degradación de los arroyos 5) efectos sobre los hábitats terrestres , 6) Cambios en la estética de los arroyos y paisajes[1], etc.


La preocupación e investigación que ha emergido de la urbanización de la precordillera apunta principalmente al problema de los riesgos socio ambientales desencadenados por el asentamiento de viviendas en zonas de amenazas latente, sin embargo no es la degradación del territorio animal y vegetal la que interesa, sino que como esta depredación afecta al hombre: “ya que la preocupación (…) es la pesca, no el pescado, son los bosques, no sus habitantes no humanos utilizados como recursos para uso humano, los cuales no son vistos como animales con valor inherente”[1]

El problema de fondo, es estructural  y corresponde a la construcción de territorios desde una mirada parcial afincada en diversos niveles de violencia. Quienes ejercen la violencia no son los propietarios rurales que vive en un rancho, sino los grandes agentes privados que traen a estos espacios modos de vida completamente ajenos e insustentables, que obligan al desplazamiento, migración o muerte de los residentes del ecosistema anterior, como también son responsables los actores públicos que han permitido desde un punto de vista normativo que este escenario se materialice.

Por el contrario, nuestra propuesta avanza hacia el respeto sobre especies y los ecosistemas, aplicando 1) una ética de la justicia y no opresión hacia animales, ecosistemas y humanos, y 2) generar tácticas de acción directa en las diversas escalas.

Deseamos avanzar hacia una teoría y práctica holística y emancipatoria, en donde comencemos a imaginar a los humanos y no humanos como co-construidos dentro de una elegante simetría de la existencia y donde la tierra misma se considera un todo integral. Cuando comencemos a pensar y a construir ciudades desde este enfoque, desde la ecología de la liberación total, todo signo de violencia desaparecerá en los territorios, por ende, el puma y el cóndor como otros tantos caminarán libres y restaurarán sus hábitats.


[1] Romero, Hugo, & Vásquez, Alexis. (2005). Evaluación ambiental del proceso de urbanización de las cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile. EURE (Santiago), 31(94), 97-117. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612005009400006

[2] Best, S. (2012).Total liberation and moral progress: the struggle for human evolution. In:

Animal Ethics: Past and Present Perspectives. Ed. Protopapadakis, E. D. Berlin: Logos Verlag, pp. 233-256.en Springer, Simon. (2019). Total Liberation Ecology: Integral Anarchism, Anthroparchy, and the Violence of Indifference

URBANISMO CIVILIZATORIO: EL CASO DEL JARDÍN JAPONÉS EN SANTIAGO

Catalina Loren S.

 

El pasado viernes 11 de enero, después de dos años de remodelación, fue reinaugurado el Jardín Japonés ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, el cual fue ampliado aumentando su superficie e incluyendo nuevas atracciones tales como senderos, escaleras y lagunas. Su apertura, sin embargo, abrió un debate interesante respecto al rol que cumple la planificación urbana respecto a usos y hábitos que se desarrollan en el espacio público, dado que muchos de los visitantes utilizaron sus dependencias por medio de prácticas que “no respetaban la vocación de este espacio”, en opinión de Juan Manuel Gálvez, el arquitecto a cargo de este proyecto.

A partir de estos comentarios el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, respaldó esta idea señalando que se debe enseñar y formar a las familias visitantes respecto cómo cuidar el parque, dado que ha existido un uso distinto al adecuado, debiendo entender que hay ciertos usos asociados al espacio, donde actividades tales como jugar, hacer picnic o bañarse pueden realizarse en otras dependencias del Parquemet, porque el Jardín Japonés está destinado a la meditación y contemplación. Sin considerar, además, que muchas de estas dependencias exigen el pago de una entrada, excluyendo así a los visitantes que no tienen la capacidad de costearla y alejando así el sentido público asociado a estos espacios.

Frente a estas declaraciones surgen diversos cuestionamientos respecto al rol civilizatorio que tendrían las autoridades a cargo de temas urbanos y profesionales vinculados a proyectos realizados en la ciudad, planificando y construyendo en función de ideales, y no a partir de usos habituales del espacio y requerimientos de la población. En relación a este caso, el antropólogo Miguel Pérez señala que “la vocación de los espacios de la ciudad nunca es definida a priori, que los que deciden cuál es su uso y vocación son los mismos usuarios. Uno puede dar directrices, pero nunca anticipar cuáles van a ser sus usos”.

Es así como esta discusión nos hace recordar un elemento propio de la cultura chilena, que ha estado arraigado desde los albores de nuestro país, el cual logra ser reflejado a través del concepto de derrotismo cultural señalado por Pérez, e ilustrado de manera brillante si revisamos el pensamiento de Diego Portales. Este político chileno que desempeñó un importante papel en la constitución del Estado chileno planteaba en 1822 que “la Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República”, manifestando así la necesidad de “enderezar” a los ciudadanos en el camino del orden y virtud, para posteriormente desarrollar un gobierno libre y con ideales, donde sus ciudadanos sean parte.

De esta manera es como podemos observar que esta lógica de pensamiento ha logrado permanecer hasta nuestros días, viéndolo resumido en la frase “Es que Chile no está preparado” frente a cualquier proyecto que se quiera implementar, o con el caso del Jardín Japonés, donde se castigan los modos de apropiación del espacio público ya que no se ajustan a los ideales y expectativas de planificadores urbanos, revelando así una muy baja valoración de lo local, de lo que es propio y ya existe, como es una experiencia sensorial directa y caracterizada por el tacto de la cultura latina sobre los territorios habitados, que permiten establecer una relación entre las personas y el mundo, mediada por el espacio y bajo sus propias lógicas culturales (Giglia, 2012).

En este sentido se vuelve necesario considerar las ideas de Giglia (2017) quien plantea que es muy peligroso el determinismo espacial que se sigue recreando al intervenir los espacios públicos en distintas ciudades actualmente, en donde se pretende moldear e intencionar determinados usos del espacio en los ciudadanos a partir del diseño arquitectónico y el mejoramiento físico de sus entornos. Planificar y proyectar los espacios públicos bajo esta lógica hace no considerar elementos esenciales al momento de pensar los lugares habitados, como son la memoria, significados atribuidos a ellos y usos previos que se desarrollen. De este modo, al imponer reglas de uso en los espacios colectivos, estableciendo lo que es adecuado y permitente, niega componentes como la creatividad e imaginación asociada a éstos, olvidando así usos locales, tradicionales o emergentes. A su vez, se problematiza la crisis de sociabilidad por la que atraviesan las ciudades hoy en día, donde son cada vez menos los lugares de encuentro e intercambio entre las sub-culturas urbanas que coexisten, desarrollando así espacios segregados y degradados que no están preparados para la presencia de individuos cada vez más diversificados, móviles y con prácticas de uso, apropiación y significación impredecibles (Giglia, 2012).

El caso del Jardín Japonés se presenta como una situación ideal para replantearnos las lógicas y modos bajo los cuales se está planificando y construyendo la ciudad, donde queda de manifiesto el desafío de vincular de manera adecuada las intervenciones urbanas con el sentir de los habitantes, sus modos de vida, requerimientos y deseos. En este sentido, creemos que el abrir el diálogo ciudadano, generar el encuentro y aplicar metodologías de diseño participativas e innovadoras se vuelve un requisito esencial en la actualidad para trabajar de modo colaborativo en los espacios públicos, los cuales deben ser creados y recreados por todos y todas, respetando así su derecho a la ciudad.

Referencias

Ferrer, C. (16 de enero de 2019). El masivo debut del Jardín Japonés: Análisis al “uso distinto a lo adecuado” del parque en su primer fin de semana. EMOL.

Giglia, Á. (2012). Cultura, cultura urbana y cultura metropolitana. En Á. Giglia, El habitar y la cultura. Pespectivas teóricas y de investigación (págs. 45-63). Barcelona: Anthropos.

Giglia, Á. (2017). Espacio publico, sociabilidad y orden urbano. Cuestión Urbana, 15-28.

 

A propósito de “los chilenos propietarios” y el acceso a la vivienda

Las palabras del Ministro de Vivienda y Urbanismo en agosto de este año, en la comisión de Vivienda y Urbanismo del senado, que se hicieron famosas esta semana con la difusión del video de la cuña por parte del diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal de Chile) “…sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más; la casita, dos departamentos, y ahí se radica el patrimonio de los chilenos”, causaron una controversia recogida por redes sociales, diversos medios de comunicación y actores relevantes de la política nacional, tomándose la agenda por un día.

Dejando de lado las aclaraciones semánticas y de contexto de lo que “en verdad quiso decir”, y la lluvia de cifras que trato de poner a prueba la idea central expuesta por el ministro, que era que los chilenos somos propietarios de más de un inmueble, y que, a nuestro juicio, demuestra que el ministro se equivocó, situación que más o menos queda en evidencia cuando, segundos posteriores a la cuña, el mismo ministro señala “… pero hoy día, no sé los porcentajes, no los manejo, pero el porcentaje altísimo del patrimonio es la propiedad, asociado una casa, un departamento, una casa en la playa o un terreno”, es pertinente entregar otra arista al problema de los chilenos propietarios.

Cuando el ministro habla de “la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios” y, para justificar este juicio, posteriormente entrega el porcentaje de hogares que declaran ser propietarios en la encuesta CASEN 2017 como lo hizo en su cuenta de twitter, se podría dar por cerrada la discusión ya que, al menos, logra demostrar una interpretación de sus dichos. Sin embargo, la sola exposición del tipo de tenencia de un hogar no muestra lo complejo del fenómeno de la propiedad y el acceso a la vivienda en Chile.

En particular, uno de los principales supuestos que encierra la afirmación del ministro, es que los chilenos hemos tenido la libertad de acceder a la adquisición de una propiedad. Esta noción puede estar alimentada por las cifras que se manejan en el mercado inmobiliario, donde se han edificado 1.210.568 viviendas nuevas entre los años 2009 y 2017, según cifras del INE a partir de los permisos de edificación. A esto se puede sumar la expansión de la clase media que, en otras palabras, significa que los hogares presentan mayores ingresos, lo que les permite adquirir más compromisos financieros como los de un crédito hipotecario, cerrando el circulo virtuoso entre una oferta sostenida en el tiempo y una demanda con capacidad de compra.

El problema en este escenario es que, al observar datos complementarios a la simple tenencia, no se evidencia un impacto inequívoco de estas tendencias (producción de vivienda y mayores ingresos) sobre el déficit habitacional, sobre los hogares que requieren una vivienda. El siguiente gráfico expone en la línea roja el déficit habitacional (medido como número de viviendas irrecuperables, número de hogares y núcleos allegados hacinados) según el total de hogares del país y en las barras azules el número de viviendas nuevas. Como se puede aprecia, a pesar de la constante construcción de nuevas viviendas que anualmente alcanza un promedio de 136 mil unidades en el período, el déficit ha fluctuado, alcanzando un máximo de 9,9% en 2011 y un mínimo de 7,2% en 2015. El aumento especifico en el último tramo, 2015-2017, es producto del aumento de hogares allegados que alcanzó los 300 mil en ese año, representando un aumento de casi el 64% desde el 2013, y, en menor medida, al aumento de viviendas irreparables (cerca de 4 mil de aumento). Por otro lado, y sólo a modo de ilustración del fenómeno, si se hubiese destinado la producción total de viviendas para cubrir este déficit habitacional, en 5 años este problema se hubiese resuelto.

 

Entonces, ¿quiénes son los que acceden a las viviendas que se construyen anualmente? ¿Son los 203 mil hogares (según CASEN 2017) que concentran el nuevo stock de viviendas? ¿por qué no es constante la disminución del déficit si el mercado inmobiliario ha producido viviendas constantemente en la última década? En este contexto, es posible que el ministro haya develado inconscientemente el principal problema que tiene el acceso a la vivienda actualmente, y que no ha permitido disminuir el problema de los hogares que no poseen un inmueble, y es que existen chilenos, no todos, sino unos pocos, que sí poseen más de una vivienda, acaparándolas por ser una inversión segura y aprovechándose históricamente de beneficios tributarios como el IVA a las viviendas nuevas que la reforma tributaria del gobierno anterior eliminó.

COMUNICADO OBSERVATORIO CITé CIUDADES INTEGRADAS AL TERRITORIO

Reflexión sobre el caso Catrillanca.

Como ONG Observatorio de Ciudades Integradas al Territorio (CITé), no hemos podido quedar indiferentes ante la violencia desproporcionada ejercida a manos del Estado y, por tanto, hemos redactado el siguiente comunicado con el fin de desviar la discusión desde la crónica roja periodística, que ha buscado entender el evento como un hecho puntual y fortuito. Nuestro objetivo como organización es aportar a la comprensión de la complejidad de los territorios y sus comunidades. Por esto consideramos fundamental entender la genealogía del problema que comienza a raíz del desarrollo de un Estado-nación racista que construye constantemente un otro disruptivo.

 

Hoy queremos destacar tres puntos que nos parecen fundamentales a raíz de lo que ocurre actualmente en el Wallmapu. En primer lugar, nos referimos a la violencia de Estado ejercida sobre quienes supuestamente deben ser protegidos y también al establecimiento de un Estado-nación que protege los intereses de grupos elitistas. En segundo lugar, profundizaremos respecto a la cultura de la “chilenidad racista” como constitutiva de una sociedad altamente segregada que sustenta a la institucionalidad. Finalmente, hablamos sobre los efectos que genera el Estado y una sociedad alienada y enajenada en los habitantes de la zona, ejemplificando como consecuencia que la Araucanía es hoy la región más pobre del país.

 

  1. La constitución de un Estado-nación que protege los intereses de ciertos grupos económicos.

Con respecto a la violencia de Estado, esta se lleva ejerciendo de forma ininterrumpida, haciéndose presente en la zona desde hace más de 200 años como han documentado diversos historiadores. La violencia en la región de la Araucanía no comienza con la irrupción del Comando Jungla, sino que se arrastra desde la época de la conquista española, “hay un dispositivo colonial que sólo cambia en sus matices históricos y hoy tiene la espectacularidad que requiere su Plan Araucanía” (Catrileo, 2018, p.1). Pero, ¿por qué sí este tipo de violencia que se arrastra desde hace mucho tiempo, es hoy noticia? La explicación tiene dos aristas, 1) por un lado, se busca criminalizar a las comunidades indígenas, lo cual permite validar las intervenciones militares en pos de la paz y el mantenimiento de la gobernabilidad del país, y 2) porque hoy la violencia ha escalado a niveles no vistos desde hace varios siglos, en pos de defender los intereses de los grandes empresarios económicos del país. Frente a este escenario hace sentido lo postulado por el filósofo Han (2016), “nos encontramos ante una sociedad que sanciona la violencia física como un medio para un fin. Es una sociedad sangrienta, distinta a la sociedad moderna, que es una sociedad del alma. Aquí, los conflictos se resuelven directamente con el uso de la violencia, es decir se eliminan de golpe” (p.15).

 

De esta forma, el asesinato de Camilo Catrillanca, es un caso más de violencia estructural, institucional e histórica.  La intervención política, de los medios de comunicación y las fuerzas coercitivas (comando Jungla) han ido transformando un acto de reivindicación, en un ejercicio de terrorismo que supuestamente atenta contra la paz de los migrantes que si queremos, aquellos que poseen el capital económico, político, social y cultural, aquellos de apellidos europeos, poseedores de las tierras, como por ejemplo, la sociedad forestal CMPC, propiedad de la familia Matte.

 

  1. La chilenidad racista como constitutiva de una sociedad altamente segregada

Una investigación del Centro de Estudio de opinión ciudadana y la Universidad de Talca[1] arrojó que el 70,6% de los chilenos considera pocos atractivos los rasgos físicos de los mapuches. En relación a esto, más de la mitad niega tener antepasados indígenas. Sin embargo, la realidad se encuentra estampada en el rostro de los millones de chilenos que transitan diariamente por las avenidas, en las cuales es imposible ocultar el mestizaje. Pero no sólo la piel es motivo de discriminación y racismo, sino también lo simbólico, según la misma encuesta el 70,7% de los encuestados cree que tener un apellido de origen mapuche puede perjudicarlos en el ámbito laboral, no es de extrañar entonces, que en Chile sea tan frecuente los cambios de apellidos, las cirugías estéticas y que la tintura “blonde” (rubia) sea la más vendida[2], con el objetivo así de alejar cualquier asociación a lo indígena.

 

Sin embargo, ¿existe una “raza” chilena, distinta a los pueblos originarios? la obra “Raza Chilena”, publicada en 1904 proponía la posible existencia de un único linaje, producto de la mezcla de los mapuches con los españoles. Sin embargo, el proyecto Chile Genómico (2012-2015), que estudió una muestra de 3 mil personas vino a desmitificar la existencia de una raza chilena propiamente tal:  

 

“La distribución es muy pareja, oscilando el origen europeo en alrededor de 50%, el origen amerindio en alrededor de 48%, y el africano entre un 2% y un 3% promedio. Aunque según la región de Chile que miremos, estos porcentajes varían, oscilando el origen amerindio entre un 35% y un 55%, y el origen europeo entre un 40% y un 60%”.

 

Pero quizás más importante aún, ¿existen las razas? investigaciones (Correa, 2016; Appelbaum, Macpherson, & Rosemblatt, 2003; Margulis, 1999; Wallerstein & Balibar, 1991), han respondido a esta interrogante planteando que las razas son una construcción ideológica para imponer superioridad respecto a ciertos aspectos fenotípicos, pero que muchas veces no tiene nada que ver con el genotipo. Los rasgos físicos muchas veces no se condicen con los genes, una persona caucásica perfectamente puede tener un gran porcentaje de genes africanos, por tanto, se cuestiona cada vez el concepto de la raza, ya que todos somos producto del mestizaje.

 

Toda esta discusión está arraigada en una chilenidad racista que es inmune ante otro/a (Tijoux, 2016). La generación de este discurso e imaginario falso referente a la raza chilena, tiene sus orígenes en la colonia, en pos de la búsqueda de una identidad alejada a la del “guacho”, sin embargo, esta forma de representación y visualización a sí mismo trascendió más de dos siglos y hoy se constituye como una verdad, en la cual la raza chilena va fusionada a ciertas características tanto del fenotípicas como también atributos intelectuales, como que los chilenos son más esforzados y más inteligentes, en desmedro de las comunidades originarias que se les tilda de flojas, borrachas, sucias, salvajes y feas. Este imaginario está fuertemente arraigado en la elite económica-política-cultural y social chilena, que se visualizan a sí mismos como legítimos herederos europeos, sin embargo, y tal como han ayudado a desmitificar ciertos estudios, los orígenes indígenas están presentes en todos los estratos socioeconómicos, incluso en el de las más altas élites.  

 

[1]https://www.radioactiva.cl/2018/02/el-40-de-los-chilenos-prefiere-a-los-rubios-y-la-mayoria-considera-feos-los-rasgos-mapuches/

[2] https://www.elciudadano.cl/columnas/chile-no-es-un-pais-xenofobico/11/16/

 

“la distribución genética por estrato socioeconómico, también encontramos que es relativamente pareja. El grupo ABC1 tiene un 40% promedio de genes amerindios, el C2 un 44% y el C3, 48%. En tanto, los grupos D y E, un 54%. Por lo tanto, somos un país netamente mestizo, y esta mezcla cruza transversalmente toda nuestra sociedad” (López, 2016).

 

Estos discursos respecto a la raza no hacen más que perpetuar y acrecentar una violencia, ya no sólo a través de las armas por parte del Estado, sino que es la misma sociedad chilena que, a través de una permanente violencia simbólica, legitima todas estas acciones, segregando al ser mapuche como un otro marginado de la sociedad.

 

  1. Consecuencias en los residentes del Wallmapu

El 14 de noviembre de 2018, los medios de comunicación informaban de un “confuso incidente” en el que habría muerto Camilo Catrillanca, pero no informaban respecto a que la muerte había acontecido producto de un disparo por la espalda a un civil desarmado, y que había sido percutado por un miembro del denominado “Comando Jungla”. Tuvo que pasar más de una semana, para que recién la opinión pública pudiese enterarse de la destrucción de evidencia que la misma institución habría llevado a cabo con el único video que habría grabado el momento exacto del disparo y la muerte de Camilo (Cooperativa, 2018).  

 

La violencia tiene lugar precisamente en la Región más pobre del país para el 2017 según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional [CASEN] (Ministerio de Desarrollo Social, 2017), la cual mide pobreza multidimensional, y en donde residen un total de 989.798 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2017). Si bien, los países constantemente categorizan a su pueblo, a través de censos, encuestas, etc., con el fin, entrecomillas, de focalizar sus recursos, también estas se convierten en armas políticas que construyen fronteras físicas y simbólicas.

 

Discrepamos totalmente del análisis respecto a la idea de desarrollo de una región sólo a través de estos datos cuantitativos. Creemos como ONG que la Araucanía es uno de los territorios más ricos en saberes y es imposible cuantificarla con los mismos parámetros de rendimiento de otras regiones que se encuentran en su totalidad insertas en el circuito capitalista. La Araucanía nos da una bofetada de realidad sobre la geografía de resistencia y resiliencia que existe desde hace siglos. Nos invita a levantarnos y, a repensar de manera crítica y descolonizada los procesos socio-territoriales que se están desarrollando.

 

Si bien este documento es un mensaje diminuto y carece del llamado práctico a la lucha, podemos, al menos, recalcar el rol que tenemos como investigadores, profesores, tesistas y estudiantes, que muchas veces tomamos al Wallmapu como otra área de estudio interesante debido a su conflictividad, ejerciendo lo que Harvey denomina el extractivismo académico, es decir, delimitar e ir a “áreas de estudio” para sacar información que nos parece relevante y que nos sirve para nuestra acotada y, en muchos casos, descontextualizada investigación. En algún momento nuestras investigaciones deben dar el salto y aportar de una forma más concreta a la resistencia ejemplar de Camilo Catrillanca y el pueblo Mapuche. Si bien, este escrito no transgrede esos límites, buscamos que sea un grito desesperado en busca de un compromiso territorial y comunitario real.

 

Bibliografía

Appelbaum, N., Macpherson, A., & Rosemblatt, K. (2003). Race and Nation in Modern Latin America. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.

 

Cooperativa, (2018). “General Soto: Carabinero destruyó tarjeta de memoria porque tenía imágenes ‘personales’”. https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/general-soto-carabinero-destruyo-tarjeta-de-memoria-porque-tenia/2018-11-21/193409.html

 

Correa, J. (2016). La inmigración como “problema” o el resurgir de la raza. Racismo general, racismo cotidiano y su papel en la conformación de la Nación. In M. E. Tijoux (Ed.), Racismo en Chile: La piel como marca de inmigración (pp. 35-46).

 

Catrileo, D. (2018). “Cuando Santiago ardió por Camilo Catrillanca”.  https://pousta.com/santiago-llamas-matias-catrillanca

 

Instituto Nacional de Estadísticas (2017). Censo de población y vivienda 2017.

 

López, A. (2016). Lo que la ciencia ha descubierto sobre la supuesta “raza chilena”.

 

Ministerio de Desarrollo Social (2018). Encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN 2017.

 

Tijoux, M. (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 2016. 280 pp.

[1]https://www.radioactiva.cl/2018/02/el-40-de-los-chilenos-prefiere-a-los-rubios-y-la-mayoria-considera-feos-los-rasgos-mapuches/

[2] https://www.elciudadano.cl/columnas/chile-no-es-un-pais-xenofobico/11/16/

Para Volar, no hay tantos derechos ni tanta inclusión.

Álvaro Besoain Saldaña.

Miembro activo de la de la ONG Observatorio cité, Académico del Departamento de Kinesiología y miembro del Núcleo Desarrollo inclusivo (Universidad de Chile).

Las líneas de bajo costo son consideradas como aerolíneas que ofrecen un servicio no tradicional, ya que el nuevo modelo de gestión y desarrollo comercial incurre en un menor precio para el pasajero. El éxito en rentabilidad de estas empresas está basado en la reducción de diversos gastos que influyen en la tarifa final, tales como; costos de operación de vuelo (54% del costo total, incluyendo combustible, mantención y operaciones de vuelo), costos de operación” (26% de los gastos) y costos de operación en tierra, 20% del total de los gastos (Belobaba, P., Odoni, A., y Cynthia, B, 2009). Pero a la vez, pareciera que hay otro espacio de reducción de gastos: El ahorro en el cumplimiento de leyes y normativas sobre igualdad de oportunidades de personas con discapacidad.

El viernes 09 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana, un youtuber chileno en situación de discapacidad, Mauricio Riffo, se disponía a bordar el vuelo 255 de la aerolínea Jet Smart (aerolínea low-cost), desde Santiago a Puerto Montt. La aerolínea pidió a Mauricio entrar al final del embarque de pasajeros (por un tema de comodidad en la ubicación de los asientos y acceso). Si bien todo fue conversado y tranquilo, el problema inicia cuando el equipo de bodega no puede desmontar la batería de la silla de ruedas. Mauricio comenta que la batería es de plomo ácido seco y no de litio, por lo que no debería haber ningún problema para viajar. Sin embargo, en la aerolínea insisten que, si no se puede desmontar, no puede viajar. Esto lo obligó a salir del avión para apoyar dicho proceso, a lo que el avión cierra las puertas e inicia el despegue, dejándolo fuera del vuelo.

Si bien, a Mauricio le dieron la opción de subirse en el siguiente vuelo (9 horas más tarde) para llegar a cumplir con su compromiso, la empresa no aseguró un espacio para la espera frente a esto Mauricio decidió irse a su casa tras 6 horas en el aeropuerto. Recordemos que no hacemos referencia a un privilegio, sino, más bien a la compensación por el tiempo que Jet Smart le estaba haciendo perder.

Este no es el primer ni último caso de discriminación arbitraria en aerolíneas, por el contrario, existe un cúmulo de situaciones similares (http://www.ciudadaccesible.cl/?p=4471). Sin embargo, la cuestión de Mauricio vuelve a posicionar el tema de cómo las condiciones objetivas y subjetivas influyen en asegurar una plena inclusión. Analicemos las medidas de accesibilidad necesarias en esta y otras situaciones:

1) El equipo de bodega no puede declarar falta de experiencia en el manejo de sillas de ruedas. Si bien la aerolínea ha pronunciado que la persona que compró los pasajes no declaró que el pasajero iba a ser una persona en situación de discapacidad, tanto el equipo de bodega como asistentes de vuelo deben tener mayor formación en el manejo de silla de ruedas y/o ayudas técnicas. Pongamos el tema en perspectiva, no estamos hablando de un pequeño grupo, estamos hablando del 16,7% de la población de Chile, 2.836.818 personas, como plantea el II Estudio Nacional de la Discapacidad (SENADIS, 2015)

2) La falta de infraestructura de aeropuertos o aviones no puede ser una excusa, esa ya la hemos visto. Por ejemplo, la aerolínea japonesa de bajo costo Vanilla Air ofreció disculpas tras obligar a un pasajero que iba en silla de ruedas a trepar por las escaleras del avión, ya que el aeropuerto carecía del equipamiento necesario para ayudarlo a embarcar. Como es de costumbre, estas disculpas aparecen tras escalar la denuncia hacia varios medios de comunicación.

3) Junto a lo anterior, la nueva concepción con los vuelos low-cost ha generado barreras implícitas en situaciones como la preferencia de los asientos con más espacios. Por ejemplo, el cobro por los asientos de primera fila o más espaciosos generan una barrera ya que las personas con discapacidad no sólo lo requieren por comodidad, sino como necesidad para facilitar transiciones. Este problema de espacio también ocurre cuando una persona vuela con un perro de asistencia, especialmente porque suelen recomendar que debe viajar a tus pies o bajo el asiento sin obstruir pasillos o salidas de emergencia. Evidentemente no se desea que vaya en el pasillo, pero se puede realizar un ajuste razonable (como establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad), para utilizar los asientos de primera fila o que dispongan de más espacio. Esto no es un privilegio, es más, un perro de asistencia Golden Retriever difícilmente podrá usar ese espacio, es casi una cuestión física. Recordemos que la ley Nº 20.422 les permite ingresar a todo tipo de establecimientos de acceso a público ya sean públicos o privados, así como a cualquier medio de locomoción sin costo alguno para el usuario.

4) La búsqueda de rentabilidad nos hace esperar que se invertirá menos en formación del equipo de asistencia de vuelo, por ejemplo, en lengua de señas o audio descripción de instrucciones de emergencias, catálogos de comida y revistas. Seamos claros, eso tampoco es un privilegio, es una necesidad para las personas en situación de discapacidad de origen sensorial. Nos parece extraño que los aeropuertos cuenten con un sistema de orientación como Google maps para que personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, personas despistadas o apuradas puedan llegar rápidamente a sus puertas de embarque. Ser accesibles no sólo ayuda a las personas con discapacidad, nos ayuda todos y todas. 

5) Finalmente, que el sistema de asistencia del aeropuerto Nuevo Pudahuel se siga refiriendo a las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad como “personas con necesidades especiales” sólo es parte de un sistema que sigue perpetuando la discriminación, haciendo pensar a la sociedad que la dignidad, la accesibilidad y la autonomía es una “necesidad especial”. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dejó claro que la palabra es “persona con discapacidad” y nuestro español nos da el lujo lingüístico de complementar la palabra como una situación para enfatizar el rol del ambiente en la exclusión social. No deben innovar ahí, sólo deben cumplir la ley 20.422.

No vamos a esperar 100 años más para que vuelvan accesibles los aeropuertos y aerolíneas. Si quieren inclusión laboral y educacional, si se desea una inclusión sustantiva, se deben asegurar las condiciones que apelen a la autonomía y no a la caridad. Si Sebastián Piñera hubiese requerido retrasar unos minutos el despegue para explicar al equipo de bodega como sacar una batería, a nadie se le hubiese pasado por la cabeza despegar sin él. No nos dejemos abajo, de eso se trata la inclusión.  

Referencia.
Belobaba, P., Odoni, A., y Cynthia, B. (2009). The Global Airline Industry. United Kingdom: Wiley.

 

¿Cómo localizamos viviendas sociales al interior de las ciudades? discusión respecto al proyecto de reserva del 30% de vivienda social a proyectos inmobiliarios.

Gricel Labbé C.

La discusión referente a la iniciativa de incluir 30% de vivienda social en proyectos inmobiliarios, se ha estado llevando a cabo en el parlamento y cada vez toma más adeptos en el mundo político y académico.

La evidencia da cuenta de una alta segmentación del precio del suelo en las ciudades chilenas. Dicha situación explicaría el aumento en las cifras de allegamiento y hacinamiento (1.150.000 personas a nivel nacional) y también el resurgimiento de los campamentos durante la última década (40.501 familias según Techo).

El principal problema que busca palear esta iniciativa tiene relación con el “acceso” a suelo urbano, es decir, lograr la articulación entre viviendas, cercanía a trabajos, y diversos equipamientos y servicios, en vez de seguir expandiendo la ciudad con viviendas sociales a la periferia distante.

La propuesta de Ley surge con el objetivo de revertir la dinámica de construcción de viviendas sociales en la corona de crecimiento más alejada de la ciudad, tal es el caso de las comunas como Lampa, Melipilla, Talagante, Padre Hurtado, las cuales se han convertido en nuevos frentes donde el capital financiero se logra anclar espacialmente.

Si bien han habido iniciativas para la localización de viviendas sociales en espacios consolidados, como ocurrió en el caso de Recoleta con el proyecto de arrienda y Las Condes con el proyecto de la rotonda Atenas, el problema de la “supuesta” escasez de terrenos para localizar este tipo de residencia en el país no se soluciona con voluntades individuales o con miradas sesgadas afincadas en ideologías y políticas naturalizadas que se respaldan en diagnósticos académicos e investigativos sesgados (campo ciego).

La política viviendista no ha sido capaz de solucionar el problema cualitativo del habitar, y el cuantitativo cada vez crece más. Esto se produce por que el Estado gasta cómo máximo 4 UF en localización, excluyendo al casi 70% del suelo en este caso de Santiago. Lo que ocurre es que la especulación financiera producida por grandes consorcios inmobiliarios se transforma en exclusión social para miles de familias, endeudamiento para la clase media, y acumulación para unos pocos.  

La discusión ha resaltado principalmente el valor de suelo, ya que el principal problema del déficit ha sido el cómo financiar dichos espacios. Dentro de las propuestas que han surgido se plantea la captura y movilización de plusvalías urbanas desencadenadas de intervenciones públicas, que actualmente están siendo capitalizadas exclusivamente por propietarios privados. Esto quiere decir, aplicar un impuesto a la venta, generar un re-avalúo del impuesto territorial o exportar modelos de captura de plusvalía de otros países de la región. La aplicación de un mecanismo de captura significaría tener un fondo que permita comprar y consolidar un banco de suelos público que logre concretar la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, la idea de la captura de plusvalías nunca ha visto la luz, y se ha quedado en el eterno academicismo.

Actualmente los planteamientos a través del globo, han ido avanzando y probando nuevas  herramientas que logran incorporar como parche la vivienda social en los re-desarrollos urbanos que se están generando, en la lógica de la densificación, ejemplo de esto es el caso de Barcelona, donde se aprobó la medida que obliga a los constructores a dedicar el 30% a vivienda protegida, a raíz de que anualmente los bancos desahucian a 15.000 residentes de viviendas en las cuales no pueden pagar sus hipotecas, el aumento del valor de los arriendos debido al arriendo turístico ilegal y a que un 40% de las viviendas son compradas para inversión y no para residir. Esta medida busca revertir la situación que con el auge del turismo ha desencadenado un escenario crítico. 

Sin embargo, como Observatorio CITé creemos que la discusión debe apuntar más hacia la estructura, debemos eliminar el campo ciego que se genera respecto a la información circundante de los mercados de suelo y vivienda, para empezar a comprometernos con el manoseado derecho a la ciudad. Debemos trabajar sobre diagnósticos que permitan observar las relaciones de poder existentes (discursos y prácticas) con el fin de accionar colectivamente frente a la propiedad de la tierra, siendo esta el principal impedimento, ya sea para comunidades y/o gobiernos locales, que desean al menos hablar de integración.

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