El Estado Como Agente Urbano y Las Inmobiliarias Populares

Por Ignacio Arce Abarca
Geógrafo de la Universidad de Chile

 

Durante esta semana apareció en la prensa el lanzamiento de la llamada Inmobiliaria Popular en Recoleta, iniciativa liderada por su alcalde Daniel Jadue, y que busca materializar en marzo de 2019 un proyecto de 38 viviendas para el arriendo mediante subsidio, ampliable en una segunda etapa a 90, para enfrentar el alto grado de personas en condición allegada y población migrante en estado de hacinamiento en la comuna.

La iniciativa destaca por posicionar al Municipio como desarrollador de un proyecto inmobiliario que en términos habitacionales plantea superficies amplias comparadas al promedio del mercado, con un sentido arquitectónico armónico con el entorno al ser de 4 pisos, y que aproveche los beneficios de la centralidad urbana al estar ubicados cerca de líneas de metro y servicios.

Hasta ahora esta iniciativa ha despertado el abierto interés de las autoridades de Las Condes, Macul, Renca y Valparaíso quienes planean articular proyectos con características similares, incentivando la capacidad del municipio para ser un agente activo dentro del desarrollo inmobiliario local. Es una actitud bastante diferente a la que tradicionalmente ha tenido el Estado y los municipios frente a este problema desde las últimas décadas, porque el criterio que orienta a la Inmobiliaria Popular es social y no es su rentabilidad económica.

Guetos verticales de Estación Central
Fuente: La Nación

Cuando prima la rentabilidad respecto al desarrollo urbano terminamos por presenciar lo sucedido con los conocidos “guetos verticales” en Estación Central, un caso más o menos reciente que muestra el ineludible papel que tiene el Estado como actor inmobiliario, ya sea con una actitud pasiva al no contar con planificación urbana local sumado a la inexistencia de una autoridad para la regulación urbana metropolitana, o con una actitud activa comúnmente pro mercado, donde si bien no es recurrente que el Estado gestione y materialice un proyecto, éste suele articulerse para abrir posibilidades para el negocio inmobiliario allí donde no existía. Lamentablemente estos casos abundan, porque el Estado y el sector empresarial siempre han sabido dialogar y llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay altas expectativas de inversión y retorno en un contexto de libre mercado.

Algunos ejemplos claros y emblemáticos donde el Estado a través de diferentes escalas ha jugado un papel activo como agente inmobiliario pro mercado, directamente en favor de la rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios, son la “renovación urbana” de Santiago y la expansión urbana metropolitana a través de la planificación condicionada. Cada una ha provocado irreversibles transformaciones a la ciudad y merecen ser reconocidas como experiencias que no debiesen volver a ocurrir.

En el primer caso el municipio jugó un papel activo desde la década de 1990 hasta fines del 2000 para organizar la demanda y convencer a la oferta, creando un buen clima para el negocio inmobiliario privado conformando bancos de terrenos y manipulando la planificación urbana local para abrir oportunidades de inversión, a partir de allí se densificaría el eje de Santa Isabel y el Centro Histórico hasta, el algunos casos, llegar a la saturación. Mientras que el en segundo caso, el MINVU gestionó una nueva política pública para permitir a grandes empresas inmobiliarias dueñas de extensos terrenos en la Provincia de Chacabuco, construir megaproyectos en sectores antiguamente rurales. La existencia de exclusivos sectores como Chicureo, encuentran origen en los sucesivos arreglos hechos al Plan Regulador Metropolitano de Santiago desde fines de la década del 1990 a la actualidad.

Laguna artificial Ayres de Chicureo, ubicada en la comuna de Colina
Fuente: Inmobiliaria Aconcagua

De esta forma, hay una tradición bastante amplia del Estado como agente inmobiliario con un sentido pro mercado. Lo interesante de la Inmobiliaria Popular es que plantea una forma diferente de pensar el desarrollo urbano y allí radica la resonancia mediática que ha tenido, aun cuando sean iniciativas puntuales pero orientadas a intentar responder a problemáticas sociales que son una consecuencia directa de la feroz privatización y mercantilización del desarrollo urbano en Chile, promoviendo el derecho a la ciudad y fortaleciendo alianzas de cooperación públicas-civiles, de esas que escasean en la historia política social del país.

Se deben valorar en conjunto estas iniciativas, al menos el interés por imaginar un desarrollo urbano no basado en su rentabilidad económica, esperando que estas iniciativas no sean una isla de progreso social en un mar de libre mercado, porque al posicionar el derecho colectivo a la vivienda y a una ciudad digna se comienza a discutir la deuda histórica del Estado chileno respecto la calidad social de los espacios urbanos. La Inmobiliaria Popular de Recoleta demuestra que cuando existe voluntad política no hay excusas ni barreras para enfrentar problemáticas urbanas complejas, en vez de privilegiar el enriquecimiento personal de los desarrolladores inmobiliarios. También incita a retomar los espacios de tomas de decisiones y exigirle al Estado adoptar sus funciones sociales en términos de planificación y desarrollo urbano con y para los ciudadanos. Solo así estas iniciativas puntuales tendrán proyección en el futuro remeciendo el paradigma de urbanismo neoliberal que abunda en la actualidad.

Reivindicación y Lucha por una Vivienda: Mujeres Migrantes Construyendo Comunidad

El acceso a la vivienda en Chile constituye una problemática estructural dentro de la sociedad. El sueño de la casa propia se transforma en el mayor objetivo de vida de muchas personas, quizás nunca pudiendo lograrlo. Con la liberalización del suelo en 1979 (De Mattos, 2005), el territorio comenzó a regirse bajo las dinámicas del mercado, dejando pocas posibilidades a los habitantes más pobres de la ciudad para elegir donde vivir.

Hoy Chile en el contexto latinoamericano, es uno de los países que recibe una gran cantidad de población extranjera proveniente del hemisferio sur, transformándose en un polo migratorio. El anhelo por encontrar una mejor calidad de vida, muchas veces se ve frustrado cuando se topan con limitaciones en el acceso a una vivienda, con arriendos caros y condiciones precarias, siendo uno de los problemas más importante que deben sortear.

Para las y los migrantes, el subarrendamiento se consolida como una de las posibilidades más concretas para habitar, teniendo que aceptar el aprovechamiento y discriminación a la hora de arrendar, con altos precios, reducidos espacios y precariedad material. Si bien esta forma de residencia es una de las más accesibles para los recién llegados, actualmente existen diversas experiencias en Chile (Copiapó, Santiago, o como el tan conocido campamento multicultural de Antofagasta), que demuestran que las tomas de terreno se manifiestan como una alternativa residencial para los migrantes, que permite afrontar los obstáculos de acceso a un espacio para vivir.

La irregularidad de los asentamientos en sus diversas formas, ha sido uno de los mecanismos del habitar que en Chile se constituye como alternativa y estrategia a las opciones de soluciones habitacionales que ofrece el Estado (Garcés, et. al, 2004: 4), en donde los habitantes más pobres de la ciudad, están obligados a producir su propio hábitat, lo que ha configurado la morfología, el paisaje y  las dimensiones de la ciudad. Como mecanismo del habitar las ocupaciones de tierra permitieron una apropiación y construcción del espacio diferenciada, en donde la importancia de las prácticas de construcción social y política del hábitat se ocultaron mediante el fundamento de la ilegalidad. La planificación urbana y el desigual acceso al mercado del suelo, generó que el poblamiento de las ciudades tuviera características asimétricas, donde en muchos casos la inaccesibilidad a la vivienda formal, dio paso al desarrollo de asentamientos informales en las periferias urbanas.

¿Qué pasa con el acceso al habitar por parte de los migrantes? La localización y las condiciones de la residencia en la ciudad de los migrantes en Chile es un factor que permite dar cuenta de los procesos económicos, políticos y sociales, que se están viviendo actualmente, poniendo de manifiesto la incapacidad e inhabilidad del Estado chileno en su gestión ante el arribo de un importante volumen de población extranjera.

En la comuna de Colina existe una toma de terreno en donde gran parte de sus pobladores son migrantes dominicanos y en una cifra mayor, mujeres. En su origen (2011) se constituye como un campamento chileno, sin embargo, en el año 2015 la toma tiene un punto de inflexión, la llegada de un grupo de dominicanas que, aprovechando la disponibilidad de terreno en un antiguo vertedero comunal, comienzan a levantar y construir un espacio donde vivir. Si bien existen residentes de diferentes países latinoamericanos, al 2017 los residentes dominicanos supera el 63% del total de los habitantes (TECHO, 2016), que vienen en busca de mejores oportunidades de trabajo para poder enviar dinero a sus familias en el extranjero. Actualmente el Campamento Ribera Sur alberga aproximadamente 140 familias, con 52 hogares chilenos y otras nacionalidades, y 81 hogares extranjeros provenientes de República Dominicana (SERVIU, 2016). Lo particular de este asentamiento es que en su mayoría lo constituyen mujeres, un 57,9% de las mujeres dominicanas del campamento son jefas de hogar (FAU- TECHO, 2017). Si bien el campamento se localiza en una comuna de la periferia norte de la Región Metropolitana, en la escala comunal Ribera Sur se ubica en un espacio privilegiado, cercano a servicios, centros educacionales, transporte colectivo, entre otros.

En Chile, las tomas de terreno de finales de los años cincuenta fueron manifestación de la relevancia del ejercicio social y político que realizaron las mujeres pobladoras de ese tiempo. Se convirtieron en actoras de diversos movimientos sociales, formando parte de importantes transformaciones políticas y sociales de la época. Las mujeres chilenas perdían protagonismo al momento de la consolidación de las tomas en la ciudad- cuando las dirigencias quedaban al mando de hombres-, pues se relegaba su rol a los espacios domésticos, ocultando la importancia de las acciones de las pobladoras en el proceso de conquista de terrenos en el país.

Las mujeres dominicanas hoy reproducen diferentes lógicas comunitarias de asentamiento, ya que son ellas las que actúan y figuran como representantes durante todo el proceso de asentamiento y autoconstrucción del campamento, pudiendo tomar decisiones trascendentales en la construcción de los espacios interiores del campamento (materiales, simbólicos e identitarios),  vinculadas a las experiencias grupales, en donde lo colectivo significa y construye más allá de lo doméstico. La complejidad de las actividades realizadas por las mujeres tanto en la conquista de espacios para la vivienda, como en las actividades familiares se traduce en prácticas de construcción del espacio comunitario. La construcción comunitaria de las relaciones sociales y políticas que ponen de manifiesto las mujeres en las tomas de terreno, configuran los distintos espacios en el campamento, de los que hacen uso no sólo ellas, sino que todos los residentes. No se refiere a los espacios construidos por ellas para ellas, sino que desde sus prácticas, para el colectivo. Las prácticas espaciales de estas pobladoras en la escala barrial, evidencian las innumerables obligaciones que tienen a su cargo, -madres, trabajadoras, alimentadoras, amigas, cuidadoras- que manifiestan las labores de la mujer en la sobrevivencia, no sólo de la familia sino que también del colectivo.

Como se destacó, en el campamento de Colina, las mujeres dominicanas se alzan como una voz de lucha y compromiso con su migración, en donde de manera solidaria y comunitaria, construyen lazos no sólo con sus compatriotas, sino que con los vecinos del sector, en donde todas las prácticas que llevan a cabo se consolidan en un aporte para la sobrevivencia del colectivo, sin perder la identidad dominicana.

El poder de las mujeres en el campamento es estructurante, al punto de disponer y organizar espacios para la reproducción cultural que permiten mantenerse en el país como migrantes. La comunidad necesita de las prácticas de reproducción social y de los espacios construidos por las mujeres dominicanas, necesitan reconocer sus labores para poder seguir viviendo en el país, de otra forma, todo en el cotidiano sería más complejo. Son las mujeres dominicanas, las encargadas de resguardar la identidad dominicana en Chile, y de mantener el sentimiento de nostalgia con su cultura para poder replicarla acá.

La relevancia política y económica que ha generado los últimos años el fenómeno migratorio en Chile, y el desconocimiento e ignorancia por parte de la clase política de la realidad de los colectivos extranjeros -principalmente latinoamericanos-, favorece una serie de cargas simbólicas y materiales que posicionan a los y las migrantes en espacios de vulnerabilidad, desigualdad y subordinación que condicionan el acceso a su principal objetivo migratorio, una vivienda, un trabajo para una mejor calidad de vida.

 

Por Daniela Frías Montecinos
Geógrafa & Magíster en Desarrollo Urbano

Arquitectura Vernácula: Tradición y Sabiduría Ancestral

Título: Casa de piedra, Toconao Chile.
Autor: Flickr Marcos Escalier

De acuerdo a la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (1999) del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se define el Patrimonio tradicional o vernáculo como la expresión fundamental de la identidad de una comunidad y de sus relaciones con el territorio, una expresión de la diversidad cultural del mundo. Tras la publicación de este documento, su estudio ha tenido protagonismo en toda Iberoamérica, impulsándose el análisis de aspectos materiales y simbólicos en pos de la puesta en valor de construcciones y hábitat residenciales ancestrales que paulatinamente han ido desapareciendo.

Tras la pérdida paulatina material de un hábitat, de su riqueza y sabiduría ancestral, ha ido ganando terreno el reconocimiento del valor cultural que este conlleva. Es así, como la importancia de lo patrimonial ha traspasado los límites de lo monumental, considerándose al hábitat residencial vernáculo, fuente de valor a partir de la tradición y de la memoria que habita en los pueblos, la cual merece ser rescatada y protegida.

A partir de Cartas internacionales que muestran la preocupación por la arquitectura vernácula como la Carta de Venecia de 1964, hasta la Carta de normalización de esta manifestación como patrimonio de 1999, se ha revelado la importancia de la arquitectura vernácula como manifestación de la identidad de una comunidad, la cual produce de forma natural y tradicional su propio hábitat y lo hace convivir en perfecta armonía con el paisaje cultural y con su medio ambiente. Sumado a esto, y en referencia al aporte cultural de los habitantes de una localidad en cuanto a su tradición, se reconoce la importancia y la necesidad de generar un instrumento normativo para proteger el Patrimonio Cultural Inmaterial, dando origen a la Declaración Universal sobre la diversidad Cultural (Unesco: París, 2001), junto con la Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Título: Ruka.
Autor: Flickr RL GNZLZ

Amos Rapoport (1972) define la construcción vernácula como aquella que se sitúa en un espacio con características geográficas y climáticas singulares, que respeta las construcciones de sus casas a nivel tecnológico-material y a las personas que las habitan, las cuales conviven armónicamente en un espacio que ellos mismos han fabricado. Rudofsky (1964) denomina  a esto, una “arquitectura sin arquitectos”. En este sentido, es posible comprender el concepto de casa o hábitat residencial, como un espacio en donde los habitantes tienen directa influencia, tanto en la conformación de la vivienda como en las instancias participativas para la conformación de su propio espacio habitado por una comunidad local.

Esta construcción tradicional y popular como sistema sociocultural de alta complejidad construida por su propios habitantes, cuenta con características propias de acuerdo a la tradición local, a los materiales utilizados para su construcción tomados de la propia naturaleza, y a las características climáticas y geográficas del lugar.

La arquitectura vernácula es el testimonio constructivo directo de las formas de asentarse en el territorio y si a esto sumamos que en Chile muchas de ellas se encuentran en zonas rurales, nos encontramos con una expresión cultural y patrimonial material simbólica de fragilidad que merece ser analizado y protegido, puesto que la generalidad investigativa nos advierte que el tema de lo rural ha tenido menos relevancia a la hora de investigar y tomar medidas de salvaguarda patrimonial. Es en este ámbito donde menos énfasis se ha puesto en la investigación académica y en la toma de medidas a nivel gubernamental para enfrentar temas de habitabilidad,  precisamente donde más subsisten ejemplos de arquitectura vernacular desprotegida.

Si bien, la arquitectura vernácula ha sido en nuestros días objeto de estudio e investigación de profesionales de la construcción y de las ciencias sociales, sigue siendo necesario el análisis y preparación de material de investigación que de cuenta de la puesta en valor de las tecnologías constructivas y su relevancia ecológica, al igual que de los procesos que involucran su vinculación directa con la comunidad y el territorio.

Para detener y evitar la pérdida de este tipo de manifestaciones ricas a nivel arquitectónico, cultural y ambiental, es necesario fomentar la toma de decisiones informadas y en base al respeto por las identidades y tradiciones de sus comunidades. Es a raíz de esto que podemos cuestionarnos si a través de la generación de proyectos arquitectónicos locales que permitan la conservación del patrimonio cultural, será posible el fortalecimiento de las identidades culturales, tradicionales y populares de nuestros antepasados, posibilitando el consecuente desarrollo sostenible de los territorios.

Título: Catro, Chiloé.
Autor: Flickr Davidlohr Bueso.

Siendo la arquitectura un tema que compete directamente a los profesionales de la construcción y del urbanismo, las necesidades, razones y formas de habitar nos competen a todos al momento de respetar y valorar la traición y las identidades socioculturales de sus habitantes y comunidades. Debemos, por ende, cuestionarnos y reflexionar acerca del valor de la arquitectura vernácula o tradicional a nivel tecnológico constructivo, acerca del aporte de este tipo de construcciones a la cultura, a la tradición y al patrimonio y, por sobre todo, sobre las formas y medidas que nos permitan rehabilitar y conservar de manera sostenible y sustentable la arquitectura vernacular en nuestro país. Todos estos, aspectos fundamentales para arquitectos y profesionales a cargo de la toma de decisiones en la construcción del hábitat residencial y desarrollo local y regional en Chile.

 

Bibliografía

Rapoport, A. (1972). Vivienda y cultura. Gustavo Gili.

Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. UNM Press.

 

Por: Cynthia Pedrero Paredes. Licenciada en Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Debate Urbano Presidencial: Peligrosos Consensos sobre una Ciudad Despolitizada

Por Ignacio Arce Abarca, geógrafo de la Universidad de Chile y miembro activo de Observatorio CITé.

 

Cualquier programa de gobierno debe poner especial atención a los asuntos urbanos, sobre todo en países como el nuestro donde cerca del 90% de la población habita en ciudades y la desigualdad se plasma con fuerza en ellas, es por lo tanto, un asunto crucial que define la calidad de vida de todos.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales no han sido pocos los espacios en donde los asesores de los abanderados han expuesto sus diagnósticos y las principales propuestas en esta materia, entre debates en diferentes universidades se realizó una discusión culmine en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de este año.

Es evidente que alrededor del espectro político existen diferentes formas de pensar y proyectar nuestras ciudades, pero estas líneas no están dedicadas a revisar cada propuesta o sus diferencias, más bien el argumento que sigue es para hablar sobre los consensos, en qué están todos de acuerdo, o cómo converge la discusión general en problemáticas que se reconocen como hechos inobjetables bastante problemáticos, y el peligro que supone levantar programas en materia urbana cuando no se piensa en resolverlos.

Una breve síntesis del debate urbano presidencial esboza un consenso generalizado definidos en tres aspectos: a) el auge de la idea del derecho a la ciudad se inscribe en las políticas públicas, b) mientras se levanta un diagnóstico común que da cuenta de ciudades cada vez más segregadas y c), estas poseen serios problemas de movilidad. Es consenso también entender que estas problemáticas adquieren expresión crítica en Santiago que, producto del excesivo centralismo del país, concentra más del 40% de la población repartida en una geografía social marcada por una gran brecha que separa ricos y pobres. Como corolario la capital padece los trastornos de la caótica implementación de un sistema de transporte cuestionado desde sus orígenes.

Es llamativo ver cómo dentro del debate actual se ha vuelto un consenso, lamentablemente no tan obvio, sobre la idea de que todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades para disfrutar las ventajas del medio urbano. El derecho a la ciudad se ha logrado posicionar como concepto dentro de la formulación de políticas urbanas a todas las escalas, lo que puede ser visto como un avance, pero lo preocupante es que dentro del debate esta idea ha perdido su significado. Su contenido es utilizado como un slogan y no como un sustrato filosófico para la acción política cotidiana. Se nos repite que las ventajas de la ciudad nos pertenecen a todos, pero ¿Cómo aprovecharlas cuando estamos inmersos en una ciudadanía individualizada y despolitizada?

Existe consenso también frente al problema de la segregación y bastante acuerdo para reconocer que necesitamos ciudades más integradas. En este sentido, la integración como respuesta es interpretada según la posición política, como siempre se ha hecho con aquellos macroconceptos polisémicos cuyo significado se desvanece por su lioso uso. De allí se entiende que la integración sea punta de lanza dentro de todo el espectro político pero apuntando hacia direcciones distintas, o a veces sin dirección.

Respecto al problema de movilidad que afecta a Santiago el debate urbano encuentra consenso en situar al Trasnsantiago como blanco de críticas, es un tema sensible que merma diariamente la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la capital, allí también reside una gran oportunidad por obtener dividendos políticos. No obstante, más allá de todas las propuestas para mejorar el sistema de transporte, no existe en absoluto un cuestionamiento sobre la profunda incoherencia que existe para el grueso de los trabajadores por conectar su hogar con su fuente laboral ¿Por qué debemos asumir y continuar con la idea de que los trabajadores urbanos de Santiago deban seguir atravesando por completo la ciudad?

Hoy el mayor peligro para nuestras ciudades es el consenso de los planes y programas en materia de urbanismo por no ofrecer luces concretas para alcanzar derechos sociales colectivos que hacen posible el bienestar de los ciudadanos y que permitan una mejora significativa de sus entornos urbanos y por consiguiente en la calidad de vida. Aun cuando las ciudades son nuestro hábitat por excelencia, ningún programa presidencial en materia de urbanismo pretende transformar la vida cotidiana de las personas, el espacio político por excelencia, la esencia misma del derecho a la ciudad, situando en el horizonte del desarrollo urbano un panorama poco alentador.

Frente a este escenario al menos, desde la “nueva izquierda”, comienza a surgir la idea del cooperativismo como respuesta al empresarialismo urbano, avance que debemos reconocer como un paso hacia adelante pero no suficiente para alcanzar el derecho de los ciudadanos a ser parte real del proceso de toma de decisiones que define su calidad de vida. En la medida en que la ciudad no sea un objeto de disputa político, se nos seguirán proponiendo sofisticados mecanismos de participación ciudadana para hacernos pensar que tomamos acción sobre nuestro entorno urbano cuando las decisiones importantes ya han sido saldadas. El debate urbano presidencial hasta ahora, pareciera no abrir nuevos caminos para lograrlo.

 

¿Narco Cultura o Institución Narco?

Por: Gricel Labbé  y Pedro Palma, Geógrafos; Estudiantes del Magister de Desarrollo Urbano y Miembros activos de Observatorio CITé.

Según el Informe 2016 de la Fiscalía, existen 425 barrios críticos en el país en los que reina la “narcocultura”. La narcocultura estaría relacionada con “el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión, el robo y la explotación sexual en los barrios” según el párroco Walker, en un reportaje del diario El Mercurio[1].

Frente al inminente surgimiento académico, político y periodístico del concepto de la narco-cultura, se pueden hacer dos lecturas de enfoque simultáneas:

1. Cultura del Narco:

El concepto de Narco Cultura, que ha emergido en el debate periodístico en las últimas semanas, esboza un esfuerzo de la prensa en hacer una radiografía “objetiva” y “científica” al documentar los comportamientos anómicos, ilegítimos y delictuales, de amplias masas precarizadas que viven en las ciudades, y que han sucumbido moralmente uniéndose al negocio de la droga. Los reportajes no escatiman en dar detalles de la vida de quienes se han unido al mundo de la droga. De hecho, uno de los titulares del diario El Mercurio recrea la situación: “Lujos, creencias y jerarquía: Lo que se vive al interior de las bandas dedicadas a las drogas”, y a lo largo del reportaje se describe el fenómeno como una enfermedad que se va contagiando  en los barrios.

Imagen: Soy Chile

Así la cultura del narco se caracterizaría por ser una institución ilegal, que se sustenta en clanes familiares, de estructura piramidal. En la base de dicha institución están los “soldados”; niños reclutados desde los 14 años encargados de vender e informar a eslabones superiores. También en la misma base de la pirámide se encuentran los centros de acopio, los puntos de venta y en la cabecera piramidal se ubica el líder narco.

Así esta cultura del narco, organizada y sin institución legítima que le haga el contrapeso en los barrios, es caracterizada y fetichizada como un lugar de exóticas tradiciones y gustos, ajena a cualquier cultura que se haya visto hoy en los ciudadanos comunes y corrientes del resto de las ciudades. Se los caracteriza como devotos a la virgen, que viven el día a día, capaces de delatar a sus propios familiares, pero no así al líder narco. De gustos extravagantes como la hípica, los autos, la ropa de lujo, se los categoriza y demoniza.  

Sin embargo, se pasa  por alto, que la narcocultura emerge en barrios donde vemos un “Estado intermitente, un repliegue de las organizaciones de base, una ausencia de inversión privada y el deterioro de esa vida en comunidad”, como planteó el sacerdote Walker,  desde ahí deviene el segundo enfoque de la situación.

Jesús Malverde, el santo de los narcos en México.

2. La Institución Narco:

La mencionada narco cultura tiene una profunda raíz, arraigada en un Estado ausente, y en la desertificación Institucional en todas las escalas. Donde derechos como educación, salud, vivienda, no están garantizados.  Y más aún, en una sociedad como la chilena, donde el estatus social se da por el consumo, no es de extrañar que se expanda rápidamente.  

La narco cultura existe sólo gracias al Estado, por su omisión y también por sus desinversiones en dichos barrios. La narco cultura es una institución ilegal, que viene a suplir el rol del Estado, entregando empleos, dinero, cultura, fiesta, ayudando a los vecinos más necesitados.

Es entonces el Estado, a través de su negativa de entrar a estos barrios, quien no solo propicia el surgimiento de instituciones paralelas, sino además, ha sido el factor determinante de su expansión y configuración actual, forjando así geografías liberadas al mercado ilegal.

Imagen: La Gaceta

Se ha documentado que con el objetivo de gobernar, se introdujo la droga en la década de los 80´s de la mano de agentes de la CNI, a las poblaciones de Santiago, con el fin de desactivarlas políticamente.

Pero más cruel es lo que ha ocurrido décadas posteriores en la llamada “alegría ya viene”, tal como destaca Matías Dewey, el éxito que tienen los grupos criminales en los barrios no se fundó apenas “en su destreza o capacidad logística sino en que han logrado relacionarse con ciertos sectores de un socio muy exclusivo: el Estado”[2].

Un claro ejemplo de lo narrado es el golpe noticioso entregado por el programa de televisión Informe Especial el pasado 1 de octubre del 2017. “Los tentáculos narcos en San Ramón” deja de manifiesto como el desarrollo del negocio narco, la diversificación y el fortalecimiento de los grupos criminales se conjuga con las prácticas políticas de funcionares insertos en la institución local.

Por ello, es primordial cuestionarse sí nuestros análisis se están enfocando desde la óptica correcta ¿es preciso hacer un circo mediático referente a la excéntrica cultura del narco, o mejor aún debemos enfocarnos en cómo el Estado abandonó a millones de personas en las periferias de las ciudades?

 

[1] Muñoz (2017). Pablo Walker: “No es tan difícil llegar a decir ´prefiero ser narco a no ser nadie”. La “narcocultura” en la experiencia diaria del capellán del Hogar de Cristo. El Mercurio. Lunes 9 de Octubre de 2017.

[2] Cita extraída de Las grietas del doble pacto por Marcelo Fabian Sain.

Quebradas de Valparaíso: En pos de una mitigación popular

Valparaíso. Autor: astro now (Flickr)

En América Latina el 80% de la población vive en ciudades, configurándose como la región más urbanizada del mundo (CEPAL, 2008). A su vez, es una de las regiones menos pobladas en relación a su territorio, remitiendo a la necesidad de un enfrentamiento y una reflexión desde una mirada local hacia los problemas del hábitat y del territorio. Este crecimiento acelerado de la población y sus respectivos procesos de crecimiento urbano, han dado paso a un elevado número de viviendas informales. Si consideramos, a su vez, las condiciones sociales vulnerables de sus habitantes, el contexto socioeconómico y político de las comunidades y las características geográficas del territorio, la exposición a amenazas naturales se convierten en un factor que impacta directamente la organización y el tejido social principalmente de los habitantes de asentamientos irregulares. De esta forma, un amenaza natural podrían transformarse en un riesgo socionatural.

Una de las estrategias que han implementado los países que se han visto enfrentados a estas problemáticas en América Latina, es la incorporación de políticas y metodologías que involucren no sólo a profesionales del área del urbanismo y actores políticos, sino que principalmente a las comunidades.

Mediante la incorporación y participación de los actores directamente afectados en dicha problemática, se propone mitigar la exposición a la amenaza y las vulnerabilidades, disminuyendo así los efectos de un futuro desastre socionatural.

El enfrentamiento de problemas nacionales y locales del hábitat residencial, la ciudad y el territorio, requeriría ser pensado y reconocido desde propuestas locales que se basen en las necesidades y opiniones de los propios habitantes. En este sentido, la participación ciudadana transversal y la co-creación activa de los diversos actores que habitan el territorio, podrían ser necesarias para enfrentar los actuales retos de urbanización en América Latina y las constantes amenazas socio-urbanas y espacio-territoriales a las que las comunidades se encuentran expuestas.

Emplazado sobre una de las áreas más sísmicas del planeta, Chile es principalmente un territorio modelado por la tectónica, con una gran variedad altitudinal y un régimen pluvial extremo, exacerbado por la agudización del fenómeno del cambio climático.

No sólo las características geográficas posibilitan e incrementan la exposición a amenazas naturales. Sino más bien es la presión de los promotores y desarrolladores inmobiliarios sobre los instrumentos de planificación y los modelos de gestión en las ciudades de Chile, lo que favorece la localización de los más vulnerables en áreas de fragilidad ambiental, como es el caso específico del hábitat informal producido en las quebradas de la ciudad de Valparaíso.

La ciudad de Valparaíso es un ejemplo claro de la interacción de múltiples factores de amenazas naturales y antrópicas (incendios, tsunamis, terremotos, entre otros.). Si se hace referencia específicamente al hábitat informal de las quebradas de Valparaíso, la conformación sociocultural y territorial de sus asentamientos informales, encontramos una relación directa entre vulnerabilidad, exclusión y pobreza.

Cerro El Litre. Autor: Bastián Cifuentes (Flickr)

La carencia de planificación -autoconstrucción y toma de terrenos-, la geografía particular y la interfaz urbano-forestal en las quebradas de los cerros de Valparaíso, hace vulnerables a sus habitantes y asentamientos periurbanos principalmente ante las amenazas de incendios y terremotos. En este sentido, atender la problemática de la construcción de barrios nuevos en las quebradas, así como el mejoramiento de los barrios existentes y sus características socioculturales, espacio-territoriales y político-económicas de sus comunidades, posibilitaría la solución de una problemática a nivel local, comprometida a la vez, con un futuro urbano sustentable multinivel. Las comunidades y sus habitantes conocen el espacio que habitan, y cuentan con capital social y saberes vinculados a las amenazas naturales, por lo que las soluciones de mitigación efectivas y sustentables debiesen considerar el diagnóstico de los actores involucrados, basado en los intereses, saberes y necesidades de las mismas comunidades locales. Este proceso realizado con y desde la población llamado “mitigación popular”, es un proceso que buscaría transformar las condiciones de vida y las relaciones de producción que las determinan, reduciendo el riesgo con enfoque comunitario en un sector que es mayoritariamente autoconstruido, autogestionado y con una alta vulnerabilidad ante desastres socionaturales. Esta visión implica el desarrollo de procesos de participación ciudadana y depende de ciertos niveles de organización y conciencia social. Sus ejes centrales se basan tanto en las medidas de mitigación que aplaquen el riesgo generado por elementos vulnerables, como en el estudio del rol que poseen las organizaciones sociales, su realidad cotidiana y el conocimiento de las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades frente a una amenaza natural y directamente frente a un desastre socionatural. Todo esto, con el objetivo de generar planes y/o programas que contribuyan al desarrollo ambiental, social, cultural, político y económico de las comunidades.

Así, planificación territorial y acción participativa de los ciudadanos, posibilitarían el equilibrio necesario para enfrentar una ciudad con crecimiento acelerado, ayudando a reducir la vulnerabilidad y aumentando su resiliencia. Medidas necesarias para un sector de la ciudad de Valparaíso cuya principal prioridad es acceder a condiciones de vida digna en pos del derecho a la ciudad y la justicia social.

De esto se desprende una gran pregunta por la posibilidad de enfrentar la problemática de los asentamientos informales más allá de una política de mejoras en la vivienda. Un enfrentamiento que sea posible desde el hábitat y desde una nueva forma de reflexionar y pensar el habitar en conjunto, concibiendo la ciudad como un producto de la construcción social, y atendiendo a la vulnerabilidad socio-urbana de sus habitantes, sus identidades particulares, saberes vinculados, capital social, y la consecuente inaccesibilidad a la vivienda de carácter formal. De esta postura es posible desprender las siguientes preguntas: ¿cómo pensar la ciudad como un ente integrado, resiliente y sostenible, capaz de resistir, adaptarse y recuperarse de los efectos de los fenómenos naturales? ¿Cómo repensar las políticas de prevención y reducción del riesgo con enfoque comunitario ante las amenazas socio-naturales, y los mecanismos para soluciones habitacionales y sociales post-desastre?, y ¿Cómo pensar la ciudad desde la mirada de las personas y las comunidades invisibilizadas, tomando en cuenta la identidad local y cultural de sus actores locales?

 

Por: Cynthia Pedrero Paredes, Licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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