BIG DATA Estatal ¿Solución al problema de la focalización?

En marzo del 2018, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el nuevo Sistema de Información Territorial de Alcance Comunal (SITAC), que consiste en un servicio de mapas con información social georreferenciada, derivada del Registro Social de Hogares (RSH)[1], creada para orientar la gestión y decisiones municipales.

Hace varias décadas atrás (comienzo de los 60), las escuelas de geografía avanzaron en la espacialización de información demográfica y social, a través de la geoestadística, enmarcado en el paradigma geográfico neopositivista, creyendo que el territorio era algo ajeno al sujeto, factible de medir objetivamente.  Esto dio origen a modelos de focalización que incluye la variable espacial.

En este contexto, las Instituciones públicas, a través de, sus respectivas direcciones y/u oficinas de análisis “territorial” centraron sus esfuerzos en visualizar a nivel geográfico información que conllevase a una mejor toma de decisiones, y que no se consideren azares políticos en la focalización.  En vista de lo exitoso que resultaron para la época la implementación de este paradigma, el SITAC, se inspiró en ellos, creando un modelo más moderno que sus predecesores, capaz de espacializar variables e indicadores.

Si bien las voluntades, hoy en día se unifican para disponer de herramientas digitales que aminorizan los conflictos en la elección de áreas en las cuales se debe focalizar, al parecer estamos viviendo el boom de la información territorial (IT) intra-instituciones, acercándonos peligrosamente al “fetiche espacial”, puesto que no es el primer ministerio que lanza una plataforma de dicha envergadura.

Así, con la información que los ciudadanos entregamos a través de encuestas y el uso de aplicaciones, estamos alimentado una BIG DATA estatal, que no logra comprender conceptos como espacio, territorio, entre otros. Puesto que estas BIG DATA no logran comprender el dinamismo de los procesos, y que no todo es mesurable.

Nos detenemos para pensar si estos sistemas de espacialización, realmente están mostrando la realidad de los territorios. O simplemente es una visualización de datos afincados en mapas interactivos que contienen la misma información -que por conocimiento propio de las instituciones tanto locales, regionales y nacionales y de las capacidades instaladas en los funcionarios-  logran reconocer.

Si bien no se debe desmerecer el esfuerzo que se está llevando a cabo, creemos que el problema no radica en la espacialización de la información, sino más bien en que información se está espacializando para comprender a los territorios en su complejidad.  Aquí tenemos un déficit sustancial. Aún, las instituciones a cargo de la construcción de estas plataformas (variables e indicadores visualizados), ya sea, por desconocimiento o voluntades, logran soslayar continuamente que el territorio no solo se construye por agencias individuales y colectivas, o por datos que registran las composiciones de hogares (RSH) sino también por las mismas instituciones intervinientes en el modelamiento de estos (véase geografía institucional).

El resultado de esto es evidente, quedando reflejado en los comentarios de funcionarios de diferentes particiones del gobierno: “llevamos 10, 20 hasta 30 años focalizando donde mismo y no pasa nada”, bajo esta afirmación ¿el SITAC ofrece solución?, sí seguimos construyendo sistemas de información geográfica que integran variables que comprenden solo una arista de los territorios (denominada por las instituciones demanda efectiva), es decir, las características socio-económicas, socio-educativas, socio-culturales de los individuos y hogares, volveremos a fallar, al igual que con los modelos anteriores.

Pero, qué pasa con la oferta en esos territorios, qué pasa con los programas y planes que están operando, como se expresan a nivel espacial. Si llevamos décadas trabajando sobre las mismas áreas (donde se concentran los indicadores y son posibles de visualizar hoy en día gracias a estas plataformas) por qué no logramos suplir las falencias que nos sigue entregando el SITAC.

Todo radica en lo que deseamos visualizar más que en cómo. En que variables e indicadores estamos considerando para acercarnos mínimamente a la complejidad territorial.

Cuando pongamos en jaque a las instituciones, sobre sus propias mediciones y como estas se pronuncian y articulan espacialmente, lograremos avanzar hacia acciones concretas, donde los programas de visualización de mapas no se transformen en un simple reflejo del perfil del habitante, que permite a los creadores decir entre líneas, ¡Hey ahora podemos georreferenciar información!, sino más bien, pensar herramientas que consigan  crear modelos de focalización las cuales integren la tríada demanda-oferta-territorio.

[1] Principal herramienta de medición de estándares socio-económicos, utilizada por el Estado para la asignación de beneficios sociales.

 

Por Pedro Palma & Gricel Labbé

Geógrafos & Magíster de Desarrollo Urbano

MIGRACIÓN EN LA VILLA PARINACOTA, QUILICURA: Doble efecto del uso institucional del discurso migrante como activismo político

Tanto el aumento de las cifras migratorias en Chile como las características propias de cada flujo permite vislumbrar que este fenómeno ha experimentado cambios y que pueden ser percibidos a simple vista en las ciudades. Hasta el año 1982, el fenómeno migratorio se caracterizó por la mayor presencia de personas de origen europeo, árabes y del lejano oriente, generando enclaves étnicos (Marcuse, 2005) los cuales hoy funcionan como espacios de reciclaje para los nuevos migrantes. Pero sólo en las últimas dos décadas del siglo XX, comienza a prevalecer dentro de las corrientes migratorias hacia Chile la población fronteriza producto principalmente del crecimiento económico del país. En base a esto y otras condiciones que ocurren tanto en las sociedades de origen como de destino es que, durante los últimos cinco años se observa una nueva ola migratoria principalmente proveniente de la región caribe (Polloni & Mathus 2011).

Lo nuevo de este flujo migratorio con un acentuado carácter de raza, se sustenta sobre cuatro enunciados. 1) Existe una intensidad del movimiento por parte de algunos grupos o colectivos que se aferran a los acuerdos bilaterales para comenzar el proyecto migratorio en Chile, al contar con estos acuerdos más las políticas tomadas en los pasos fronterizos se genera cierta arbitrariedad de quién entra al país. 2) Hay una diversidad del origen de la migración permitiendo la llegada de caribeños en condiciones cada vez más vulnerables. 3) Se consolida el área central como área para dar comienzo al proceso migratorio, pero a la vez, hacia la periferia surgen nuevos frentes de localización emplazándose en espacios de homogeneidad social u áreas segregadas, “estigmatizadas y excluidas” (Wacquant, 2004, p. 77). 4) Existe un uso institucional de la migración que robustece la imagen de gobiernos locales con programas de inclusión a nivel laboral, educacional, cultural y de salud, generando así un activismo político en base a los nuevos sujetos que arriban.

La llegada de migrantes caribeños, se explica según Stefoni (2011) por los niveles de pobreza e informalidad en el mercado laboral en las sociedades de origen, las condiciones de violencia que enfrentan algunos países, catástrofes naturales, y por último, la configuración de redes sociales que explican parte importante de las dinámicas migratorias sobre todo de los que provienen de zonas lejanas[1].

Bajo este contexto, hoy en día las instituciones locales como los municipios, usufructúan de la nueva cara que recorre barrios, villas y poblaciones, permitiendo sustentar programas políticos en post de conservar una imagen territorial inclusiva que sea avalada por instituciones externas como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas [ONU]. Esto ha conllevado dos dinámicas: por un lado, la acción asistencialista del gobierno local sobre los migrantes, en este caso Haitianos, que los incorpora al circuito laboral, educacional, cultural y de salud pero, a la vez, los margina hacia espacios segregados y estigmatizados -los cuales muchas veces funcionan como trampolín en el proyecto migratorio, es decir, espacios de tránsitos- y por otro, la inacción sobre la población histórica que reside sobre los mismos territorios, manteniendo la relegación, promoviendo sentimientos racistas y xenófobos hacia los nuevos habitantes, apoyado claramente por la opinión pública.

La presente columna busca entregar un barniz sobre los últimos dos enunciados, que tienen que ver con la localización de los nuevos migrantes, y el uso político de estos sujetos como sustento de activismos locales. Para ello, se tomará el caso de la Villa Parinacota ubicada en la comuna de Quilicura, la cual evoca las características presentes en los postulados antes descritos y los cuales serán revelados a continuación.

Villa Parinacota, espacio segregado y estigmatizado

Construida el año 1994 bajo el alero de la Política Habitacional de la época en la comuna de Quilicura, las viviendas sociales de la Villa Parinacota significaron el sueño cumplido para más de ocho mil personas erradicadas de campamentos de la zona norte. Pero sin servicios básicos, hacinados y rodeados de sitios eriazos “la situación de los pobladores se convirtió en una bomba de tiempo; una amistad quebrada, cuatro cadáveres y un programa de televisión bastaron para estigmatizar a toda una población” (Galarce, 2016, párraf, 1).

Este conjunto habitacional considera una agrupación original de 70 torres de tres pisos, 24 departamentos y 1.680 unidades habitacionales. Actualmente y luego de la intervención de Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) en el marco del Programa “Recuperación de Blocks: Segunda Oportunidad”, se demolieron 8 naves, por tanto, la situación actual es de 62 torres que se traducen en 1.488 unidades habitacionales. En la Villa Parinacota residen cerca de 7.600 personas considerando un promedio de cinco habitantes por unidad habitacional.

Originalmente, los departamentos fueron pensados para ser habitados por familias pequeñas sin considerar la posibilidad de ampliación de las viviendas. La realidad dista de ser la que se pensó y, en lo concreto, el importante número de habitantes (en algunos casos superan las siete u ocho personas por hogar) generan problemas de hacinamiento, ruidos, escaza o nula privacidad, y motiva la ampliación irregular de las viviendas por parte de los mismos vecinos. Considerando los factores socioeconómicos, se puede establecer que la población residente se encuentra categorizada en los estratos D y E.

Hoy en día, la Villa junto con poblaciones aledañas cumplen una función residencial que en sus orígenes no era concebida, a saber, se desempeña como un espacio de permanencia o tránsito -dependiendo del objetivo del proyecto migratorio- de la comunidad migrante.

Es importante recalcar que la Villa Parinacota, en la actualidad, se ha transformado en un espacio segregado y relegado dentro de la comuna, con presencia constante en los medios de comunicación por enfrentamiento de bandas rivales, tráfico de drogas y delincuencia, lo cual influencia la imagen deteriorada y estigmatizada del sector. Este crecimiento de la violencia cotidiana según Auyero (2013) es el efecto de una compleja cadena causal con origen en la;

…economía (desproletarización, informalización, expansión del tráfico de droga, degradación general de las condiciones de vida, creciente aislamiento social) y en el Estado (ausencia de instituciones que se ocupen de manera seria y sistemática de la violencia sexual; la pérdida del monopolio estatal sobre la violencia estatal legítima; la creciente regulación punitiva de la pobreza y la ciudadanía de baja intensidad para los sectores urbanos pobres que se traduce en la negación y violación cotidiana de sus derechos) (p. 65).

Bajo esta lógica, Wacquant (2011) plantea que existen cuatro estrategias de auto-protección simbólica que ejerce la población; “la distanciación mutua y la elaboración de micro diferencias, la denigración lateral, la retirada al interior de la esfera privada, y el abandono del barrio” (p. 13). Las cuatro estrategias se pueden encontrar en la Villa, pero la primera antes nombrada se ha incentivado aún más con la llegada de población migrante, debido no sólo a su condición racial, sino también a los ‘beneficios’ que supuestamente reciben por parte de la institucionalidad local, lo que provoca una disyunción socioespacial tanto al interior (desmoralización) como exterior (alteración de percepciones y distorsión de juicios) del territorio (Ibíd.).

Uso institucional del discurso migrante

Concretamente, hoy en día la llegada de población migrante se presenta como desafió y oportunidad para las agencias gubernamentales que concretan programas políticos que permiten, por un lado y a nivel local, la permanencia en los cargos (por la incorporación de votantes de grupos a favor de la “multiculturalidad” entre ellos migrantes con permanencia definitiva) y, por otro lado, y a nivel nacional, el reconocimiento de territorios inclusivos lo cual avala la administración comunal. Esto fundado sobre dos mecanismos que evocan dos efectos, el primero tiene relación con la acción de las instituciones locales y el uso del discurso político sobre la condición migrante (y que se describe en el párrafo anterior), lo cual no se concreta a nivel de localización residencial, manteniendo relegado al grupo sobre espacios homogéneos socialmente. Y el segundo, tiene que ver con la (in)acción de la misma institución sobre el espacio segregado y estigmatizado, específicamente sobre los habitantes “nativos”, en los cuales crece el racismo debido a la incorporación migrante sobre programas y beneficios públicos, pasando a ser parte del círculo de pacientes del Estado, debido a que estos habitantes sufren a causa de la permanente “falta de financiamiento del brazo supuestamente benefactor del Estado” (Auyero, 2013, p. 83) lo que provoca sólo el obedeciendo y la espera dilatada de soluciones que no llegan.

Un ejemplo de lo esbozado anteriormente tiene que ver con el “Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes y Refugiados”, cuyo propósito central fue identificar los nudos críticos del proceso de incorporación inicial y asentamiento posterior de las familias migrantes y refugiadas en criterios de inserción laboral, educacional, cultural y de salud, lo que trajo consigo el reconocimiento de la comuna como ‘ciudad solidaria’[2] –usado como eslogan político-, pero también la reproducción de un sistema que se disocia de la realidad basada en la localización residencial de los migrantes, perdiendo el sentido de la espacialidad y los efectos que genera tanto como (in) acción sobre la cotidianeidad de los habitantes de espacios marginales, convirtiendo a la población que no accede al discurso activista político a ser pacientes de un Estado que impone su jerarquía y controla a las categorías contenciosas siendo “merecedores de operaciones violentas de limpieza” (Auyero, 2013) y de una militarización del espacio habitado, como ha ocurrido desde hace ya un año en la Villa.

Bibliografía

Auyero, Javier. (2013). Pacientes del Estado. Buenos Aires, Argentina: Eudeba

Galarce, Arturo. (2016). Réquiem para la población Parinacota. Revista sábado, El Mercurio.

Marcuse, Peter. (2005). Enclaves yes, ghettos no. In David Varady (Ed.), Desegregating the city: Ghettos, enclaves, and inequality (pp. 15-30). Albany, NY: State University of New York Press.

Polloni, Leonardo, & Mathus, Christian. (2011). Somos migrantes. Experiencias de integración en la ciudad de Santiago. Santiago: Fundación Ideas y AECID.

Stefoni, Carolina. (2011). Perfil Migratorio en Chile. Oficina Regional para América del Sur. Buenos Aires, Argentina: Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Wacquant, Loïc. (2004). Las dos caras de un gueto. La construcción de un concepto sociológico. Renglones, 56(1), 72-80

Wacquant, Loïc. (2011). Desolación urbana y denigración simbólica en el hipergueto Astrolabio: Nueva Época, 6(1), 4-18.

[1] No se debe dejar de tener en cuenta factores como, por ejemplo; el endurecimiento de las políticas inmigratorias en las economías de mayor desarrollo, la estabilidad política y económica de algunos países del hemisferio sur (por ejemplo, Chile) y su marco jurídico, la cercanía y el menor costo de viaje que supone Chile en una migración regional (esto no es aplicable a la migración centroamericana) y el envejecimiento poblacional que también estaría actuando como factor de migración entre otras.

[2] Nombramiento otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR (En línea web www.quilicura.cl).

 

Por Pedro Palma C.

Geógrafo & Magíster de Desarrollo Urbano

El Estado Como Agente Urbano y Las Inmobiliarias Populares

Por Ignacio Arce Abarca
Geógrafo de la Universidad de Chile

 

Durante esta semana apareció en la prensa el lanzamiento de la llamada Inmobiliaria Popular en Recoleta, iniciativa liderada por su alcalde Daniel Jadue, y que busca materializar en marzo de 2019 un proyecto de 38 viviendas para el arriendo mediante subsidio, ampliable en una segunda etapa a 90, para enfrentar el alto grado de personas en condición allegada y población migrante en estado de hacinamiento en la comuna.

La iniciativa destaca por posicionar al Municipio como desarrollador de un proyecto inmobiliario que en términos habitacionales plantea superficies amplias comparadas al promedio del mercado, con un sentido arquitectónico armónico con el entorno al ser de 4 pisos, y que aproveche los beneficios de la centralidad urbana al estar ubicados cerca de líneas de metro y servicios.

Hasta ahora esta iniciativa ha despertado el abierto interés de las autoridades de Las Condes, Macul, Renca y Valparaíso quienes planean articular proyectos con características similares, incentivando la capacidad del municipio para ser un agente activo dentro del desarrollo inmobiliario local. Es una actitud bastante diferente a la que tradicionalmente ha tenido el Estado y los municipios frente a este problema desde las últimas décadas, porque el criterio que orienta a la Inmobiliaria Popular es social y no es su rentabilidad económica.

Guetos verticales de Estación Central
Fuente: La Nación

Cuando prima la rentabilidad respecto al desarrollo urbano terminamos por presenciar lo sucedido con los conocidos “guetos verticales” en Estación Central, un caso más o menos reciente que muestra el ineludible papel que tiene el Estado como actor inmobiliario, ya sea con una actitud pasiva al no contar con planificación urbana local sumado a la inexistencia de una autoridad para la regulación urbana metropolitana, o con una actitud activa comúnmente pro mercado, donde si bien no es recurrente que el Estado gestione y materialice un proyecto, éste suele articulerse para abrir posibilidades para el negocio inmobiliario allí donde no existía. Lamentablemente estos casos abundan, porque el Estado y el sector empresarial siempre han sabido dialogar y llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay altas expectativas de inversión y retorno en un contexto de libre mercado.

Algunos ejemplos claros y emblemáticos donde el Estado a través de diferentes escalas ha jugado un papel activo como agente inmobiliario pro mercado, directamente en favor de la rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios, son la “renovación urbana” de Santiago y la expansión urbana metropolitana a través de la planificación condicionada. Cada una ha provocado irreversibles transformaciones a la ciudad y merecen ser reconocidas como experiencias que no debiesen volver a ocurrir.

En el primer caso el municipio jugó un papel activo desde la década de 1990 hasta fines del 2000 para organizar la demanda y convencer a la oferta, creando un buen clima para el negocio inmobiliario privado conformando bancos de terrenos y manipulando la planificación urbana local para abrir oportunidades de inversión, a partir de allí se densificaría el eje de Santa Isabel y el Centro Histórico hasta, el algunos casos, llegar a la saturación. Mientras que el en segundo caso, el MINVU gestionó una nueva política pública para permitir a grandes empresas inmobiliarias dueñas de extensos terrenos en la Provincia de Chacabuco, construir megaproyectos en sectores antiguamente rurales. La existencia de exclusivos sectores como Chicureo, encuentran origen en los sucesivos arreglos hechos al Plan Regulador Metropolitano de Santiago desde fines de la década del 1990 a la actualidad.

Laguna artificial Ayres de Chicureo, ubicada en la comuna de Colina
Fuente: Inmobiliaria Aconcagua

De esta forma, hay una tradición bastante amplia del Estado como agente inmobiliario con un sentido pro mercado. Lo interesante de la Inmobiliaria Popular es que plantea una forma diferente de pensar el desarrollo urbano y allí radica la resonancia mediática que ha tenido, aun cuando sean iniciativas puntuales pero orientadas a intentar responder a problemáticas sociales que son una consecuencia directa de la feroz privatización y mercantilización del desarrollo urbano en Chile, promoviendo el derecho a la ciudad y fortaleciendo alianzas de cooperación públicas-civiles, de esas que escasean en la historia política social del país.

Se deben valorar en conjunto estas iniciativas, al menos el interés por imaginar un desarrollo urbano no basado en su rentabilidad económica, esperando que estas iniciativas no sean una isla de progreso social en un mar de libre mercado, porque al posicionar el derecho colectivo a la vivienda y a una ciudad digna se comienza a discutir la deuda histórica del Estado chileno respecto la calidad social de los espacios urbanos. La Inmobiliaria Popular de Recoleta demuestra que cuando existe voluntad política no hay excusas ni barreras para enfrentar problemáticas urbanas complejas, en vez de privilegiar el enriquecimiento personal de los desarrolladores inmobiliarios. También incita a retomar los espacios de tomas de decisiones y exigirle al Estado adoptar sus funciones sociales en términos de planificación y desarrollo urbano con y para los ciudadanos. Solo así estas iniciativas puntuales tendrán proyección en el futuro remeciendo el paradigma de urbanismo neoliberal que abunda en la actualidad.

Reivindicación y Lucha por una Vivienda: Mujeres Migrantes Construyendo Comunidad

El acceso a la vivienda en Chile constituye una problemática estructural dentro de la sociedad. El sueño de la casa propia se transforma en el mayor objetivo de vida de muchas personas, quizás nunca pudiendo lograrlo. Con la liberalización del suelo en 1979 (De Mattos, 2005), el territorio comenzó a regirse bajo las dinámicas del mercado, dejando pocas posibilidades a los habitantes más pobres de la ciudad para elegir donde vivir.

Hoy Chile en el contexto latinoamericano, es uno de los países que recibe una gran cantidad de población extranjera proveniente del hemisferio sur, transformándose en un polo migratorio. El anhelo por encontrar una mejor calidad de vida, muchas veces se ve frustrado cuando se topan con limitaciones en el acceso a una vivienda, con arriendos caros y condiciones precarias, siendo uno de los problemas más importante que deben sortear.

Para las y los migrantes, el subarrendamiento se consolida como una de las posibilidades más concretas para habitar, teniendo que aceptar el aprovechamiento y discriminación a la hora de arrendar, con altos precios, reducidos espacios y precariedad material. Si bien esta forma de residencia es una de las más accesibles para los recién llegados, actualmente existen diversas experiencias en Chile (Copiapó, Santiago, o como el tan conocido campamento multicultural de Antofagasta), que demuestran que las tomas de terreno se manifiestan como una alternativa residencial para los migrantes, que permite afrontar los obstáculos de acceso a un espacio para vivir.

La irregularidad de los asentamientos en sus diversas formas, ha sido uno de los mecanismos del habitar que en Chile se constituye como alternativa y estrategia a las opciones de soluciones habitacionales que ofrece el Estado (Garcés, et. al, 2004: 4), en donde los habitantes más pobres de la ciudad, están obligados a producir su propio hábitat, lo que ha configurado la morfología, el paisaje y  las dimensiones de la ciudad. Como mecanismo del habitar las ocupaciones de tierra permitieron una apropiación y construcción del espacio diferenciada, en donde la importancia de las prácticas de construcción social y política del hábitat se ocultaron mediante el fundamento de la ilegalidad. La planificación urbana y el desigual acceso al mercado del suelo, generó que el poblamiento de las ciudades tuviera características asimétricas, donde en muchos casos la inaccesibilidad a la vivienda formal, dio paso al desarrollo de asentamientos informales en las periferias urbanas.

¿Qué pasa con el acceso al habitar por parte de los migrantes? La localización y las condiciones de la residencia en la ciudad de los migrantes en Chile es un factor que permite dar cuenta de los procesos económicos, políticos y sociales, que se están viviendo actualmente, poniendo de manifiesto la incapacidad e inhabilidad del Estado chileno en su gestión ante el arribo de un importante volumen de población extranjera.

En la comuna de Colina existe una toma de terreno en donde gran parte de sus pobladores son migrantes dominicanos y en una cifra mayor, mujeres. En su origen (2011) se constituye como un campamento chileno, sin embargo, en el año 2015 la toma tiene un punto de inflexión, la llegada de un grupo de dominicanas que, aprovechando la disponibilidad de terreno en un antiguo vertedero comunal, comienzan a levantar y construir un espacio donde vivir. Si bien existen residentes de diferentes países latinoamericanos, al 2017 los residentes dominicanos supera el 63% del total de los habitantes (TECHO, 2016), que vienen en busca de mejores oportunidades de trabajo para poder enviar dinero a sus familias en el extranjero. Actualmente el Campamento Ribera Sur alberga aproximadamente 140 familias, con 52 hogares chilenos y otras nacionalidades, y 81 hogares extranjeros provenientes de República Dominicana (SERVIU, 2016). Lo particular de este asentamiento es que en su mayoría lo constituyen mujeres, un 57,9% de las mujeres dominicanas del campamento son jefas de hogar (FAU- TECHO, 2017). Si bien el campamento se localiza en una comuna de la periferia norte de la Región Metropolitana, en la escala comunal Ribera Sur se ubica en un espacio privilegiado, cercano a servicios, centros educacionales, transporte colectivo, entre otros.

En Chile, las tomas de terreno de finales de los años cincuenta fueron manifestación de la relevancia del ejercicio social y político que realizaron las mujeres pobladoras de ese tiempo. Se convirtieron en actoras de diversos movimientos sociales, formando parte de importantes transformaciones políticas y sociales de la época. Las mujeres chilenas perdían protagonismo al momento de la consolidación de las tomas en la ciudad- cuando las dirigencias quedaban al mando de hombres-, pues se relegaba su rol a los espacios domésticos, ocultando la importancia de las acciones de las pobladoras en el proceso de conquista de terrenos en el país.

Las mujeres dominicanas hoy reproducen diferentes lógicas comunitarias de asentamiento, ya que son ellas las que actúan y figuran como representantes durante todo el proceso de asentamiento y autoconstrucción del campamento, pudiendo tomar decisiones trascendentales en la construcción de los espacios interiores del campamento (materiales, simbólicos e identitarios),  vinculadas a las experiencias grupales, en donde lo colectivo significa y construye más allá de lo doméstico. La complejidad de las actividades realizadas por las mujeres tanto en la conquista de espacios para la vivienda, como en las actividades familiares se traduce en prácticas de construcción del espacio comunitario. La construcción comunitaria de las relaciones sociales y políticas que ponen de manifiesto las mujeres en las tomas de terreno, configuran los distintos espacios en el campamento, de los que hacen uso no sólo ellas, sino que todos los residentes. No se refiere a los espacios construidos por ellas para ellas, sino que desde sus prácticas, para el colectivo. Las prácticas espaciales de estas pobladoras en la escala barrial, evidencian las innumerables obligaciones que tienen a su cargo, -madres, trabajadoras, alimentadoras, amigas, cuidadoras- que manifiestan las labores de la mujer en la sobrevivencia, no sólo de la familia sino que también del colectivo.

Como se destacó, en el campamento de Colina, las mujeres dominicanas se alzan como una voz de lucha y compromiso con su migración, en donde de manera solidaria y comunitaria, construyen lazos no sólo con sus compatriotas, sino que con los vecinos del sector, en donde todas las prácticas que llevan a cabo se consolidan en un aporte para la sobrevivencia del colectivo, sin perder la identidad dominicana.

El poder de las mujeres en el campamento es estructurante, al punto de disponer y organizar espacios para la reproducción cultural que permiten mantenerse en el país como migrantes. La comunidad necesita de las prácticas de reproducción social y de los espacios construidos por las mujeres dominicanas, necesitan reconocer sus labores para poder seguir viviendo en el país, de otra forma, todo en el cotidiano sería más complejo. Son las mujeres dominicanas, las encargadas de resguardar la identidad dominicana en Chile, y de mantener el sentimiento de nostalgia con su cultura para poder replicarla acá.

La relevancia política y económica que ha generado los últimos años el fenómeno migratorio en Chile, y el desconocimiento e ignorancia por parte de la clase política de la realidad de los colectivos extranjeros -principalmente latinoamericanos-, favorece una serie de cargas simbólicas y materiales que posicionan a los y las migrantes en espacios de vulnerabilidad, desigualdad y subordinación que condicionan el acceso a su principal objetivo migratorio, una vivienda, un trabajo para una mejor calidad de vida.

 

Por Daniela Frías Montecinos
Geógrafa & Magíster en Desarrollo Urbano

Arquitectura Vernácula: Tradición y Sabiduría Ancestral

Título: Casa de piedra, Toconao Chile.
Autor: Flickr Marcos Escalier

De acuerdo a la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (1999) del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se define el Patrimonio tradicional o vernáculo como la expresión fundamental de la identidad de una comunidad y de sus relaciones con el territorio, una expresión de la diversidad cultural del mundo. Tras la publicación de este documento, su estudio ha tenido protagonismo en toda Iberoamérica, impulsándose el análisis de aspectos materiales y simbólicos en pos de la puesta en valor de construcciones y hábitat residenciales ancestrales que paulatinamente han ido desapareciendo.

Tras la pérdida paulatina material de un hábitat, de su riqueza y sabiduría ancestral, ha ido ganando terreno el reconocimiento del valor cultural que este conlleva. Es así, como la importancia de lo patrimonial ha traspasado los límites de lo monumental, considerándose al hábitat residencial vernáculo, fuente de valor a partir de la tradición y de la memoria que habita en los pueblos, la cual merece ser rescatada y protegida.

A partir de Cartas internacionales que muestran la preocupación por la arquitectura vernácula como la Carta de Venecia de 1964, hasta la Carta de normalización de esta manifestación como patrimonio de 1999, se ha revelado la importancia de la arquitectura vernácula como manifestación de la identidad de una comunidad, la cual produce de forma natural y tradicional su propio hábitat y lo hace convivir en perfecta armonía con el paisaje cultural y con su medio ambiente. Sumado a esto, y en referencia al aporte cultural de los habitantes de una localidad en cuanto a su tradición, se reconoce la importancia y la necesidad de generar un instrumento normativo para proteger el Patrimonio Cultural Inmaterial, dando origen a la Declaración Universal sobre la diversidad Cultural (Unesco: París, 2001), junto con la Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Título: Ruka.
Autor: Flickr RL GNZLZ

Amos Rapoport (1972) define la construcción vernácula como aquella que se sitúa en un espacio con características geográficas y climáticas singulares, que respeta las construcciones de sus casas a nivel tecnológico-material y a las personas que las habitan, las cuales conviven armónicamente en un espacio que ellos mismos han fabricado. Rudofsky (1964) denomina  a esto, una “arquitectura sin arquitectos”. En este sentido, es posible comprender el concepto de casa o hábitat residencial, como un espacio en donde los habitantes tienen directa influencia, tanto en la conformación de la vivienda como en las instancias participativas para la conformación de su propio espacio habitado por una comunidad local.

Esta construcción tradicional y popular como sistema sociocultural de alta complejidad construida por su propios habitantes, cuenta con características propias de acuerdo a la tradición local, a los materiales utilizados para su construcción tomados de la propia naturaleza, y a las características climáticas y geográficas del lugar.

La arquitectura vernácula es el testimonio constructivo directo de las formas de asentarse en el territorio y si a esto sumamos que en Chile muchas de ellas se encuentran en zonas rurales, nos encontramos con una expresión cultural y patrimonial material simbólica de fragilidad que merece ser analizado y protegido, puesto que la generalidad investigativa nos advierte que el tema de lo rural ha tenido menos relevancia a la hora de investigar y tomar medidas de salvaguarda patrimonial. Es en este ámbito donde menos énfasis se ha puesto en la investigación académica y en la toma de medidas a nivel gubernamental para enfrentar temas de habitabilidad,  precisamente donde más subsisten ejemplos de arquitectura vernacular desprotegida.

Si bien, la arquitectura vernácula ha sido en nuestros días objeto de estudio e investigación de profesionales de la construcción y de las ciencias sociales, sigue siendo necesario el análisis y preparación de material de investigación que de cuenta de la puesta en valor de las tecnologías constructivas y su relevancia ecológica, al igual que de los procesos que involucran su vinculación directa con la comunidad y el territorio.

Para detener y evitar la pérdida de este tipo de manifestaciones ricas a nivel arquitectónico, cultural y ambiental, es necesario fomentar la toma de decisiones informadas y en base al respeto por las identidades y tradiciones de sus comunidades. Es a raíz de esto que podemos cuestionarnos si a través de la generación de proyectos arquitectónicos locales que permitan la conservación del patrimonio cultural, será posible el fortalecimiento de las identidades culturales, tradicionales y populares de nuestros antepasados, posibilitando el consecuente desarrollo sostenible de los territorios.

Título: Catro, Chiloé.
Autor: Flickr Davidlohr Bueso.

Siendo la arquitectura un tema que compete directamente a los profesionales de la construcción y del urbanismo, las necesidades, razones y formas de habitar nos competen a todos al momento de respetar y valorar la traición y las identidades socioculturales de sus habitantes y comunidades. Debemos, por ende, cuestionarnos y reflexionar acerca del valor de la arquitectura vernácula o tradicional a nivel tecnológico constructivo, acerca del aporte de este tipo de construcciones a la cultura, a la tradición y al patrimonio y, por sobre todo, sobre las formas y medidas que nos permitan rehabilitar y conservar de manera sostenible y sustentable la arquitectura vernacular en nuestro país. Todos estos, aspectos fundamentales para arquitectos y profesionales a cargo de la toma de decisiones en la construcción del hábitat residencial y desarrollo local y regional en Chile.

 

Bibliografía

Rapoport, A. (1972). Vivienda y cultura. Gustavo Gili.

Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. UNM Press.

 

Por: Cynthia Pedrero Paredes. Licenciada en Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Debate Urbano Presidencial: Peligrosos Consensos sobre una Ciudad Despolitizada

Por Ignacio Arce Abarca, geógrafo de la Universidad de Chile y miembro activo de Observatorio CITé.

 

Cualquier programa de gobierno debe poner especial atención a los asuntos urbanos, sobre todo en países como el nuestro donde cerca del 90% de la población habita en ciudades y la desigualdad se plasma con fuerza en ellas, es por lo tanto, un asunto crucial que define la calidad de vida de todos.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales no han sido pocos los espacios en donde los asesores de los abanderados han expuesto sus diagnósticos y las principales propuestas en esta materia, entre debates en diferentes universidades se realizó una discusión culmine en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de este año.

Es evidente que alrededor del espectro político existen diferentes formas de pensar y proyectar nuestras ciudades, pero estas líneas no están dedicadas a revisar cada propuesta o sus diferencias, más bien el argumento que sigue es para hablar sobre los consensos, en qué están todos de acuerdo, o cómo converge la discusión general en problemáticas que se reconocen como hechos inobjetables bastante problemáticos, y el peligro que supone levantar programas en materia urbana cuando no se piensa en resolverlos.

Una breve síntesis del debate urbano presidencial esboza un consenso generalizado definidos en tres aspectos: a) el auge de la idea del derecho a la ciudad se inscribe en las políticas públicas, b) mientras se levanta un diagnóstico común que da cuenta de ciudades cada vez más segregadas y c), estas poseen serios problemas de movilidad. Es consenso también entender que estas problemáticas adquieren expresión crítica en Santiago que, producto del excesivo centralismo del país, concentra más del 40% de la población repartida en una geografía social marcada por una gran brecha que separa ricos y pobres. Como corolario la capital padece los trastornos de la caótica implementación de un sistema de transporte cuestionado desde sus orígenes.

Es llamativo ver cómo dentro del debate actual se ha vuelto un consenso, lamentablemente no tan obvio, sobre la idea de que todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades para disfrutar las ventajas del medio urbano. El derecho a la ciudad se ha logrado posicionar como concepto dentro de la formulación de políticas urbanas a todas las escalas, lo que puede ser visto como un avance, pero lo preocupante es que dentro del debate esta idea ha perdido su significado. Su contenido es utilizado como un slogan y no como un sustrato filosófico para la acción política cotidiana. Se nos repite que las ventajas de la ciudad nos pertenecen a todos, pero ¿Cómo aprovecharlas cuando estamos inmersos en una ciudadanía individualizada y despolitizada?

Existe consenso también frente al problema de la segregación y bastante acuerdo para reconocer que necesitamos ciudades más integradas. En este sentido, la integración como respuesta es interpretada según la posición política, como siempre se ha hecho con aquellos macroconceptos polisémicos cuyo significado se desvanece por su lioso uso. De allí se entiende que la integración sea punta de lanza dentro de todo el espectro político pero apuntando hacia direcciones distintas, o a veces sin dirección.

Respecto al problema de movilidad que afecta a Santiago el debate urbano encuentra consenso en situar al Trasnsantiago como blanco de críticas, es un tema sensible que merma diariamente la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la capital, allí también reside una gran oportunidad por obtener dividendos políticos. No obstante, más allá de todas las propuestas para mejorar el sistema de transporte, no existe en absoluto un cuestionamiento sobre la profunda incoherencia que existe para el grueso de los trabajadores por conectar su hogar con su fuente laboral ¿Por qué debemos asumir y continuar con la idea de que los trabajadores urbanos de Santiago deban seguir atravesando por completo la ciudad?

Hoy el mayor peligro para nuestras ciudades es el consenso de los planes y programas en materia de urbanismo por no ofrecer luces concretas para alcanzar derechos sociales colectivos que hacen posible el bienestar de los ciudadanos y que permitan una mejora significativa de sus entornos urbanos y por consiguiente en la calidad de vida. Aun cuando las ciudades son nuestro hábitat por excelencia, ningún programa presidencial en materia de urbanismo pretende transformar la vida cotidiana de las personas, el espacio político por excelencia, la esencia misma del derecho a la ciudad, situando en el horizonte del desarrollo urbano un panorama poco alentador.

Frente a este escenario al menos, desde la “nueva izquierda”, comienza a surgir la idea del cooperativismo como respuesta al empresarialismo urbano, avance que debemos reconocer como un paso hacia adelante pero no suficiente para alcanzar el derecho de los ciudadanos a ser parte real del proceso de toma de decisiones que define su calidad de vida. En la medida en que la ciudad no sea un objeto de disputa político, se nos seguirán proponiendo sofisticados mecanismos de participación ciudadana para hacernos pensar que tomamos acción sobre nuestro entorno urbano cuando las decisiones importantes ya han sido saldadas. El debate urbano presidencial hasta ahora, pareciera no abrir nuevos caminos para lograrlo.

 

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