CICLETADA DE LAS NIÑAS La ciudad también es nuestra!

Por Catalina Loren Santana

El pasado domingo 9 de septiembre en el marco del Festival Urbano OH! Stgo se desarrolló la Cicletada de las Niñas, organizada por Ciclistas Sueltas y Comunidad Viajar Sola. Esta actividad de carácter familiar logró reunir a diversos asistentes, entre los cuales destacaban madres con sus hijas, hermanas y amigas. Al finalizar la cicletada se realizaron diversas actividades en la explanada del Parque Bustamante, tales como; 1) talleres de mecánica básica, 2) relatos de mujeres ligadas al ámbito de la ciencia, el humor o el deporte 3) dibujos sobre lo que más les gusta de andar en bicicleta, y 4) un picnic colaborativo. En este contexto, Observatorio CITé realizó dos entretenidos juegos: Twister de Educación Vial y Twister de Mujeres Chilenas “Bacanas”, el objetivo era aprender de manera colectiva y lúdica respecto a convivencia vial, y sobre grandes mujeres de la historia nacional.

Pero ¿por qué hacer una cicletada donde las niñas sean las protagonistas?, ¿es esto un gesto discriminatorio, un capricho feminista o guarda razones más complejas que desconocemos? A continuación, revisaremos algunos datos y reflexiones en torno al significado de ser mujer en el espacio público urbano, el rol de niños y niñas en la ciudad, y la situación actual de las mujeres ciclistas en nuestro país y el resto de América Latina, lo cual evidencia la necesidad de realizar y promover este tipo de actividades.

LA MUJER Y EL ESPACIO PÚBLICO URBANO

Al aproximarnos a la idea de espacio público lo primero que podemos observar es la tensión que existe entre su definición original y la expresión real que resulta en las ciudades, por ende, en la vida cotidiana de sus habitantes. Es así como el espacio público se definiría como el lugar donde se concreta la vida pública, el cual permitiría el encuentro y socialización de las personas, así como también, sería el lugar donde podrían ejercer su derecho a expresarse individual y colectivamente, caracterizándose por hacer confluir a la diversidad de sujetos que componen una sociedad. Sin embargo, la desigualdad al ser una parte fundante del orden social tendría a su vez una expresión en el espacio público, donde la diversidad de actores que se encontrarían en él provocaría una confrontación de relaciones de poder, manifestado por medio de restricciones y exclusiones respecto a su ocupación, en cuanto a formas de uso y tipología de usuarios. Es así como la configuración que adquiere la ciudad surgiría a partir de características tanto geográficas como producto de las relaciones de poder entre grupos sociales que disputan el control por el espacio en función de sus propios intereses.

De este modo podemos señalar que los grupos estructuralmente vulnerables de la sociedad serían relegados y excluidos dentro de la lógica de una ocupación plena del espacio público, donde destacan homosexuales, migrantes, adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres, los cuales configurarían sus desplazamientos por la ciudad en función de fronteras invisibles, tanto territoriales como temporales, que se originarían a partir de la violencia invisible (violencia estructural e institucional) pero que se plasma a través de la violencia cotidiana, siendo esta última la que se realza en el contexto neoliberal.

De igual modo, la desigualdad existente entre hombres y mujeres dentro de la sociedad lograría representarse en el espacio público, por medio de restricciones o acoso, convirtiéndonos en cuerpos de deseo o ultraje, pero invisibles como sujetos de derecho para ejercer apropiación del entorno en el que nos desenvolvemos. Ejemplo de esto son los casos de violación, acoso callejero, piropos, publicidad donde se muestra el cuerpo de la mujer como objeto sexual, el repudio a marchar sin sostenes por la calle o la prohibición de amamantar a nuestros/as hijos/as en la vía pública, entre muchos otros casos.

Estas expresiones violentas y discriminatorias no significan solamente un mal rato, sino que tienen efectos en nuestras prácticas cotidianas sobre el espacio público, asociado a la forma en que nos vestimos, las oportunidades de acceso a ciertos lugares, la necesidad de buscar compañía y a la educación que entregamos a niñas y jóvenes bajo lógicas de temor y autocuidado. De esta manera, queda de manifiesto que la planificación urbana además de caracterizarse por contar con una baja y débil participación se encuentra bajo la dirección y decisión masculina, reproduciendo lógicas segregadoras, sin abordarse desde una perspectiva cultural integradora que respete el derecho a la diversidad en el espacio público.

EL ROL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN LA CIUDAD

Tal como señalábamos anteriormente, en la práctica la planificación urbana responde a los intereses de unos pocos, los cuales detentan posiciones de poder político, económico o cultural, sin considerar la opinión de la diversidad de habitantes que viven en las ciudades. Es así como se reconocen a ciertos grupos excluidos en la toma de decisiones respecto a lo urbano y en la definición de los espacios públicos que constituyen la ciudad, dentro de los cuales encontramos a niños y niñas, invisibilizando su particular visión del entorno donde viven y su modo de habitarlo.

Sin embargo, el considerar la perspectiva de niños y niñas en la construcción de las ciudades no solo es un gesto de integración necesario para reconocerlos como sujetos de derecho, sino que también abre un campo de posibilidades a los enfoques que adopta la planificación urbana y recuperación de espacios públicos. Es así como el pedagogo italiano Francesco Tonucci (1996) propone pensar las ciudades desde la perspectiva infantil como una estrategia de integración, dado que los principales elementos que asocian a los espacios públicos refieren a lugares de encuentro, participación, compañía de familiares y amigos, relación con la naturaleza y posibilidad de descanso. De esta manera, desde el punto de vista de niños y niñas, los espacios públicos inciden y permiten la realización y ejercicio de derechos humanos básicos, además de poner en perspectiva no solo el presente de la ciudad, sino que también del futuro.

El reconocer a niños y niñas como grupo de interés en la planificación urbana permitiría pensar los espacios públicos desde un enfoque de derechos, incidiendo en el desarrollo vital de los sujetos, en un sentido personal, colectivo y participativo. En este sentido, propiciaría generar diversidad de usos y ocupaciones por parte de distintos grupos sociales, así como también, incentivar la participación de niños y niñas, entregándoles herramientas y capacidades suficientes para que a futuro se transformen en ciudadanos activos en sus territorios, desarrollando un sentido de afecto e identificación con su entorno, motivando así su cuidado y preservación.

LA MUJER Y EL CICLISMO EN CIUDADES LATINOAMERICANAS

Para nadie ha pasado desapercibido el gran aumento que ha registrado el uso de la bicicleta para la realización de desplazamientos cotidianos en ciudades latinoamericanas. No obstante, han sido escasos los estudios que analizan su diversidad de usuarios y las razones que motivan o restringen su utilización para cada segmento, siendo así poco conocido el gran déficit de mujeres que emplean la bicicleta en América Latina.

 

Los principales motivos que explicarían esta situación se relacionan, por una parte, a la sensación de inseguridad que asocian las mujeres al uso de la bicicleta en la ciudad, al no contar con la infraestructura adecuada, y al alto tráfico y velocidad de vehículos motorizados en las calles. Por otra parte, el patrón de viaje femenino es más complejo que el masculino, dado que en muchas ocasiones se relaciona a las labores del hogar o al traslado de miembros de la familia, generalmente niños y niñas, donde la bicicleta se presenta como una opción poco práctica. Otras razones asociadas al escaso uso de la bicicleta entre las mujeres se vinculan a la percepción de riesgo en los entornos donde se realizan los viajes, el acoso que viven en los espacios públicos, la carencia de habilidades básicas para su empleo, los prejuicios que relacionarían su uso a personas de clases bajas o referido a una actividad infantil, además de un modelo expansionista de crecimiento urbano que incentivaría el uso de transporte motorizado.

 

Es así como en Chile el uso de la bicicleta para desplazamientos al trabajo representaría en el caso de los hombres un 35%, mientras que para las mujeres sería de un 15%, siguiendo la tendencia de ciudades latinoamericanas. Sin embargo, se observa que en los países donde el total del número de ciclistas supera el 10% de partición modal, la diferencia entre hombres y mujeres se equilibra, debido a que, al aumentar el número de ciclistas en las calles, disminuye la percepción de inseguridad asociada a su uso, la cual es una de las razones que más limita el uso de la bicicleta en mujeres.

 

En este sentido, con el fin de equilibrar la cantidad de mujeres y hombres ciclistas el Banco Interamericano de Desarrollo (2017) propone algunas medidas tales como la conexión de vías utilizadas en el desplazamiento de la bicicleta, generando redes que unan distintos puntos de la ciudad; promoviendo la intermodalidad que facilite a la mujer realizar en sus viajes las distintas labores asociadas a su vida laboral, doméstica y familiar; impulsar programas que promuevan una mayor utilización de los espacios públicos para volverlos más seguros; así como también, educarlas en conocimientos viales y mecánicos respecto al uso de la bicicleta con tal de que cuenten con más herramientas para su correcta utilización.

 

Promover una movilidad inclusiva, que atienda las particularidades de los diversos habitantes que se encuentran en las ciudades, se vincula a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU el año 2015, por lo que se vuelve necesario analizar los viajes desde su dimensión social, cultural y física para garantizar el derecho a la movilidad para todos y todas, lo que implica la posibilidad de un total acceso al mundo laboral, educacional, recreativo y social que ofrece el entorno urbano.

 

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Cicletada de las Niñas fue una invitación no solo a tomarse las calles de la ciudad por parte de mujeres de distintas edades y procedencias con fines recreativos un domingo por la mañana, sino que también visibilizar una problemática poco difundida en Chile, rompiendo con un imaginario de la mujer ciclista como deportista o asociada a un objeto de deseo masculino, tal como hemos visto en redes sociales. La mujer ciclista es y puede ser una estudiante que viaja hacia su colegio o universidad, una madre que traslada a su hijo/a o una oficinista que se desplaza hacia su trabajo, dentro de múltiples roles que cumple en su vida cotidiana. Es así como esperamos que a futuro las niñas que asistieron a esta cicletada se transformen en mujeres ciclistas, las cuales usen la bicicleta para sus diversas actividades de manera segura en la ciudad, así como también que las autoridades competentes a planificación y gestión urbana atiendan esta situación de manera integral, respetando la diversidad de habitantes que confluyen en los espacios urbanos.

 

REFERENCIAS

 

Díaz, R., & Rojas, F. (2017). Mujeres y ciclismo urbano: promoviendo políticas inclusivas de movilidad en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo.
Echeverría, C., Camus, M. J., & Ibañez, Á. (2016). Espacios Públicos Urbanos para niños, niñas y adolescentes. Santiago: Consejo Nacional de la Infancia.
Martínez, F. (01 de Junio de 2016). Dejar de ser invisible. Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.
Murray, C. (27 de Agosto de 2018). What would cities look like if they were designed by mothers? The Guardian.
Tonucci, F. (1996). La ciudad de los niños: un nuevo modo de pensar la ciudad. Fundación German Sanchez Ruiperez.
Zuñiga, M. (2014). Las mujeres en los espacios públicos: entre la violencia y la búsqueda de libertad. Región y Sociedad, 77-100.

 

BIG DATA Estatal ¿Solución al problema de la focalización?

En marzo del 2018, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el nuevo Sistema de Información Territorial de Alcance Comunal (SITAC), que consiste en un servicio de mapas con información social georreferenciada, derivada del Registro Social de Hogares (RSH)[1], creada para orientar la gestión y decisiones municipales.

Hace varias décadas atrás (comienzo de los 60), las escuelas de geografía avanzaron en la espacialización de información demográfica y social, a través de la geoestadística, enmarcado en el paradigma geográfico neopositivista, creyendo que el territorio era algo ajeno al sujeto, factible de medir objetivamente.  Esto dio origen a modelos de focalización que incluye la variable espacial.

En este contexto, las Instituciones públicas, a través de, sus respectivas direcciones y/u oficinas de análisis “territorial” centraron sus esfuerzos en visualizar a nivel geográfico información que conllevase a una mejor toma de decisiones, y que no se consideren azares políticos en la focalización.  En vista de lo exitoso que resultaron para la época la implementación de este paradigma, el SITAC, se inspiró en ellos, creando un modelo más moderno que sus predecesores, capaz de espacializar variables e indicadores.

Si bien las voluntades, hoy en día se unifican para disponer de herramientas digitales que aminorizan los conflictos en la elección de áreas en las cuales se debe focalizar, al parecer estamos viviendo el boom de la información territorial (IT) intra-instituciones, acercándonos peligrosamente al “fetiche espacial”, puesto que no es el primer ministerio que lanza una plataforma de dicha envergadura.

Así, con la información que los ciudadanos entregamos a través de encuestas y el uso de aplicaciones, estamos alimentado una BIG DATA estatal, que no logra comprender conceptos como espacio, territorio, entre otros. Puesto que estas BIG DATA no logran comprender el dinamismo de los procesos, y que no todo es mesurable.

Nos detenemos para pensar si estos sistemas de espacialización, realmente están mostrando la realidad de los territorios. O simplemente es una visualización de datos afincados en mapas interactivos que contienen la misma información -que por conocimiento propio de las instituciones tanto locales, regionales y nacionales y de las capacidades instaladas en los funcionarios-  logran reconocer.

Si bien no se debe desmerecer el esfuerzo que se está llevando a cabo, creemos que el problema no radica en la espacialización de la información, sino más bien en que información se está espacializando para comprender a los territorios en su complejidad.  Aquí tenemos un déficit sustancial. Aún, las instituciones a cargo de la construcción de estas plataformas (variables e indicadores visualizados), ya sea, por desconocimiento o voluntades, logran soslayar continuamente que el territorio no solo se construye por agencias individuales y colectivas, o por datos que registran las composiciones de hogares (RSH) sino también por las mismas instituciones intervinientes en el modelamiento de estos (véase geografía institucional).

El resultado de esto es evidente, quedando reflejado en los comentarios de funcionarios de diferentes particiones del gobierno: “llevamos 10, 20 hasta 30 años focalizando donde mismo y no pasa nada”, bajo esta afirmación ¿el SITAC ofrece solución?, sí seguimos construyendo sistemas de información geográfica que integran variables que comprenden solo una arista de los territorios (denominada por las instituciones demanda efectiva), es decir, las características socio-económicas, socio-educativas, socio-culturales de los individuos y hogares, volveremos a fallar, al igual que con los modelos anteriores.

Pero, qué pasa con la oferta en esos territorios, qué pasa con los programas y planes que están operando, como se expresan a nivel espacial. Si llevamos décadas trabajando sobre las mismas áreas (donde se concentran los indicadores y son posibles de visualizar hoy en día gracias a estas plataformas) por qué no logramos suplir las falencias que nos sigue entregando el SITAC.

Todo radica en lo que deseamos visualizar más que en cómo. En que variables e indicadores estamos considerando para acercarnos mínimamente a la complejidad territorial.

Cuando pongamos en jaque a las instituciones, sobre sus propias mediciones y como estas se pronuncian y articulan espacialmente, lograremos avanzar hacia acciones concretas, donde los programas de visualización de mapas no se transformen en un simple reflejo del perfil del habitante, que permite a los creadores decir entre líneas, ¡Hey ahora podemos georreferenciar información!, sino más bien, pensar herramientas que consigan  crear modelos de focalización las cuales integren la tríada demanda-oferta-territorio.

[1] Principal herramienta de medición de estándares socio-económicos, utilizada por el Estado para la asignación de beneficios sociales.

 

Por Pedro Palma & Gricel Labbé

Geógrafos & Magíster de Desarrollo Urbano

El Estado Como Agente Urbano y Las Inmobiliarias Populares

Por Ignacio Arce Abarca
Geógrafo de la Universidad de Chile

 

Durante esta semana apareció en la prensa el lanzamiento de la llamada Inmobiliaria Popular en Recoleta, iniciativa liderada por su alcalde Daniel Jadue, y que busca materializar en marzo de 2019 un proyecto de 38 viviendas para el arriendo mediante subsidio, ampliable en una segunda etapa a 90, para enfrentar el alto grado de personas en condición allegada y población migrante en estado de hacinamiento en la comuna.

La iniciativa destaca por posicionar al Municipio como desarrollador de un proyecto inmobiliario que en términos habitacionales plantea superficies amplias comparadas al promedio del mercado, con un sentido arquitectónico armónico con el entorno al ser de 4 pisos, y que aproveche los beneficios de la centralidad urbana al estar ubicados cerca de líneas de metro y servicios.

Hasta ahora esta iniciativa ha despertado el abierto interés de las autoridades de Las Condes, Macul, Renca y Valparaíso quienes planean articular proyectos con características similares, incentivando la capacidad del municipio para ser un agente activo dentro del desarrollo inmobiliario local. Es una actitud bastante diferente a la que tradicionalmente ha tenido el Estado y los municipios frente a este problema desde las últimas décadas, porque el criterio que orienta a la Inmobiliaria Popular es social y no es su rentabilidad económica.

Guetos verticales de Estación Central
Fuente: La Nación

Cuando prima la rentabilidad respecto al desarrollo urbano terminamos por presenciar lo sucedido con los conocidos “guetos verticales” en Estación Central, un caso más o menos reciente que muestra el ineludible papel que tiene el Estado como actor inmobiliario, ya sea con una actitud pasiva al no contar con planificación urbana local sumado a la inexistencia de una autoridad para la regulación urbana metropolitana, o con una actitud activa comúnmente pro mercado, donde si bien no es recurrente que el Estado gestione y materialice un proyecto, éste suele articulerse para abrir posibilidades para el negocio inmobiliario allí donde no existía. Lamentablemente estos casos abundan, porque el Estado y el sector empresarial siempre han sabido dialogar y llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay altas expectativas de inversión y retorno en un contexto de libre mercado.

Algunos ejemplos claros y emblemáticos donde el Estado a través de diferentes escalas ha jugado un papel activo como agente inmobiliario pro mercado, directamente en favor de la rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios, son la “renovación urbana” de Santiago y la expansión urbana metropolitana a través de la planificación condicionada. Cada una ha provocado irreversibles transformaciones a la ciudad y merecen ser reconocidas como experiencias que no debiesen volver a ocurrir.

En el primer caso el municipio jugó un papel activo desde la década de 1990 hasta fines del 2000 para organizar la demanda y convencer a la oferta, creando un buen clima para el negocio inmobiliario privado conformando bancos de terrenos y manipulando la planificación urbana local para abrir oportunidades de inversión, a partir de allí se densificaría el eje de Santa Isabel y el Centro Histórico hasta, el algunos casos, llegar a la saturación. Mientras que el en segundo caso, el MINVU gestionó una nueva política pública para permitir a grandes empresas inmobiliarias dueñas de extensos terrenos en la Provincia de Chacabuco, construir megaproyectos en sectores antiguamente rurales. La existencia de exclusivos sectores como Chicureo, encuentran origen en los sucesivos arreglos hechos al Plan Regulador Metropolitano de Santiago desde fines de la década del 1990 a la actualidad.

Laguna artificial Ayres de Chicureo, ubicada en la comuna de Colina
Fuente: Inmobiliaria Aconcagua

De esta forma, hay una tradición bastante amplia del Estado como agente inmobiliario con un sentido pro mercado. Lo interesante de la Inmobiliaria Popular es que plantea una forma diferente de pensar el desarrollo urbano y allí radica la resonancia mediática que ha tenido, aun cuando sean iniciativas puntuales pero orientadas a intentar responder a problemáticas sociales que son una consecuencia directa de la feroz privatización y mercantilización del desarrollo urbano en Chile, promoviendo el derecho a la ciudad y fortaleciendo alianzas de cooperación públicas-civiles, de esas que escasean en la historia política social del país.

Se deben valorar en conjunto estas iniciativas, al menos el interés por imaginar un desarrollo urbano no basado en su rentabilidad económica, esperando que estas iniciativas no sean una isla de progreso social en un mar de libre mercado, porque al posicionar el derecho colectivo a la vivienda y a una ciudad digna se comienza a discutir la deuda histórica del Estado chileno respecto la calidad social de los espacios urbanos. La Inmobiliaria Popular de Recoleta demuestra que cuando existe voluntad política no hay excusas ni barreras para enfrentar problemáticas urbanas complejas, en vez de privilegiar el enriquecimiento personal de los desarrolladores inmobiliarios. También incita a retomar los espacios de tomas de decisiones y exigirle al Estado adoptar sus funciones sociales en términos de planificación y desarrollo urbano con y para los ciudadanos. Solo así estas iniciativas puntuales tendrán proyección en el futuro remeciendo el paradigma de urbanismo neoliberal que abunda en la actualidad.

Reivindicación y Lucha por una Vivienda: Mujeres Migrantes Construyendo Comunidad

El acceso a la vivienda en Chile constituye una problemática estructural dentro de la sociedad. El sueño de la casa propia se transforma en el mayor objetivo de vida de muchas personas, quizás nunca pudiendo lograrlo. Con la liberalización del suelo en 1979 (De Mattos, 2005), el territorio comenzó a regirse bajo las dinámicas del mercado, dejando pocas posibilidades a los habitantes más pobres de la ciudad para elegir donde vivir.

Hoy Chile en el contexto latinoamericano, es uno de los países que recibe una gran cantidad de población extranjera proveniente del hemisferio sur, transformándose en un polo migratorio. El anhelo por encontrar una mejor calidad de vida, muchas veces se ve frustrado cuando se topan con limitaciones en el acceso a una vivienda, con arriendos caros y condiciones precarias, siendo uno de los problemas más importante que deben sortear.

Para las y los migrantes, el subarrendamiento se consolida como una de las posibilidades más concretas para habitar, teniendo que aceptar el aprovechamiento y discriminación a la hora de arrendar, con altos precios, reducidos espacios y precariedad material. Si bien esta forma de residencia es una de las más accesibles para los recién llegados, actualmente existen diversas experiencias en Chile (Copiapó, Santiago, o como el tan conocido campamento multicultural de Antofagasta), que demuestran que las tomas de terreno se manifiestan como una alternativa residencial para los migrantes, que permite afrontar los obstáculos de acceso a un espacio para vivir.

La irregularidad de los asentamientos en sus diversas formas, ha sido uno de los mecanismos del habitar que en Chile se constituye como alternativa y estrategia a las opciones de soluciones habitacionales que ofrece el Estado (Garcés, et. al, 2004: 4), en donde los habitantes más pobres de la ciudad, están obligados a producir su propio hábitat, lo que ha configurado la morfología, el paisaje y  las dimensiones de la ciudad. Como mecanismo del habitar las ocupaciones de tierra permitieron una apropiación y construcción del espacio diferenciada, en donde la importancia de las prácticas de construcción social y política del hábitat se ocultaron mediante el fundamento de la ilegalidad. La planificación urbana y el desigual acceso al mercado del suelo, generó que el poblamiento de las ciudades tuviera características asimétricas, donde en muchos casos la inaccesibilidad a la vivienda formal, dio paso al desarrollo de asentamientos informales en las periferias urbanas.

¿Qué pasa con el acceso al habitar por parte de los migrantes? La localización y las condiciones de la residencia en la ciudad de los migrantes en Chile es un factor que permite dar cuenta de los procesos económicos, políticos y sociales, que se están viviendo actualmente, poniendo de manifiesto la incapacidad e inhabilidad del Estado chileno en su gestión ante el arribo de un importante volumen de población extranjera.

En la comuna de Colina existe una toma de terreno en donde gran parte de sus pobladores son migrantes dominicanos y en una cifra mayor, mujeres. En su origen (2011) se constituye como un campamento chileno, sin embargo, en el año 2015 la toma tiene un punto de inflexión, la llegada de un grupo de dominicanas que, aprovechando la disponibilidad de terreno en un antiguo vertedero comunal, comienzan a levantar y construir un espacio donde vivir. Si bien existen residentes de diferentes países latinoamericanos, al 2017 los residentes dominicanos supera el 63% del total de los habitantes (TECHO, 2016), que vienen en busca de mejores oportunidades de trabajo para poder enviar dinero a sus familias en el extranjero. Actualmente el Campamento Ribera Sur alberga aproximadamente 140 familias, con 52 hogares chilenos y otras nacionalidades, y 81 hogares extranjeros provenientes de República Dominicana (SERVIU, 2016). Lo particular de este asentamiento es que en su mayoría lo constituyen mujeres, un 57,9% de las mujeres dominicanas del campamento son jefas de hogar (FAU- TECHO, 2017). Si bien el campamento se localiza en una comuna de la periferia norte de la Región Metropolitana, en la escala comunal Ribera Sur se ubica en un espacio privilegiado, cercano a servicios, centros educacionales, transporte colectivo, entre otros.

En Chile, las tomas de terreno de finales de los años cincuenta fueron manifestación de la relevancia del ejercicio social y político que realizaron las mujeres pobladoras de ese tiempo. Se convirtieron en actoras de diversos movimientos sociales, formando parte de importantes transformaciones políticas y sociales de la época. Las mujeres chilenas perdían protagonismo al momento de la consolidación de las tomas en la ciudad- cuando las dirigencias quedaban al mando de hombres-, pues se relegaba su rol a los espacios domésticos, ocultando la importancia de las acciones de las pobladoras en el proceso de conquista de terrenos en el país.

Las mujeres dominicanas hoy reproducen diferentes lógicas comunitarias de asentamiento, ya que son ellas las que actúan y figuran como representantes durante todo el proceso de asentamiento y autoconstrucción del campamento, pudiendo tomar decisiones trascendentales en la construcción de los espacios interiores del campamento (materiales, simbólicos e identitarios),  vinculadas a las experiencias grupales, en donde lo colectivo significa y construye más allá de lo doméstico. La complejidad de las actividades realizadas por las mujeres tanto en la conquista de espacios para la vivienda, como en las actividades familiares se traduce en prácticas de construcción del espacio comunitario. La construcción comunitaria de las relaciones sociales y políticas que ponen de manifiesto las mujeres en las tomas de terreno, configuran los distintos espacios en el campamento, de los que hacen uso no sólo ellas, sino que todos los residentes. No se refiere a los espacios construidos por ellas para ellas, sino que desde sus prácticas, para el colectivo. Las prácticas espaciales de estas pobladoras en la escala barrial, evidencian las innumerables obligaciones que tienen a su cargo, -madres, trabajadoras, alimentadoras, amigas, cuidadoras- que manifiestan las labores de la mujer en la sobrevivencia, no sólo de la familia sino que también del colectivo.

Como se destacó, en el campamento de Colina, las mujeres dominicanas se alzan como una voz de lucha y compromiso con su migración, en donde de manera solidaria y comunitaria, construyen lazos no sólo con sus compatriotas, sino que con los vecinos del sector, en donde todas las prácticas que llevan a cabo se consolidan en un aporte para la sobrevivencia del colectivo, sin perder la identidad dominicana.

El poder de las mujeres en el campamento es estructurante, al punto de disponer y organizar espacios para la reproducción cultural que permiten mantenerse en el país como migrantes. La comunidad necesita de las prácticas de reproducción social y de los espacios construidos por las mujeres dominicanas, necesitan reconocer sus labores para poder seguir viviendo en el país, de otra forma, todo en el cotidiano sería más complejo. Son las mujeres dominicanas, las encargadas de resguardar la identidad dominicana en Chile, y de mantener el sentimiento de nostalgia con su cultura para poder replicarla acá.

La relevancia política y económica que ha generado los últimos años el fenómeno migratorio en Chile, y el desconocimiento e ignorancia por parte de la clase política de la realidad de los colectivos extranjeros -principalmente latinoamericanos-, favorece una serie de cargas simbólicas y materiales que posicionan a los y las migrantes en espacios de vulnerabilidad, desigualdad y subordinación que condicionan el acceso a su principal objetivo migratorio, una vivienda, un trabajo para una mejor calidad de vida.

 

Por Daniela Frías Montecinos
Geógrafa & Magíster en Desarrollo Urbano

Arquitectura Vernácula: Tradición y Sabiduría Ancestral

Título: Casa de piedra, Toconao Chile.
Autor: Flickr Marcos Escalier

De acuerdo a la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (1999) del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se define el Patrimonio tradicional o vernáculo como la expresión fundamental de la identidad de una comunidad y de sus relaciones con el territorio, una expresión de la diversidad cultural del mundo. Tras la publicación de este documento, su estudio ha tenido protagonismo en toda Iberoamérica, impulsándose el análisis de aspectos materiales y simbólicos en pos de la puesta en valor de construcciones y hábitat residenciales ancestrales que paulatinamente han ido desapareciendo.

Tras la pérdida paulatina material de un hábitat, de su riqueza y sabiduría ancestral, ha ido ganando terreno el reconocimiento del valor cultural que este conlleva. Es así, como la importancia de lo patrimonial ha traspasado los límites de lo monumental, considerándose al hábitat residencial vernáculo, fuente de valor a partir de la tradición y de la memoria que habita en los pueblos, la cual merece ser rescatada y protegida.

A partir de Cartas internacionales que muestran la preocupación por la arquitectura vernácula como la Carta de Venecia de 1964, hasta la Carta de normalización de esta manifestación como patrimonio de 1999, se ha revelado la importancia de la arquitectura vernácula como manifestación de la identidad de una comunidad, la cual produce de forma natural y tradicional su propio hábitat y lo hace convivir en perfecta armonía con el paisaje cultural y con su medio ambiente. Sumado a esto, y en referencia al aporte cultural de los habitantes de una localidad en cuanto a su tradición, se reconoce la importancia y la necesidad de generar un instrumento normativo para proteger el Patrimonio Cultural Inmaterial, dando origen a la Declaración Universal sobre la diversidad Cultural (Unesco: París, 2001), junto con la Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Título: Ruka.
Autor: Flickr RL GNZLZ

Amos Rapoport (1972) define la construcción vernácula como aquella que se sitúa en un espacio con características geográficas y climáticas singulares, que respeta las construcciones de sus casas a nivel tecnológico-material y a las personas que las habitan, las cuales conviven armónicamente en un espacio que ellos mismos han fabricado. Rudofsky (1964) denomina  a esto, una “arquitectura sin arquitectos”. En este sentido, es posible comprender el concepto de casa o hábitat residencial, como un espacio en donde los habitantes tienen directa influencia, tanto en la conformación de la vivienda como en las instancias participativas para la conformación de su propio espacio habitado por una comunidad local.

Esta construcción tradicional y popular como sistema sociocultural de alta complejidad construida por su propios habitantes, cuenta con características propias de acuerdo a la tradición local, a los materiales utilizados para su construcción tomados de la propia naturaleza, y a las características climáticas y geográficas del lugar.

La arquitectura vernácula es el testimonio constructivo directo de las formas de asentarse en el territorio y si a esto sumamos que en Chile muchas de ellas se encuentran en zonas rurales, nos encontramos con una expresión cultural y patrimonial material simbólica de fragilidad que merece ser analizado y protegido, puesto que la generalidad investigativa nos advierte que el tema de lo rural ha tenido menos relevancia a la hora de investigar y tomar medidas de salvaguarda patrimonial. Es en este ámbito donde menos énfasis se ha puesto en la investigación académica y en la toma de medidas a nivel gubernamental para enfrentar temas de habitabilidad,  precisamente donde más subsisten ejemplos de arquitectura vernacular desprotegida.

Si bien, la arquitectura vernácula ha sido en nuestros días objeto de estudio e investigación de profesionales de la construcción y de las ciencias sociales, sigue siendo necesario el análisis y preparación de material de investigación que de cuenta de la puesta en valor de las tecnologías constructivas y su relevancia ecológica, al igual que de los procesos que involucran su vinculación directa con la comunidad y el territorio.

Para detener y evitar la pérdida de este tipo de manifestaciones ricas a nivel arquitectónico, cultural y ambiental, es necesario fomentar la toma de decisiones informadas y en base al respeto por las identidades y tradiciones de sus comunidades. Es a raíz de esto que podemos cuestionarnos si a través de la generación de proyectos arquitectónicos locales que permitan la conservación del patrimonio cultural, será posible el fortalecimiento de las identidades culturales, tradicionales y populares de nuestros antepasados, posibilitando el consecuente desarrollo sostenible de los territorios.

Título: Catro, Chiloé.
Autor: Flickr Davidlohr Bueso.

Siendo la arquitectura un tema que compete directamente a los profesionales de la construcción y del urbanismo, las necesidades, razones y formas de habitar nos competen a todos al momento de respetar y valorar la traición y las identidades socioculturales de sus habitantes y comunidades. Debemos, por ende, cuestionarnos y reflexionar acerca del valor de la arquitectura vernácula o tradicional a nivel tecnológico constructivo, acerca del aporte de este tipo de construcciones a la cultura, a la tradición y al patrimonio y, por sobre todo, sobre las formas y medidas que nos permitan rehabilitar y conservar de manera sostenible y sustentable la arquitectura vernacular en nuestro país. Todos estos, aspectos fundamentales para arquitectos y profesionales a cargo de la toma de decisiones en la construcción del hábitat residencial y desarrollo local y regional en Chile.

 

Bibliografía

Rapoport, A. (1972). Vivienda y cultura. Gustavo Gili.

Rudofsky, B. (1964). Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. UNM Press.

 

Por: Cynthia Pedrero Paredes. Licenciada en Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile.

El Debate Urbano Presidencial: Peligrosos Consensos sobre una Ciudad Despolitizada

Por Ignacio Arce Abarca, geógrafo de la Universidad de Chile y miembro activo de Observatorio CITé.

 

Cualquier programa de gobierno debe poner especial atención a los asuntos urbanos, sobre todo en países como el nuestro donde cerca del 90% de la población habita en ciudades y la desigualdad se plasma con fuerza en ellas, es por lo tanto, un asunto crucial que define la calidad de vida de todos.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales no han sido pocos los espacios en donde los asesores de los abanderados han expuesto sus diagnósticos y las principales propuestas en esta materia, entre debates en diferentes universidades se realizó una discusión culmine en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de este año.

Es evidente que alrededor del espectro político existen diferentes formas de pensar y proyectar nuestras ciudades, pero estas líneas no están dedicadas a revisar cada propuesta o sus diferencias, más bien el argumento que sigue es para hablar sobre los consensos, en qué están todos de acuerdo, o cómo converge la discusión general en problemáticas que se reconocen como hechos inobjetables bastante problemáticos, y el peligro que supone levantar programas en materia urbana cuando no se piensa en resolverlos.

Una breve síntesis del debate urbano presidencial esboza un consenso generalizado definidos en tres aspectos: a) el auge de la idea del derecho a la ciudad se inscribe en las políticas públicas, b) mientras se levanta un diagnóstico común que da cuenta de ciudades cada vez más segregadas y c), estas poseen serios problemas de movilidad. Es consenso también entender que estas problemáticas adquieren expresión crítica en Santiago que, producto del excesivo centralismo del país, concentra más del 40% de la población repartida en una geografía social marcada por una gran brecha que separa ricos y pobres. Como corolario la capital padece los trastornos de la caótica implementación de un sistema de transporte cuestionado desde sus orígenes.

Es llamativo ver cómo dentro del debate actual se ha vuelto un consenso, lamentablemente no tan obvio, sobre la idea de que todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades para disfrutar las ventajas del medio urbano. El derecho a la ciudad se ha logrado posicionar como concepto dentro de la formulación de políticas urbanas a todas las escalas, lo que puede ser visto como un avance, pero lo preocupante es que dentro del debate esta idea ha perdido su significado. Su contenido es utilizado como un slogan y no como un sustrato filosófico para la acción política cotidiana. Se nos repite que las ventajas de la ciudad nos pertenecen a todos, pero ¿Cómo aprovecharlas cuando estamos inmersos en una ciudadanía individualizada y despolitizada?

Existe consenso también frente al problema de la segregación y bastante acuerdo para reconocer que necesitamos ciudades más integradas. En este sentido, la integración como respuesta es interpretada según la posición política, como siempre se ha hecho con aquellos macroconceptos polisémicos cuyo significado se desvanece por su lioso uso. De allí se entiende que la integración sea punta de lanza dentro de todo el espectro político pero apuntando hacia direcciones distintas, o a veces sin dirección.

Respecto al problema de movilidad que afecta a Santiago el debate urbano encuentra consenso en situar al Trasnsantiago como blanco de críticas, es un tema sensible que merma diariamente la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la capital, allí también reside una gran oportunidad por obtener dividendos políticos. No obstante, más allá de todas las propuestas para mejorar el sistema de transporte, no existe en absoluto un cuestionamiento sobre la profunda incoherencia que existe para el grueso de los trabajadores por conectar su hogar con su fuente laboral ¿Por qué debemos asumir y continuar con la idea de que los trabajadores urbanos de Santiago deban seguir atravesando por completo la ciudad?

Hoy el mayor peligro para nuestras ciudades es el consenso de los planes y programas en materia de urbanismo por no ofrecer luces concretas para alcanzar derechos sociales colectivos que hacen posible el bienestar de los ciudadanos y que permitan una mejora significativa de sus entornos urbanos y por consiguiente en la calidad de vida. Aun cuando las ciudades son nuestro hábitat por excelencia, ningún programa presidencial en materia de urbanismo pretende transformar la vida cotidiana de las personas, el espacio político por excelencia, la esencia misma del derecho a la ciudad, situando en el horizonte del desarrollo urbano un panorama poco alentador.

Frente a este escenario al menos, desde la “nueva izquierda”, comienza a surgir la idea del cooperativismo como respuesta al empresarialismo urbano, avance que debemos reconocer como un paso hacia adelante pero no suficiente para alcanzar el derecho de los ciudadanos a ser parte real del proceso de toma de decisiones que define su calidad de vida. En la medida en que la ciudad no sea un objeto de disputa político, se nos seguirán proponiendo sofisticados mecanismos de participación ciudadana para hacernos pensar que tomamos acción sobre nuestro entorno urbano cuando las decisiones importantes ya han sido saldadas. El debate urbano presidencial hasta ahora, pareciera no abrir nuevos caminos para lograrlo.

 

1 2 3 4