El Debate Urbano Presidencial: Peligrosos Consensos sobre una Ciudad Despolitizada

Por Ignacio Arce Abarca, geógrafo de la Universidad de Chile y miembro activo de Observatorio CITé.

 

Cualquier programa de gobierno debe poner especial atención a los asuntos urbanos, sobre todo en países como el nuestro donde cerca del 90% de la población habita en ciudades y la desigualdad se plasma con fuerza en ellas, es por lo tanto, un asunto crucial que define la calidad de vida de todos.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales no han sido pocos los espacios en donde los asesores de los abanderados han expuesto sus diagnósticos y las principales propuestas en esta materia, entre debates en diferentes universidades se realizó una discusión culmine en la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo de este año.

Es evidente que alrededor del espectro político existen diferentes formas de pensar y proyectar nuestras ciudades, pero estas líneas no están dedicadas a revisar cada propuesta o sus diferencias, más bien el argumento que sigue es para hablar sobre los consensos, en qué están todos de acuerdo, o cómo converge la discusión general en problemáticas que se reconocen como hechos inobjetables bastante problemáticos, y el peligro que supone levantar programas en materia urbana cuando no se piensa en resolverlos.

Una breve síntesis del debate urbano presidencial esboza un consenso generalizado definidos en tres aspectos: a) el auge de la idea del derecho a la ciudad se inscribe en las políticas públicas, b) mientras se levanta un diagnóstico común que da cuenta de ciudades cada vez más segregadas y c), estas poseen serios problemas de movilidad. Es consenso también entender que estas problemáticas adquieren expresión crítica en Santiago que, producto del excesivo centralismo del país, concentra más del 40% de la población repartida en una geografía social marcada por una gran brecha que separa ricos y pobres. Como corolario la capital padece los trastornos de la caótica implementación de un sistema de transporte cuestionado desde sus orígenes.

Es llamativo ver cómo dentro del debate actual se ha vuelto un consenso, lamentablemente no tan obvio, sobre la idea de que todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades para disfrutar las ventajas del medio urbano. El derecho a la ciudad se ha logrado posicionar como concepto dentro de la formulación de políticas urbanas a todas las escalas, lo que puede ser visto como un avance, pero lo preocupante es que dentro del debate esta idea ha perdido su significado. Su contenido es utilizado como un slogan y no como un sustrato filosófico para la acción política cotidiana. Se nos repite que las ventajas de la ciudad nos pertenecen a todos, pero ¿Cómo aprovecharlas cuando estamos inmersos en una ciudadanía individualizada y despolitizada?

Existe consenso también frente al problema de la segregación y bastante acuerdo para reconocer que necesitamos ciudades más integradas. En este sentido, la integración como respuesta es interpretada según la posición política, como siempre se ha hecho con aquellos macroconceptos polisémicos cuyo significado se desvanece por su lioso uso. De allí se entiende que la integración sea punta de lanza dentro de todo el espectro político pero apuntando hacia direcciones distintas, o a veces sin dirección.

Respecto al problema de movilidad que afecta a Santiago el debate urbano encuentra consenso en situar al Trasnsantiago como blanco de críticas, es un tema sensible que merma diariamente la calidad de vida de gran parte de los habitantes de la capital, allí también reside una gran oportunidad por obtener dividendos políticos. No obstante, más allá de todas las propuestas para mejorar el sistema de transporte, no existe en absoluto un cuestionamiento sobre la profunda incoherencia que existe para el grueso de los trabajadores por conectar su hogar con su fuente laboral ¿Por qué debemos asumir y continuar con la idea de que los trabajadores urbanos de Santiago deban seguir atravesando por completo la ciudad?

Hoy el mayor peligro para nuestras ciudades es el consenso de los planes y programas en materia de urbanismo por no ofrecer luces concretas para alcanzar derechos sociales colectivos que hacen posible el bienestar de los ciudadanos y que permitan una mejora significativa de sus entornos urbanos y por consiguiente en la calidad de vida. Aun cuando las ciudades son nuestro hábitat por excelencia, ningún programa presidencial en materia de urbanismo pretende transformar la vida cotidiana de las personas, el espacio político por excelencia, la esencia misma del derecho a la ciudad, situando en el horizonte del desarrollo urbano un panorama poco alentador.

Frente a este escenario al menos, desde la “nueva izquierda”, comienza a surgir la idea del cooperativismo como respuesta al empresarialismo urbano, avance que debemos reconocer como un paso hacia adelante pero no suficiente para alcanzar el derecho de los ciudadanos a ser parte real del proceso de toma de decisiones que define su calidad de vida. En la medida en que la ciudad no sea un objeto de disputa político, se nos seguirán proponiendo sofisticados mecanismos de participación ciudadana para hacernos pensar que tomamos acción sobre nuestro entorno urbano cuando las decisiones importantes ya han sido saldadas. El debate urbano presidencial hasta ahora, pareciera no abrir nuevos caminos para lograrlo.

 

¿Narco Cultura o Institución Narco?

Por: Gricel Labbé  y Pedro Palma, Geógrafos; Estudiantes del Magister de Desarrollo Urbano y Miembros activos de Observatorio CITé.

Según el Informe 2016 de la Fiscalía, existen 425 barrios críticos en el país en los que reina la “narcocultura”. La narcocultura estaría relacionada con “el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión, el robo y la explotación sexual en los barrios” según el párroco Walker, en un reportaje del diario El Mercurio[1].

Frente al inminente surgimiento académico, político y periodístico del concepto de la narco-cultura, se pueden hacer dos lecturas de enfoque simultáneas:

1. Cultura del Narco:

El concepto de Narco Cultura, que ha emergido en el debate periodístico en las últimas semanas, esboza un esfuerzo de la prensa en hacer una radiografía “objetiva” y “científica” al documentar los comportamientos anómicos, ilegítimos y delictuales, de amplias masas precarizadas que viven en las ciudades, y que han sucumbido moralmente uniéndose al negocio de la droga. Los reportajes no escatiman en dar detalles de la vida de quienes se han unido al mundo de la droga. De hecho, uno de los titulares del diario El Mercurio recrea la situación: “Lujos, creencias y jerarquía: Lo que se vive al interior de las bandas dedicadas a las drogas”, y a lo largo del reportaje se describe el fenómeno como una enfermedad que se va contagiando  en los barrios.

Imagen: Soy Chile

Así la cultura del narco se caracterizaría por ser una institución ilegal, que se sustenta en clanes familiares, de estructura piramidal. En la base de dicha institución están los “soldados”; niños reclutados desde los 14 años encargados de vender e informar a eslabones superiores. También en la misma base de la pirámide se encuentran los centros de acopio, los puntos de venta y en la cabecera piramidal se ubica el líder narco.

Así esta cultura del narco, organizada y sin institución legítima que le haga el contrapeso en los barrios, es caracterizada y fetichizada como un lugar de exóticas tradiciones y gustos, ajena a cualquier cultura que se haya visto hoy en los ciudadanos comunes y corrientes del resto de las ciudades. Se los caracteriza como devotos a la virgen, que viven el día a día, capaces de delatar a sus propios familiares, pero no así al líder narco. De gustos extravagantes como la hípica, los autos, la ropa de lujo, se los categoriza y demoniza.  

Sin embargo, se pasa  por alto, que la narcocultura emerge en barrios donde vemos un “Estado intermitente, un repliegue de las organizaciones de base, una ausencia de inversión privada y el deterioro de esa vida en comunidad”, como planteó el sacerdote Walker,  desde ahí deviene el segundo enfoque de la situación.

Jesús Malverde, el santo de los narcos en México.

2. La Institución Narco:

La mencionada narco cultura tiene una profunda raíz, arraigada en un Estado ausente, y en la desertificación Institucional en todas las escalas. Donde derechos como educación, salud, vivienda, no están garantizados.  Y más aún, en una sociedad como la chilena, donde el estatus social se da por el consumo, no es de extrañar que se expanda rápidamente.  

La narco cultura existe sólo gracias al Estado, por su omisión y también por sus desinversiones en dichos barrios. La narco cultura es una institución ilegal, que viene a suplir el rol del Estado, entregando empleos, dinero, cultura, fiesta, ayudando a los vecinos más necesitados.

Es entonces el Estado, a través de su negativa de entrar a estos barrios, quien no solo propicia el surgimiento de instituciones paralelas, sino además, ha sido el factor determinante de su expansión y configuración actual, forjando así geografías liberadas al mercado ilegal.

Imagen: La Gaceta

Se ha documentado que con el objetivo de gobernar, se introdujo la droga en la década de los 80´s de la mano de agentes de la CNI, a las poblaciones de Santiago, con el fin de desactivarlas políticamente.

Pero más cruel es lo que ha ocurrido décadas posteriores en la llamada “alegría ya viene”, tal como destaca Matías Dewey, el éxito que tienen los grupos criminales en los barrios no se fundó apenas “en su destreza o capacidad logística sino en que han logrado relacionarse con ciertos sectores de un socio muy exclusivo: el Estado”[2].

Un claro ejemplo de lo narrado es el golpe noticioso entregado por el programa de televisión Informe Especial el pasado 1 de octubre del 2017. “Los tentáculos narcos en San Ramón” deja de manifiesto como el desarrollo del negocio narco, la diversificación y el fortalecimiento de los grupos criminales se conjuga con las prácticas políticas de funcionares insertos en la institución local.

Por ello, es primordial cuestionarse sí nuestros análisis se están enfocando desde la óptica correcta ¿es preciso hacer un circo mediático referente a la excéntrica cultura del narco, o mejor aún debemos enfocarnos en cómo el Estado abandonó a millones de personas en las periferias de las ciudades?

 

[1] Muñoz (2017). Pablo Walker: “No es tan difícil llegar a decir ´prefiero ser narco a no ser nadie”. La “narcocultura” en la experiencia diaria del capellán del Hogar de Cristo. El Mercurio. Lunes 9 de Octubre de 2017.

[2] Cita extraída de Las grietas del doble pacto por Marcelo Fabian Sain.

Quebradas de Valparaíso: En pos de una mitigación popular

Valparaíso. Autor: astro now (Flickr)

En América Latina el 80% de la población vive en ciudades, configurándose como la región más urbanizada del mundo (CEPAL, 2008). A su vez, es una de las regiones menos pobladas en relación a su territorio, remitiendo a la necesidad de un enfrentamiento y una reflexión desde una mirada local hacia los problemas del hábitat y del territorio. Este crecimiento acelerado de la población y sus respectivos procesos de crecimiento urbano, han dado paso a un elevado número de viviendas informales. Si consideramos, a su vez, las condiciones sociales vulnerables de sus habitantes, el contexto socioeconómico y político de las comunidades y las características geográficas del territorio, la exposición a amenazas naturales se convierten en un factor que impacta directamente la organización y el tejido social principalmente de los habitantes de asentamientos irregulares. De esta forma, un amenaza natural podrían transformarse en un riesgo socionatural.

Una de las estrategias que han implementado los países que se han visto enfrentados a estas problemáticas en América Latina, es la incorporación de políticas y metodologías que involucren no sólo a profesionales del área del urbanismo y actores políticos, sino que principalmente a las comunidades.

Mediante la incorporación y participación de los actores directamente afectados en dicha problemática, se propone mitigar la exposición a la amenaza y las vulnerabilidades, disminuyendo así los efectos de un futuro desastre socionatural.

El enfrentamiento de problemas nacionales y locales del hábitat residencial, la ciudad y el territorio, requeriría ser pensado y reconocido desde propuestas locales que se basen en las necesidades y opiniones de los propios habitantes. En este sentido, la participación ciudadana transversal y la co-creación activa de los diversos actores que habitan el territorio, podrían ser necesarias para enfrentar los actuales retos de urbanización en América Latina y las constantes amenazas socio-urbanas y espacio-territoriales a las que las comunidades se encuentran expuestas.

Emplazado sobre una de las áreas más sísmicas del planeta, Chile es principalmente un territorio modelado por la tectónica, con una gran variedad altitudinal y un régimen pluvial extremo, exacerbado por la agudización del fenómeno del cambio climático.

No sólo las características geográficas posibilitan e incrementan la exposición a amenazas naturales. Sino más bien es la presión de los promotores y desarrolladores inmobiliarios sobre los instrumentos de planificación y los modelos de gestión en las ciudades de Chile, lo que favorece la localización de los más vulnerables en áreas de fragilidad ambiental, como es el caso específico del hábitat informal producido en las quebradas de la ciudad de Valparaíso.

La ciudad de Valparaíso es un ejemplo claro de la interacción de múltiples factores de amenazas naturales y antrópicas (incendios, tsunamis, terremotos, entre otros.). Si se hace referencia específicamente al hábitat informal de las quebradas de Valparaíso, la conformación sociocultural y territorial de sus asentamientos informales, encontramos una relación directa entre vulnerabilidad, exclusión y pobreza.

Cerro El Litre. Autor: Bastián Cifuentes (Flickr)

La carencia de planificación -autoconstrucción y toma de terrenos-, la geografía particular y la interfaz urbano-forestal en las quebradas de los cerros de Valparaíso, hace vulnerables a sus habitantes y asentamientos periurbanos principalmente ante las amenazas de incendios y terremotos. En este sentido, atender la problemática de la construcción de barrios nuevos en las quebradas, así como el mejoramiento de los barrios existentes y sus características socioculturales, espacio-territoriales y político-económicas de sus comunidades, posibilitaría la solución de una problemática a nivel local, comprometida a la vez, con un futuro urbano sustentable multinivel. Las comunidades y sus habitantes conocen el espacio que habitan, y cuentan con capital social y saberes vinculados a las amenazas naturales, por lo que las soluciones de mitigación efectivas y sustentables debiesen considerar el diagnóstico de los actores involucrados, basado en los intereses, saberes y necesidades de las mismas comunidades locales. Este proceso realizado con y desde la población llamado “mitigación popular”, es un proceso que buscaría transformar las condiciones de vida y las relaciones de producción que las determinan, reduciendo el riesgo con enfoque comunitario en un sector que es mayoritariamente autoconstruido, autogestionado y con una alta vulnerabilidad ante desastres socionaturales. Esta visión implica el desarrollo de procesos de participación ciudadana y depende de ciertos niveles de organización y conciencia social. Sus ejes centrales se basan tanto en las medidas de mitigación que aplaquen el riesgo generado por elementos vulnerables, como en el estudio del rol que poseen las organizaciones sociales, su realidad cotidiana y el conocimiento de las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades frente a una amenaza natural y directamente frente a un desastre socionatural. Todo esto, con el objetivo de generar planes y/o programas que contribuyan al desarrollo ambiental, social, cultural, político y económico de las comunidades.

Así, planificación territorial y acción participativa de los ciudadanos, posibilitarían el equilibrio necesario para enfrentar una ciudad con crecimiento acelerado, ayudando a reducir la vulnerabilidad y aumentando su resiliencia. Medidas necesarias para un sector de la ciudad de Valparaíso cuya principal prioridad es acceder a condiciones de vida digna en pos del derecho a la ciudad y la justicia social.

De esto se desprende una gran pregunta por la posibilidad de enfrentar la problemática de los asentamientos informales más allá de una política de mejoras en la vivienda. Un enfrentamiento que sea posible desde el hábitat y desde una nueva forma de reflexionar y pensar el habitar en conjunto, concibiendo la ciudad como un producto de la construcción social, y atendiendo a la vulnerabilidad socio-urbana de sus habitantes, sus identidades particulares, saberes vinculados, capital social, y la consecuente inaccesibilidad a la vivienda de carácter formal. De esta postura es posible desprender las siguientes preguntas: ¿cómo pensar la ciudad como un ente integrado, resiliente y sostenible, capaz de resistir, adaptarse y recuperarse de los efectos de los fenómenos naturales? ¿Cómo repensar las políticas de prevención y reducción del riesgo con enfoque comunitario ante las amenazas socio-naturales, y los mecanismos para soluciones habitacionales y sociales post-desastre?, y ¿Cómo pensar la ciudad desde la mirada de las personas y las comunidades invisibilizadas, tomando en cuenta la identidad local y cultural de sus actores locales?

 

Por: Cynthia Pedrero Paredes, Licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“El juego como dispositivo de participación ciudadana”

En una sociedad cada vez más racionalizada, tecnologizada e individualizada, la idea del juego se ha ido poco a poco transformando, perdiendo su carácter espontáneo, ocioso o colectivo, para dar paso a formas nuevas y más complejas. Hoy en día encontramos en el juego altos grados de competencia, como en el caso de los juegos deportivos, los cuales transitan entre el ámbito de la simple diversión, pero a la vez se ubican en una imbricada red de elementos como reglamentaciones, tablas de posición y dinámicas económicas. Por otra parte, los avances en el campo de la tecnología han permitido crear juegos que requieren de mayor estrategia, pero a la vez relegan al sujeto a la esfera privada, con el uso de computadores, consolas y celulares, donde no existe ocupación del espacio público para desarrollarlos y la oportunidad de compartir con otros es olvidada.

Este diagnóstico se muestra como preocupante si entendemos al individuo como un Homo Ludens, siguiendo los planteamientos del historiador Johan Huizinga, el cual posiciona el juego como esencial en el desarrollo del ser humano y la vida social. Huizinga contrapone a la figura del Homo Sapiens (hombre que sabe) o del Homo Faber (hombre que fabrica), la del Homo Ludens (hombre que juega), al ver la actividad del juego como anterior a la cultura, dado que entre animales ya es posible de observar esta acción, presentándose así como un elemento intrínseco al ser humano y ser esencial en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, en el estudio de las distintas sociedades, el juego siempre ha estado presente, ya sea en ceremonias religiosas o como un medio en donde se desarrollan capacidades físicas y se comparten conocimientos. De esta manera Huizinga intenta demostrar que toda la cultura humana se desarrolla y manifiesta a través de formas lúdicas, de ahí radica su importancia.

En relación a lo anteriormente expuesto y tomando en consideración el escenario social actual, en donde la participación ciudadana cada vez se ve más debilitada, es que el dispositivo del juego surge como uno de los caminos a considerar para dar respuesta a esta problemática. El dispositivo, entendido como un conjunto de elementos que reúnen discursos y modos que acontecen en un momento histórico determinado, introduciendo una lógica de racionalidad, como explica Foucault, puede ser desarrollado en barrios y comunidades con el fin de detonar distintos procesos de aprendizaje y reflexión en torno a variados temas de interés. El juego, al entenderse como inherente al ser humano, como explicaría Huizinga, y apelar a una lógica universal, al poseer un lenguaje compartido por todos, permite que hombres y mujeres de todas las edades puedan ser partícipes en su ejercicio, igualando condiciones y cumpliendo objetivos de justicia social.
Ejemplos en que podemos ver esta idea representada son las dos experiencias en que Observatorio CITé ha tenido la oportunidad de desarrollar, trabajando el tema del patrimonio a través del dispositivo del juego en distintos contextos urbanos.

La primera experiencia tuvo escenario el pasado sábado 17 de diciembre del 2016 en la Villa Olímpica, tradicional barrio ñuñoino de la ciudad de Santiago, en el cual se realizó el Primer Encuentro Ciudadano sobre Vivienda, Territorio y Hábitat, organizado por el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y la dirigencia vecinal del barrio. En el marco de esta actividad, se desarrolló el juego Villapolis, el cual nace producto de la colaboración entre CITé, INVI y los habitantes, en el cual se desarrolla un juego de tablero donde personas de todas las edades se reunieron a reflexionar, compartir y enseñar el patrimonio de su barrio, el cual en el mes de septiembre recién pasado fue declarado como Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Por otra parte, otra de las experiencias de juego y participación ciudadana que podemos mencionar, es la desarrollada el pasado viernes 6 de enero del 2017 en el cité El Palto, ubicado en la comuna de Santiago Centro, donde se realizó un Taller Patrimonial para niños. Esta actividad, enmarcada dentro del Proyecto Fondart “Patrimonio Oculto en los cités de la comuna de Santiago” a cargo de nuestra ONG, pretendió generar un espacio de entretención aprendiendo conceptos básicos del patrimonio urbano tales como ciudad, casa, barrio o historias, contextualizados en el cité donde los niños habitan. Por medio de juegos creados por los integrantes de nuestro grupo, tales como un twister y luche patrimonial, niños de distintas edades y nacionalidades compartieron anécdotas personales y conocimientos respecto a la historia de su cité.
A partir de ambas experiencias las lecciones recogidas respecto a su invención, organización y ejecución son variadas, pero dentro de las principales podemos mencionar la necesidad de trabajar siempre conjunto a la comunidad, en una lógica de co-creación, en donde se rescate el saber popular de los propios habitantes en los territorios a intervenir. Esta perspectiva permite crear dispositivos acordes y coherentes a los contextos atendidos, además de incentivar la apropiación de los propios sujetos que habitan el territorio hacia nuevas formas de participación generadas por ellos. De esta manera, al generar juegos para la participación ciudadana de manera colaborativa, se vislumbra otra de las potencialidades de este método, el cual es moldeable a distintos escenarios, comunidades y temáticas, razón por la cual mayor valor adquiere a la hora de conquistar nuevos espacios, sumar más actores y explorar nuevos temas para su futuro desarrollo.

Por Catalina Loren S.
Licenciada en Antropología Social

 

¿Qué hace un muro de tierra en Colina?


Hace aproximadamente dos años se elevó, casi desapercibidamente, un montículo de tierra en la comuna de Colina, éste se encuentra adyacente a la Carretera Los Libertadores y al cruce del río homónimo que atraviesa la ciudad por el sector de San Luis. Considerando que no es raro efectuar trabajos de movimiento de áridos en la ribera de los ríos, sea para extraer material para la construcción o para construir alguna medida de mitigación, la estructura recibió poca atención en un comienzo, pero cuando las máquinas se fueron y simplemente la dejaron allí, entonces de inmediato la apreciación sobre el montículo derivó en preguntarse si acaso lo que se hizo allí fue construir un muro.

¿Por qué habría de construirse un muro en ese lugar? La realidad de Colina muestra que es una comuna profundamente segregada, casi se podría hablar de dos comunas completamente diferentes y separados físicamente por la Carretera Los Libertadores; por un lado el pueblo tradicional se caracteriza por la poca distancia que separa la Plaza de Armas con dos cárceles y un cordón de pobreza, fomentado por el SERVIU, que les rodea. Por otro lado, hace aproximadamente 20 años ha emergido la tendencia de los mega-proyectos inmobiliarios tipo “condominio cerrado siempre verde”, con laguna incluida, situados en lo que hoy se conoce como Chicureo, antiguamente un fundo perdido entre chacras y cerros en los límites con Vitacura, hoy considerado como un extenso sector residencial privado de Colina, llamado también “la extensión natural del barrio alto”.

Al estar parado por encima del muro es posible distinguir un paisaje antagónico; hacia un lado se sitúan peligrosamente a través de la ribera del río campamentos autoconstruidos, latentemente vulnerables ante la espontaneidad de la crecida, la cara menos visible y favorecida de la ciudad. La vista panorámica muestra al lado opuesto una ciudad distinta, la de los condominios cerrados que rápido se hicieron abundantes por Chicureo, después proliferaron en casi todo el resto del territorio y barrieron gradualmente con la antigua tradición agroproductiva que alguna vez existió en la comuna.

Si la carretera es en sí misma una división social en Colina que separa al pueblo tradicional de los proyectos residenciales cerrados, el muro vendría siendo la cristalización material de la oposición entre estos dos mundos que conviven. Pero va más allá, porque además de separar también oculta lo que no quiere ser visto, como si el Colina viejo, el que se beneficia residualmente de la “modernización”, fuera causa de vergüenza, un horizonte que debe permanecer oculto para el suburbanita motorizado cuando cotiza su nueva residencia o sale por su caseta de vigilancia. La pobreza se puede tapar con tierra, lo que importa es que no afecte a la rentabilidad de los proyectos que se venden al frente.

Este aspecto en específico es bastante oscuro porque existe poco conocimiento sobre cómo el sector extendido por el marketing urbano conocido hoy como Chicureo llegó a ser considerado la “extensión natural del cono de alta renta”, si analizamos un poco más en profundidad, si echamos luz sobre sus causas, de natural no tiene nada. Más allá de lo artificial de sus céspedes, de sus canchas de golf y sus lagunas, que allí existan los proyectos residenciales más exclusivos de la Región tiene orígenes bastante definidos, comprendidos en la presión histórica que ejercieron algunas empresas inmobiliarias y constructoras, quienes vislumbraron el futuro negocio inmobiliario que podría generarse y se hicieron de grandes extensiones de suelo y derechos de agua en el sector durante las década de 1980 y 1990, logrando en 1997 que el Estado, a través del MINVU, creará deliberadamente una normativa urbana a escala regional a su favor y otorgará permiso para edificar en suelo rural en casualmente los mismos terrenos de su propiedad. El tema de fondo es muy similar al bullado “Caso Caval”, la especulación con grandes extensiones de tierra puede ser tan rentable que corresponde a una práctica común a diversas escala en Chile, es por ello que mejor habría que preguntarse ¿en dónde no se efectuado un arreglo similar?

Es verdaderamente lamentable que por el interés económico de hacer lo más rentable posible a los proyectos residenciales privados, desarrollados por este grupo de empresarios que especularon con los recursos de Colina durante décadas y cuyo impacto socio-ecológico es hoy indeterminado, se hayan transformado las condiciones de existencia de una comuna por completo, secando las antiguas tierras productivas, implementando un sistema vial concesionado que segrega y no integra, y para no dejarlo ahí, atravesando su geografía por la lógica del muro, antes simbólico y hoy material, que incluso escapa de los condominios y se sitúa en el paisaje, y para que no queda duda sobre su finalidad, hoy se está completando el flanco que faltaba por levantar; el muro se instala como el corolario de una cicatriz que divide dos mundos que se separan cada vez más.

Por: Ignacio Arce Abarca, Geógrafo U. de Chile.

Institucionalidad del miedo / La ciudad.

 

Pintura de Oswaldo Guayasamin El miedo, la tragedia y la tristeza de los problemas de la sociedad que son comunes en todos los tiempos.

pintura

Constantemente los discursos institucionales y académicos (esta columna no es la excepción) acuñan un concepto de moda y lo hacen el centro de sus investigaciones. El caso del derecho a la ciudad no se aleja de aquello, inclusive hace un par de semanas se ratificó la nueva agenda urbana, en la cual la tarea clave es avanzar hacia una ciudad que retome la vida urbana en post de su transformación. Pero claramente ni siquiera a una aproximación somera se llegó en Hábitat III, más bien, lo que envolvía la organización, era todo lo contrario, una ciudad sitiada de nulo acceso y experiencias e imágenes que invocan el miedo a la ciudadanía, sustentadas en ideologías que influyen en las relaciones sociales, en los procesos de producción de subjetividades, y en la misma construcción de la ciudad. Frente a esto surge la pregunta ¿Cómo ejercer un verdadero derecho a la ciudad, si las instituciones han forjado una ciudadanía en base al miedo y el poder?

Es evidente que la ciudad no se construye de manera azarosa, o que la localización de ciertos grupos de ciudadanos no se establece de manera natural por relaciones distintivas de cultura u otros. Es claro el rol bipolar de las instituciones, las cuales por un lado defienden la belleza superlativa e inocente de los conceptos que evocan un vuelco de la población hacia la ciudad, mientras que por otro promueven el miedo y sus diversos adjetivos evitando el uso de la misma, promoviendo formas de separación y adhesión socioespacial, es decir, “por un lado permiten una cierta incorporación del miedo a la vida cotidiana y así activan formas de respuesta que, de hecho pueden garantizar la protección y la supervivencia. Pero, de otro lado, conducen a hacer de los habitantes urbanos, sujetos cada vez más aprehensivos, temerosos de los otros y de la ciudad misma.  Por eso deciden vivir en una porción de la ciudad como si esta fuera la totalidad, porque lo demás está poblado de fantasmas”.

Entonces si el miedo está en la raíz del poder y este inunda la cotidianidad de los organismos de la ciudad, es posible ejercer un derecho a la ciudad, sabiendo que para que se produzca el miedo se debe sostener una relación entre un dominante y un dominado.

 

Ojeda, Lautaro. (2015). Miedos, poder y seguridad. Editorial Sandra Ojeda Salvador

Por: Pedro Palma Calorio –  Gricel Labbé C.

 

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