URBANISMO CIVILIZATORIO: EL CASO DEL JARDÍN JAPONÉS EN SANTIAGO

Catalina Loren S.

 

El pasado viernes 11 de enero, después de dos años de remodelación, fue reinaugurado el Jardín Japonés ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, el cual fue ampliado aumentando su superficie e incluyendo nuevas atracciones tales como senderos, escaleras y lagunas. Su apertura, sin embargo, abrió un debate interesante respecto al rol que cumple la planificación urbana respecto a usos y hábitos que se desarrollan en el espacio público, dado que muchos de los visitantes utilizaron sus dependencias por medio de prácticas que “no respetaban la vocación de este espacio”, en opinión de Juan Manuel Gálvez, el arquitecto a cargo de este proyecto.

A partir de estos comentarios el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, respaldó esta idea señalando que se debe enseñar y formar a las familias visitantes respecto cómo cuidar el parque, dado que ha existido un uso distinto al adecuado, debiendo entender que hay ciertos usos asociados al espacio, donde actividades tales como jugar, hacer picnic o bañarse pueden realizarse en otras dependencias del Parquemet, porque el Jardín Japonés está destinado a la meditación y contemplación. Sin considerar, además, que muchas de estas dependencias exigen el pago de una entrada, excluyendo así a los visitantes que no tienen la capacidad de costearla y alejando así el sentido público asociado a estos espacios.

Frente a estas declaraciones surgen diversos cuestionamientos respecto al rol civilizatorio que tendrían las autoridades a cargo de temas urbanos y profesionales vinculados a proyectos realizados en la ciudad, planificando y construyendo en función de ideales, y no a partir de usos habituales del espacio y requerimientos de la población. En relación a este caso, el antropólogo Miguel Pérez señala que “la vocación de los espacios de la ciudad nunca es definida a priori, que los que deciden cuál es su uso y vocación son los mismos usuarios. Uno puede dar directrices, pero nunca anticipar cuáles van a ser sus usos».

Es así como esta discusión nos hace recordar un elemento propio de la cultura chilena, que ha estado arraigado desde los albores de nuestro país, el cual logra ser reflejado a través del concepto de derrotismo cultural señalado por Pérez, e ilustrado de manera brillante si revisamos el pensamiento de Diego Portales. Este político chileno que desempeñó un importante papel en la constitución del Estado chileno planteaba en 1822 que “la Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República”, manifestando así la necesidad de “enderezar” a los ciudadanos en el camino del orden y virtud, para posteriormente desarrollar un gobierno libre y con ideales, donde sus ciudadanos sean parte.

De esta manera es como podemos observar que esta lógica de pensamiento ha logrado permanecer hasta nuestros días, viéndolo resumido en la frase “Es que Chile no está preparado” frente a cualquier proyecto que se quiera implementar, o con el caso del Jardín Japonés, donde se castigan los modos de apropiación del espacio público ya que no se ajustan a los ideales y expectativas de planificadores urbanos, revelando así una muy baja valoración de lo local, de lo que es propio y ya existe, como es una experiencia sensorial directa y caracterizada por el tacto de la cultura latina sobre los territorios habitados, que permiten establecer una relación entre las personas y el mundo, mediada por el espacio y bajo sus propias lógicas culturales (Giglia, 2012).

En este sentido se vuelve necesario considerar las ideas de Giglia (2017) quien plantea que es muy peligroso el determinismo espacial que se sigue recreando al intervenir los espacios públicos en distintas ciudades actualmente, en donde se pretende moldear e intencionar determinados usos del espacio en los ciudadanos a partir del diseño arquitectónico y el mejoramiento físico de sus entornos. Planificar y proyectar los espacios públicos bajo esta lógica hace no considerar elementos esenciales al momento de pensar los lugares habitados, como son la memoria, significados atribuidos a ellos y usos previos que se desarrollen. De este modo, al imponer reglas de uso en los espacios colectivos, estableciendo lo que es adecuado y permitente, niega componentes como la creatividad e imaginación asociada a éstos, olvidando así usos locales, tradicionales o emergentes. A su vez, se problematiza la crisis de sociabilidad por la que atraviesan las ciudades hoy en día, donde son cada vez menos los lugares de encuentro e intercambio entre las sub-culturas urbanas que coexisten, desarrollando así espacios segregados y degradados que no están preparados para la presencia de individuos cada vez más diversificados, móviles y con prácticas de uso, apropiación y significación impredecibles (Giglia, 2012).

El caso del Jardín Japonés se presenta como una situación ideal para replantearnos las lógicas y modos bajo los cuales se está planificando y construyendo la ciudad, donde queda de manifiesto el desafío de vincular de manera adecuada las intervenciones urbanas con el sentir de los habitantes, sus modos de vida, requerimientos y deseos. En este sentido, creemos que el abrir el diálogo ciudadano, generar el encuentro y aplicar metodologías de diseño participativas e innovadoras se vuelve un requisito esencial en la actualidad para trabajar de modo colaborativo en los espacios públicos, los cuales deben ser creados y recreados por todos y todas, respetando así su derecho a la ciudad.

Referencias

Ferrer, C. (16 de enero de 2019). El masivo debut del Jardín Japonés: Análisis al «uso distinto a lo adecuado» del parque en su primer fin de semana. EMOL.

Giglia, Á. (2012). Cultura, cultura urbana y cultura metropolitana. En Á. Giglia, El habitar y la cultura. Pespectivas teóricas y de investigación (págs. 45-63). Barcelona: Anthropos.

Giglia, Á. (2017). Espacio publico, sociabilidad y orden urbano. Cuestión Urbana, 15-28.

 

A propósito de “los chilenos propietarios” y el acceso a la vivienda

Las palabras del Ministro de Vivienda y Urbanismo en agosto de este año, en la comisión de Vivienda y Urbanismo del senado, que se hicieron famosas esta semana con la difusión del video de la cuña por parte del diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal de Chile) “…sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más; la casita, dos departamentos, y ahí se radica el patrimonio de los chilenos”, causaron una controversia recogida por redes sociales, diversos medios de comunicación y actores relevantes de la política nacional, tomándose la agenda por un día.

Dejando de lado las aclaraciones semánticas y de contexto de lo que “en verdad quiso decir”, y la lluvia de cifras que trato de poner a prueba la idea central expuesta por el ministro, que era que los chilenos somos propietarios de más de un inmueble, y que, a nuestro juicio, demuestra que el ministro se equivocó, situación que más o menos queda en evidencia cuando, segundos posteriores a la cuña, el mismo ministro señala “… pero hoy día, no sé los porcentajes, no los manejo, pero el porcentaje altísimo del patrimonio es la propiedad, asociado una casa, un departamento, una casa en la playa o un terreno”, es pertinente entregar otra arista al problema de los chilenos propietarios.

Cuando el ministro habla de “la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios” y, para justificar este juicio, posteriormente entrega el porcentaje de hogares que declaran ser propietarios en la encuesta CASEN 2017 como lo hizo en su cuenta de twitter, se podría dar por cerrada la discusión ya que, al menos, logra demostrar una interpretación de sus dichos. Sin embargo, la sola exposición del tipo de tenencia de un hogar no muestra lo complejo del fenómeno de la propiedad y el acceso a la vivienda en Chile.

En particular, uno de los principales supuestos que encierra la afirmación del ministro, es que los chilenos hemos tenido la libertad de acceder a la adquisición de una propiedad. Esta noción puede estar alimentada por las cifras que se manejan en el mercado inmobiliario, donde se han edificado 1.210.568 viviendas nuevas entre los años 2009 y 2017, según cifras del INE a partir de los permisos de edificación. A esto se puede sumar la expansión de la clase media que, en otras palabras, significa que los hogares presentan mayores ingresos, lo que les permite adquirir más compromisos financieros como los de un crédito hipotecario, cerrando el circulo virtuoso entre una oferta sostenida en el tiempo y una demanda con capacidad de compra.

El problema en este escenario es que, al observar datos complementarios a la simple tenencia, no se evidencia un impacto inequívoco de estas tendencias (producción de vivienda y mayores ingresos) sobre el déficit habitacional, sobre los hogares que requieren una vivienda. El siguiente gráfico expone en la línea roja el déficit habitacional (medido como número de viviendas irrecuperables, número de hogares y núcleos allegados hacinados) según el total de hogares del país y en las barras azules el número de viviendas nuevas. Como se puede aprecia, a pesar de la constante construcción de nuevas viviendas que anualmente alcanza un promedio de 136 mil unidades en el período, el déficit ha fluctuado, alcanzando un máximo de 9,9% en 2011 y un mínimo de 7,2% en 2015. El aumento especifico en el último tramo, 2015-2017, es producto del aumento de hogares allegados que alcanzó los 300 mil en ese año, representando un aumento de casi el 64% desde el 2013, y, en menor medida, al aumento de viviendas irreparables (cerca de 4 mil de aumento). Por otro lado, y sólo a modo de ilustración del fenómeno, si se hubiese destinado la producción total de viviendas para cubrir este déficit habitacional, en 5 años este problema se hubiese resuelto.

 

Entonces, ¿quiénes son los que acceden a las viviendas que se construyen anualmente? ¿Son los 203 mil hogares (según CASEN 2017) que concentran el nuevo stock de viviendas? ¿por qué no es constante la disminución del déficit si el mercado inmobiliario ha producido viviendas constantemente en la última década? En este contexto, es posible que el ministro haya develado inconscientemente el principal problema que tiene el acceso a la vivienda actualmente, y que no ha permitido disminuir el problema de los hogares que no poseen un inmueble, y es que existen chilenos, no todos, sino unos pocos, que sí poseen más de una vivienda, acaparándolas por ser una inversión segura y aprovechándose históricamente de beneficios tributarios como el IVA a las viviendas nuevas que la reforma tributaria del gobierno anterior eliminó.

Para Volar, no hay tantos derechos ni tanta inclusión.

Álvaro Besoain Saldaña.

Miembro activo de la de la ONG Observatorio cité, Académico del Departamento de Kinesiología y miembro del Núcleo Desarrollo inclusivo (Universidad de Chile).

Las líneas de bajo costo son consideradas como aerolíneas que ofrecen un servicio no tradicional, ya que el nuevo modelo de gestión y desarrollo comercial incurre en un menor precio para el pasajero. El éxito en rentabilidad de estas empresas está basado en la reducción de diversos gastos que influyen en la tarifa final, tales como; costos de operación de vuelo (54% del costo total, incluyendo combustible, mantención y operaciones de vuelo), costos de operación” (26% de los gastos) y costos de operación en tierra, 20% del total de los gastos (Belobaba, P., Odoni, A., y Cynthia, B, 2009). Pero a la vez, pareciera que hay otro espacio de reducción de gastos: El ahorro en el cumplimiento de leyes y normativas sobre igualdad de oportunidades de personas con discapacidad.

El viernes 09 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana, un youtuber chileno en situación de discapacidad, Mauricio Riffo, se disponía a bordar el vuelo 255 de la aerolínea Jet Smart (aerolínea low-cost), desde Santiago a Puerto Montt. La aerolínea pidió a Mauricio entrar al final del embarque de pasajeros (por un tema de comodidad en la ubicación de los asientos y acceso). Si bien todo fue conversado y tranquilo, el problema inicia cuando el equipo de bodega no puede desmontar la batería de la silla de ruedas. Mauricio comenta que la batería es de plomo ácido seco y no de litio, por lo que no debería haber ningún problema para viajar. Sin embargo, en la aerolínea insisten que, si no se puede desmontar, no puede viajar. Esto lo obligó a salir del avión para apoyar dicho proceso, a lo que el avión cierra las puertas e inicia el despegue, dejándolo fuera del vuelo.

Si bien, a Mauricio le dieron la opción de subirse en el siguiente vuelo (9 horas más tarde) para llegar a cumplir con su compromiso, la empresa no aseguró un espacio para la espera frente a esto Mauricio decidió irse a su casa tras 6 horas en el aeropuerto. Recordemos que no hacemos referencia a un privilegio, sino, más bien a la compensación por el tiempo que Jet Smart le estaba haciendo perder.

Este no es el primer ni último caso de discriminación arbitraria en aerolíneas, por el contrario, existe un cúmulo de situaciones similares (http://www.ciudadaccesible.cl/?p=4471). Sin embargo, la cuestión de Mauricio vuelve a posicionar el tema de cómo las condiciones objetivas y subjetivas influyen en asegurar una plena inclusión. Analicemos las medidas de accesibilidad necesarias en esta y otras situaciones:

1) El equipo de bodega no puede declarar falta de experiencia en el manejo de sillas de ruedas. Si bien la aerolínea ha pronunciado que la persona que compró los pasajes no declaró que el pasajero iba a ser una persona en situación de discapacidad, tanto el equipo de bodega como asistentes de vuelo deben tener mayor formación en el manejo de silla de ruedas y/o ayudas técnicas. Pongamos el tema en perspectiva, no estamos hablando de un pequeño grupo, estamos hablando del 16,7% de la población de Chile, 2.836.818 personas, como plantea el II Estudio Nacional de la Discapacidad (SENADIS, 2015)

2) La falta de infraestructura de aeropuertos o aviones no puede ser una excusa, esa ya la hemos visto. Por ejemplo, la aerolínea japonesa de bajo costo Vanilla Air ofreció disculpas tras obligar a un pasajero que iba en silla de ruedas a trepar por las escaleras del avión, ya que el aeropuerto carecía del equipamiento necesario para ayudarlo a embarcar. Como es de costumbre, estas disculpas aparecen tras escalar la denuncia hacia varios medios de comunicación.

3) Junto a lo anterior, la nueva concepción con los vuelos low-cost ha generado barreras implícitas en situaciones como la preferencia de los asientos con más espacios. Por ejemplo, el cobro por los asientos de primera fila o más espaciosos generan una barrera ya que las personas con discapacidad no sólo lo requieren por comodidad, sino como necesidad para facilitar transiciones. Este problema de espacio también ocurre cuando una persona vuela con un perro de asistencia, especialmente porque suelen recomendar que debe viajar a tus pies o bajo el asiento sin obstruir pasillos o salidas de emergencia. Evidentemente no se desea que vaya en el pasillo, pero se puede realizar un ajuste razonable (como establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad), para utilizar los asientos de primera fila o que dispongan de más espacio. Esto no es un privilegio, es más, un perro de asistencia Golden Retriever difícilmente podrá usar ese espacio, es casi una cuestión física. Recordemos que la ley Nº 20.422 les permite ingresar a todo tipo de establecimientos de acceso a público ya sean públicos o privados, así como a cualquier medio de locomoción sin costo alguno para el usuario.

4) La búsqueda de rentabilidad nos hace esperar que se invertirá menos en formación del equipo de asistencia de vuelo, por ejemplo, en lengua de señas o audio descripción de instrucciones de emergencias, catálogos de comida y revistas. Seamos claros, eso tampoco es un privilegio, es una necesidad para las personas en situación de discapacidad de origen sensorial. Nos parece extraño que los aeropuertos cuenten con un sistema de orientación como Google maps para que personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, personas despistadas o apuradas puedan llegar rápidamente a sus puertas de embarque. Ser accesibles no sólo ayuda a las personas con discapacidad, nos ayuda todos y todas. 

5) Finalmente, que el sistema de asistencia del aeropuerto Nuevo Pudahuel se siga refiriendo a las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad como “personas con necesidades especiales” sólo es parte de un sistema que sigue perpetuando la discriminación, haciendo pensar a la sociedad que la dignidad, la accesibilidad y la autonomía es una “necesidad especial”. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dejó claro que la palabra es “persona con discapacidad” y nuestro español nos da el lujo lingüístico de complementar la palabra como una situación para enfatizar el rol del ambiente en la exclusión social. No deben innovar ahí, sólo deben cumplir la ley 20.422.

No vamos a esperar 100 años más para que vuelvan accesibles los aeropuertos y aerolíneas. Si quieren inclusión laboral y educacional, si se desea una inclusión sustantiva, se deben asegurar las condiciones que apelen a la autonomía y no a la caridad. Si Sebastián Piñera hubiese requerido retrasar unos minutos el despegue para explicar al equipo de bodega como sacar una batería, a nadie se le hubiese pasado por la cabeza despegar sin él. No nos dejemos abajo, de eso se trata la inclusión.  

Referencia.
Belobaba, P., Odoni, A., y Cynthia, B. (2009). The Global Airline Industry. United Kingdom: Wiley.

 

CICLETADA DE LAS NIÑAS La ciudad también es nuestra!

Por Catalina Loren Santana

El pasado domingo 9 de septiembre en el marco del Festival Urbano OH! Stgo se desarrolló la Cicletada de las Niñas, organizada por Ciclistas Sueltas y Comunidad Viajar Sola. Esta actividad de carácter familiar logró reunir a diversos asistentes, entre los cuales destacaban madres con sus hijas, hermanas y amigas. Al finalizar la cicletada se realizaron diversas actividades en la explanada del Parque Bustamante, tales como; 1) talleres de mecánica básica, 2) relatos de mujeres ligadas al ámbito de la ciencia, el humor o el deporte 3) dibujos sobre lo que más les gusta de andar en bicicleta, y 4) un picnic colaborativo. En este contexto, Observatorio CITé realizó dos entretenidos juegos: Twister de Educación Vial y Twister de Mujeres Chilenas “Bacanas”, el objetivo era aprender de manera colectiva y lúdica respecto a convivencia vial, y sobre grandes mujeres de la historia nacional.

Pero ¿por qué hacer una cicletada donde las niñas sean las protagonistas?, ¿es esto un gesto discriminatorio, un capricho feminista o guarda razones más complejas que desconocemos? A continuación, revisaremos algunos datos y reflexiones en torno al significado de ser mujer en el espacio público urbano, el rol de niños y niñas en la ciudad, y la situación actual de las mujeres ciclistas en nuestro país y el resto de América Latina, lo cual evidencia la necesidad de realizar y promover este tipo de actividades.

LA MUJER Y EL ESPACIO PÚBLICO URBANO

Al aproximarnos a la idea de espacio público lo primero que podemos observar es la tensión que existe entre su definición original y la expresión real que resulta en las ciudades, por ende, en la vida cotidiana de sus habitantes. Es así como el espacio público se definiría como el lugar donde se concreta la vida pública, el cual permitiría el encuentro y socialización de las personas, así como también, sería el lugar donde podrían ejercer su derecho a expresarse individual y colectivamente, caracterizándose por hacer confluir a la diversidad de sujetos que componen una sociedad. Sin embargo, la desigualdad al ser una parte fundante del orden social tendría a su vez una expresión en el espacio público, donde la diversidad de actores que se encontrarían en él provocaría una confrontación de relaciones de poder, manifestado por medio de restricciones y exclusiones respecto a su ocupación, en cuanto a formas de uso y tipología de usuarios. Es así como la configuración que adquiere la ciudad surgiría a partir de características tanto geográficas como producto de las relaciones de poder entre grupos sociales que disputan el control por el espacio en función de sus propios intereses.

De este modo podemos señalar que los grupos estructuralmente vulnerables de la sociedad serían relegados y excluidos dentro de la lógica de una ocupación plena del espacio público, donde destacan homosexuales, migrantes, adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres, los cuales configurarían sus desplazamientos por la ciudad en función de fronteras invisibles, tanto territoriales como temporales, que se originarían a partir de la violencia invisible (violencia estructural e institucional) pero que se plasma a través de la violencia cotidiana, siendo esta última la que se realza en el contexto neoliberal.

De igual modo, la desigualdad existente entre hombres y mujeres dentro de la sociedad lograría representarse en el espacio público, por medio de restricciones o acoso, convirtiéndonos en cuerpos de deseo o ultraje, pero invisibles como sujetos de derecho para ejercer apropiación del entorno en el que nos desenvolvemos. Ejemplo de esto son los casos de violación, acoso callejero, piropos, publicidad donde se muestra el cuerpo de la mujer como objeto sexual, el repudio a marchar sin sostenes por la calle o la prohibición de amamantar a nuestros/as hijos/as en la vía pública, entre muchos otros casos.

Estas expresiones violentas y discriminatorias no significan solamente un mal rato, sino que tienen efectos en nuestras prácticas cotidianas sobre el espacio público, asociado a la forma en que nos vestimos, las oportunidades de acceso a ciertos lugares, la necesidad de buscar compañía y a la educación que entregamos a niñas y jóvenes bajo lógicas de temor y autocuidado. De esta manera, queda de manifiesto que la planificación urbana además de caracterizarse por contar con una baja y débil participación se encuentra bajo la dirección y decisión masculina, reproduciendo lógicas segregadoras, sin abordarse desde una perspectiva cultural integradora que respete el derecho a la diversidad en el espacio público.

EL ROL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN LA CIUDAD

Tal como señalábamos anteriormente, en la práctica la planificación urbana responde a los intereses de unos pocos, los cuales detentan posiciones de poder político, económico o cultural, sin considerar la opinión de la diversidad de habitantes que viven en las ciudades. Es así como se reconocen a ciertos grupos excluidos en la toma de decisiones respecto a lo urbano y en la definición de los espacios públicos que constituyen la ciudad, dentro de los cuales encontramos a niños y niñas, invisibilizando su particular visión del entorno donde viven y su modo de habitarlo.

Sin embargo, el considerar la perspectiva de niños y niñas en la construcción de las ciudades no solo es un gesto de integración necesario para reconocerlos como sujetos de derecho, sino que también abre un campo de posibilidades a los enfoques que adopta la planificación urbana y recuperación de espacios públicos. Es así como el pedagogo italiano Francesco Tonucci (1996) propone pensar las ciudades desde la perspectiva infantil como una estrategia de integración, dado que los principales elementos que asocian a los espacios públicos refieren a lugares de encuentro, participación, compañía de familiares y amigos, relación con la naturaleza y posibilidad de descanso. De esta manera, desde el punto de vista de niños y niñas, los espacios públicos inciden y permiten la realización y ejercicio de derechos humanos básicos, además de poner en perspectiva no solo el presente de la ciudad, sino que también del futuro.

El reconocer a niños y niñas como grupo de interés en la planificación urbana permitiría pensar los espacios públicos desde un enfoque de derechos, incidiendo en el desarrollo vital de los sujetos, en un sentido personal, colectivo y participativo. En este sentido, propiciaría generar diversidad de usos y ocupaciones por parte de distintos grupos sociales, así como también, incentivar la participación de niños y niñas, entregándoles herramientas y capacidades suficientes para que a futuro se transformen en ciudadanos activos en sus territorios, desarrollando un sentido de afecto e identificación con su entorno, motivando así su cuidado y preservación.

LA MUJER Y EL CICLISMO EN CIUDADES LATINOAMERICANAS

Para nadie ha pasado desapercibido el gran aumento que ha registrado el uso de la bicicleta para la realización de desplazamientos cotidianos en ciudades latinoamericanas. No obstante, han sido escasos los estudios que analizan su diversidad de usuarios y las razones que motivan o restringen su utilización para cada segmento, siendo así poco conocido el gran déficit de mujeres que emplean la bicicleta en América Latina.

 

Los principales motivos que explicarían esta situación se relacionan, por una parte, a la sensación de inseguridad que asocian las mujeres al uso de la bicicleta en la ciudad, al no contar con la infraestructura adecuada, y al alto tráfico y velocidad de vehículos motorizados en las calles. Por otra parte, el patrón de viaje femenino es más complejo que el masculino, dado que en muchas ocasiones se relaciona a las labores del hogar o al traslado de miembros de la familia, generalmente niños y niñas, donde la bicicleta se presenta como una opción poco práctica. Otras razones asociadas al escaso uso de la bicicleta entre las mujeres se vinculan a la percepción de riesgo en los entornos donde se realizan los viajes, el acoso que viven en los espacios públicos, la carencia de habilidades básicas para su empleo, los prejuicios que relacionarían su uso a personas de clases bajas o referido a una actividad infantil, además de un modelo expansionista de crecimiento urbano que incentivaría el uso de transporte motorizado.

 

Es así como en Chile el uso de la bicicleta para desplazamientos al trabajo representaría en el caso de los hombres un 35%, mientras que para las mujeres sería de un 15%, siguiendo la tendencia de ciudades latinoamericanas. Sin embargo, se observa que en los países donde el total del número de ciclistas supera el 10% de partición modal, la diferencia entre hombres y mujeres se equilibra, debido a que, al aumentar el número de ciclistas en las calles, disminuye la percepción de inseguridad asociada a su uso, la cual es una de las razones que más limita el uso de la bicicleta en mujeres.

 

En este sentido, con el fin de equilibrar la cantidad de mujeres y hombres ciclistas el Banco Interamericano de Desarrollo (2017) propone algunas medidas tales como la conexión de vías utilizadas en el desplazamiento de la bicicleta, generando redes que unan distintos puntos de la ciudad; promoviendo la intermodalidad que facilite a la mujer realizar en sus viajes las distintas labores asociadas a su vida laboral, doméstica y familiar; impulsar programas que promuevan una mayor utilización de los espacios públicos para volverlos más seguros; así como también, educarlas en conocimientos viales y mecánicos respecto al uso de la bicicleta con tal de que cuenten con más herramientas para su correcta utilización.

 

Promover una movilidad inclusiva, que atienda las particularidades de los diversos habitantes que se encuentran en las ciudades, se vincula a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU el año 2015, por lo que se vuelve necesario analizar los viajes desde su dimensión social, cultural y física para garantizar el derecho a la movilidad para todos y todas, lo que implica la posibilidad de un total acceso al mundo laboral, educacional, recreativo y social que ofrece el entorno urbano.

 

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Cicletada de las Niñas fue una invitación no solo a tomarse las calles de la ciudad por parte de mujeres de distintas edades y procedencias con fines recreativos un domingo por la mañana, sino que también visibilizar una problemática poco difundida en Chile, rompiendo con un imaginario de la mujer ciclista como deportista o asociada a un objeto de deseo masculino, tal como hemos visto en redes sociales. La mujer ciclista es y puede ser una estudiante que viaja hacia su colegio o universidad, una madre que traslada a su hijo/a o una oficinista que se desplaza hacia su trabajo, dentro de múltiples roles que cumple en su vida cotidiana. Es así como esperamos que a futuro las niñas que asistieron a esta cicletada se transformen en mujeres ciclistas, las cuales usen la bicicleta para sus diversas actividades de manera segura en la ciudad, así como también que las autoridades competentes a planificación y gestión urbana atiendan esta situación de manera integral, respetando la diversidad de habitantes que confluyen en los espacios urbanos.

 

REFERENCIAS

 

Díaz, R., & Rojas, F. (2017). Mujeres y ciclismo urbano: promoviendo políticas inclusivas de movilidad en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo.
Echeverría, C., Camus, M. J., & Ibañez, Á. (2016). Espacios Públicos Urbanos para niños, niñas y adolescentes. Santiago: Consejo Nacional de la Infancia.
Martínez, F. (01 de Junio de 2016). Dejar de ser invisible. Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.
Murray, C. (27 de Agosto de 2018). What would cities look like if they were designed by mothers? The Guardian.
Tonucci, F. (1996). La ciudad de los niños: un nuevo modo de pensar la ciudad. Fundación German Sanchez Ruiperez.
Zuñiga, M. (2014). Las mujeres en los espacios públicos: entre la violencia y la búsqueda de libertad. Región y Sociedad, 77-100.

 

Quintero-Puchuncaví: territorio bajo emergencia tóxica ¿Zona de sacrificio ambiental planificada?

Pablo González Castillo. Licenciado en Historia Universidad de Chile, Magíster en Desarrollo Urbano Universidad Católica. Miembro activo de ONG Observatorio CITé.

Las comunidades de Quintero y Puchuncaví, ambas ubicadas en la región de Valparaíso, se encuentran nuevamente en una coyuntura de crisis ambiental, siendo protagonistas de un aciago caso de contaminación, producto de una nube gris que ha llevado a la ONEMI a decretar Alerta Amarilla por la presencia de metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno en el ambiente.

Esta emergencia química no solo ha afectado al ecosistema circundante, hoy gravemente dañado, sino también ha deteriorado la salud de centenares de habitantes, produciendo intoxicaciones, daños potenciales al sistema respiratorio, afecciones cutáneas, daños neuronales e incluso aumentando la prevalencia de cáncer.

 

Adyacente a ambas localidades se emplaza el Barrio Industrial, que alberga a la fundición y refinería de Codelco División Ventanas, el almacenamiento de combustibles de ENAP, la termoeléctrica de AES GENER, la petroquímica de Oxiquím, el depósito de combustibles de Gasmar, entre otras empresas. La Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, precipitadamente sindicó a las emanaciones de ENAP como el origen del reciente evento de intoxicación, no obstante, tal relación causa-efecto no ha sido comprobada, cobrando en los últimos días mayor fuerza la tesis que apunta como responsable a las emanaciones de Oxiquím y Gasmar (El Mostrador, 28 de agosto de 2018).

 

Retrospectiva del territorio en relegación

Independiente del origen de las emisiones tóxicas, es preciso ponderar las responsabilidades del Estado en la crisis ambiental, que actualmente mantiene en situación de incertidumbre a los lugareños de Quintero-Puchuncaví y alrededores, toda vez que la producción de territorios bajo la etiqueta de zona de sacrificio, debe ser avizorada también desde su dimensión histórica, sociocultural y territorial.

Más allá de la cobertura mediática y el análisis aislado o episódico, es preciso señalar que en pleno impulso del Estado desarrollista, el problema ambiental de Quintero-Puchuncaví surge a partir de la construcción del Parque Industrial Ventanas en 1961, que siete años después, dio origen a un conflicto socioambiental ante la pérdida de cultivos agrícolas producto de las emanaciones de las chimeneas (La Tercera, 24 de agosto de 2018). Con todo, las movilizaciones sociales fueron desarticuladas en Dictadura ante la profundización de un paradigma de desarrollo económico a expensas de la preservación del ecosistema circundante. Por varios decenios, las operaciones de la industria minera se mantuvieron constantes, e incluso, se instalaron otras industrias potencialmente contaminantes en el territorio (El Desconcierto, 27 de noviembre de 2016). En 1993, debido a los altos índices de anhídrido sulfuroso y material particulado (MP 2,5), muy superior a lo permitido por la norma, y presentes en el entorno, el área fue declarada Zona Saturada (ZS), iniciando en consecuencia un débil plan de descontaminación que no prosperó. Mientras tanto, continuó el arribo de otro tipo de faenas químicas, mineras y una termoeléctrica, lo que ha implicado engrosar la amenaza tóxica en el territorio (El Mostrador, 7 de octubre de 2013).

Fundición y refinería de Ventanas, 1966. Recuperado de: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-81737.html

Padecimiento cotidiano y sufrimiento ambiental

En retrospectiva de más de 50 años de contaminación ambiental, permite dimensionar la sentida demanda de los habitantes de Quintero-Puchuncaví y comunidades aledañas. Casos recientes como el cierre de la Escuela de la Greda en 2015, tras la intoxicación de alumnos por la inhalación de gases tóxicos, admiten tener en consideración que la memoria histórica local de los habitantes ha estado trazada por continuas coyunturas de crisis ambiental. Por ello, es fundamental amplificar los relatos de afectación y las demandas que, incluso de forma certera, han argüido los niños de Quintero, tal como fue el viralizado testimonio de Francisca Encina (El Desconcierto, 24 de agosto de 2018).  

El riesgo tóxico, desde la percepción cotidiana de los habitantes, adquiere una importancia sociocultural insoslayable, debido a las incertezas sobre la afectación de los agentes contaminantes con los cuales deben convivir diariamente los lugareños. Para el caso de Quintero-Puchuncaví, la experiencia de vivir en un contexto de riesgo tóxico, detona que los sujetos expuestos a las partículas emanadas por las industrias sean más proclives a la desigualdad socioambiental. Es decir, la inequidad no sólo se traduce en variables socioeconómicas, sino que también significa respirar el peor aire, tomar la peor agua y verse expuestos a mayores niveles de riesgos ambientales y enfermedades, en comparación a habitantes de otros asentamientos que no están inmersos cotidianamente a riesgos tóxicos (Castillo, 2015).  

Los efectos de la contaminación en el entorno y la incertidumbre sobre los efectos en la salud, entonces, han reforzado el relegamiento social y la injusticia ambiental en Quintero-Puchuncaví, reproduciendo relaciones de dominación que ejercen las empresas y el Estado ante la permisividad y la dilatación del problema. Este padecimiento cotidiano por contaminación está produciendo un caso de sufrimiento ambiental (Auyero & Swistun 2008) muy exiguamente atendido desde la institucionalidad pública, puesto que se ha preferido tratar las crisis de forma episódica y, a lo más, tomando medidas reactivas.

¿La planificación de una zona de sacrificio?

Bien saben los que se dedican a la planificación urbano-territoriales que emplazamientos como el Barrio Industrial de la bahía de Quintero-Puchuncaví no obedecen a una localización espontánea o al libre arbitrio de la iniciativa industrial, toda vez que las localizaciones se deben ajustar a una serie de planes de desarrollo  e instrumentos de planificación (urbana, territorial y ambiental) con el objeto de regular, la siempre compleja convivencia entre industrias potencialmente contaminantes y asentamientos humanos.

A modo de presunción, es posible sostener que desde la década de 1960, el Estado comenzó a prefigurar a las comunas de Quintero y Puchuncaví como áreas de producción industrial ante el advenimiento de la fundición y refinería de Ventanas, y cuya configuración industrial del territorio se ha proyectado hasta la actualidad. El rol del Estado en materia de planificación de los territorios, nos advierte sobre el fracaso de un modelo de desarrollo económico insustentable que -tal como si fuese la crónica de una crisis ambiental anunciada- terminó por cristalizar la poco feliz declaratoria de Zona Saturada (ZS), signando los territorios ambientalmente degradados y con bajos niveles de salubridad, lo que la postre, repercute en la etiqueta de zonas de sacrificio. Por ende, el caso de Quintero-Puchuncaví debe ser posicionado desde una crisis ambiental y de salud pública, pero cuyo fenómeno también debe ser advertido desde la arista de la producción de los territorios bajo injusticia ambiental.     

 

Reflexiones finales

La actual emergencia química de Quintero-Puchuncaví no debe ser analizada como simple episodio que responde a circunstancias aisladas. Más bien, el análisis crítico debe apuntar a la comprensión del fenómeno en retrospectiva y desde su dimensión sociocultural, poniendo en relieve lo que significa habitar cotidianamente bajo sufrimiento ambiental. Por otro lado, es fundamental relevar el aporte del análisis territorial, para comprender, de forma integral, la relación entre éste y otros casos de menoscabo ambiental en el país, tales como: el acopio de metales pesados en Antofagasta; la penetración de partículas de relaves tras el histórico embancamiento de la bahía de Chañaral; la emisión de gases contaminantes en la conurbación Paipote-Copiapó, la contaminación atmosférica en ciudades como Coyhaique y Temuco, entre otros casos.

Avanzar hacia mayores cuotas de justicia ambiental en territorios de relegación tóxica, supone propender a la implementación de una política pública integral y reforzar el marco legal chileno con normas de planificación urbana y ambiental congruentes que protejan la salud de las comunidades.  No obstante, ello necesariamente debe ir acompañado de un cambio en el paradigma de desarrollo, con el objetivo de generar un modelo económico que no sobrepase la capacidad de carga de los ecosistemas y, de esta manera, garantizar un medio ambiente libre de riesgos para los habitantes.

Referencias

Auyero, Javier & Swintsun, Débora (2018). Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental. Buenos Aires: Paidós.

Castillo, Mayarí (2015). “Desigualdades socioecológicas. Miradas etnográficas sobre el sufrimiento ambiental en los casos de Ventanas y Arica”. En: Castillo, Mayarí y Maldonado, Claudia (Eds.). Desigualdades. Tolerancia, Legitimación y Conflicto en las sociedades latinoamericanas. Santiago de Chile: Ril Editores.

El Desconcierto (24 de agosto de 2018). El admirable reclamo de niña de Quintero: “Perdemos nuestro derecho a estudiar por el aire cochino que tiran las empresas”. Recuperado de:

http://www.eldesconcierto.cl/2018/08/24/el-admirable-reclamo-de-nina-de-quinteros-perdemos-nuestro-derecho-a-estudiar-por-el-aire-cochino-que-tiran-las-empresas/

El Desconcierto (27 de noviembre de 2016). Quintero, Ventanas y Puchuncaví: Medio siglo de muerte silenciosa en la bahía chilena. Recuperado de:

http://www.eldesconcierto.cl/2016/11/27/quintero-ventanas-y-puchuncavi-medio-siglo-de-muerte-silenciosa-en-la-bahia-chilena/

El Mostrador (7 de octubre de 2013). Campiche: la termoeléctrica que Bachelet respaldó cediendo al lobby político norteamericano. Recuperado de:

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/10/07/campiche-la-termoelectrica-que-bachelet-respaldo-cediendo-al-lobby-politico-norteamericano/

El Mostrador (28 de agosto de 2018). Algo huele mal: informe técnico de 2017 pone la lupa en empresa de gas dirigida por Ricardo Cruzat en Quintero. Recuperado de:

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/28/algo-huele-mal-informe-tecnico-de-2017-pone-la-lupa-en-empresa-de-gas-dirigida-por-ricardo-cruzat-en-quintero/

La Tercera (24 de agosto de 2018). Quintero y Puchuncaví: la zona de sacrificio. Recuperado de:

https://www.latercera.com/nacional/noticia/quintero-puchuncavi-la-zona-sacrificio/295044/

Observatorio CITé participa en Jornada de Construcción de Saberes desde la Experiencia

El pasado sábado 4 de agosto del 2018 se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile una Jornada de Construcción de Saberes desde la Experiencia, organizado por el Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas, Colectivo Caracol y el Magíster en Psicología Comunitaria de esa misma facultad.

En esta ocasión dos integrantes de nuestra organización, Álvaro Besoaín y Catalina Loren, estuvieron a cargo del Taller “Juegos Urbanos: Metodologías Participativas para la reflexión y socialización barrial”, en el cual presentaron la experiencia de co-creación y aplicación de diversos juegos urbanos desarrollados por CITé.

 

En la presentación se realizó una breve revisión de las bases teóricas desde donde surge el trabajo con juegos urbanos, el rol que ha cumplido el juego en la construcción y percepción de las ciudades a lo largo de la historia, las potencialidades del juego urbano en los procesos de participación ciudadana, la experiencia y aprendizajes obtenidos con los juegos Citépolis y Villápolis, y por último cerramos la jornada jugando colectivamente Citépolis, conociéndolo así desde su práctica.

Este encuentro permitió no solo presentar nuestros saberes respecto a juego urbano, sino que también conocer las experiencias de los asistentes en torno a esta metodología de trabajo comunitario y reflexionar en conjunto respecto sus beneficios. Dentro de las principales ideas compartidas se rescatan las de entender el juego urbano como posibilitador de encuentros interculturales e intergeneracionales, su capacidad para recoger la visión del habitar cotidiano en niños y jóvenes, el tablero de juego como un instrumento que facilita el diálogo y apropiación en diversos contextos sociales y territoriales, así como también, el desarrollo de procesos co-creativos que involucren y den mayor protagonismo a los diversos habitantes de los barrios en la ciudad.

1 2 3