La movilidad cotidiana con perspectiva de género

Autoras: Catalina Loren, Gricel Labbé. ONG Observatorio Ciudades Integradas al Territorio (CITé)

En el contexto de las diversas demandas que han sido difundidas por el movimiento feminista a nivel nacional e internacional, podemos encontrar un conjunto de temas, los cuales muchas veces son categorizados dentro de un ámbito privado, tales como las labores domésticas, o bien a un ámbito público, como acceso a educación y trabajo. Sin embargo, ambas esferas tarde o temprano se ven relacionadas, dado que la vida privada posee un correlato con la ocupación y apropiación del espacio público a diario por parte de niñas, jóvenes y mujeres, cuyos usos a su vez tienen una expresión tanto fija como móvil.

Dentro de la categoría del habitar móvil, logramos identificar algunas particularidades dentro de la movilidad femenina, la cual estaría caracterizada por una mayor frecuencia (7% más de viajes en día laboral al comprarlos con los realizados por hombres), un mayor uso del transporte público y caminata[1], pero a su vez, algunas dificultades cotidianas con las que niñas y mujeres se ven enfrentadas en sus viajes habituales.

El sistema patriarcal y capitalista determina que la economía del cuidado debe estar a cargo de las mujeres, justificando esta imposición a partir de ideas que provienen de erróneas consideraciones sobre el rol que deben jugar las mujeres en la sociedad, y amparadas muchas veces por doctrinas religiosas o estudios pseudo-científicos. Es así como las mujeres para el cumplimiento de estas labores cotidianas, tales como el traslado de niños/as a centros educacionales, de adultos/as mayores a centros de salud, o la realización de compras para el hogar, despliegan un conjunto de estrategias para que sus traslados por la ciudad sean lo más expeditos y eficientes posibles, considerando este complejo patrón de movilidad.

Sin embargo, todas estas maniobras se ven dificultadas por el tipo de planificación urbana que se ha desarrollado por décadas, la cual ha estado a cargo de hombres que ordenan el territorio, construyendo infraestructura y creando sistemas de transporte en función de los usos que un hombre productivo y de mediana edad realizaría[2], excluyendo así no sólo a la diversidad de mujeres que también habitan el territorio, sino que también a niños/as, personas en situación de discapacidad, adultos/as mayores, entre otros.

En este sentido, la necesidad de entender y organizar la movilidad de manera inclusiva y desde una perspectiva de género se vuelve cada vez más relevante. Ya sea por la diversidad de desplazamientos que realizan hombres y mujeres, considerando sus diferencias en cuanto a modos, finalidades y riesgos latentes (acoso callejero). Pero a su vez, por la dispersión y configuración que están adquiriendo los territorios urbanos en la actualidad, los cuales obligan a sus habitantes a ser más móviles, empleando más tiempo de su vida a la realización de viajes cotidianos y recorriendo mayores distancias, desafiándonos a reconceptualizar los espacios asociados a la movilidad como escenarios en constante dinámica y transformación.


[1] Isabel Serra en: http://www.newindie.org/movilidad-mujer/

[2] Paola Jirón en: http://www.uchile.cl/noticias/151756/seis-mujeres-de-la-u-de-chile-analizan-los-desafios-del-pais

La privatización del agua en un Chile que se seca

Por Ignacio Arce.

A fines de enero pasado desde el Ministerio de Obras Públicas se presentó una indicación sustantiva a la modificación al Código de Aguas que lleva varios años tramitándose en el Congreso, la cual actualmente se encuentra en discusión en la Cámara del Senado.

Uno de los aspectos más polémicos de tal indicación va en el orden de materializar como “indefinidos” a cerca del 10% del total de los Derechos de Agua que actualmente pueden ser transados en el mercado, indicación contraria a la reforma al Código de Aguas impulsada en el segundo gobierno de Bachelet, que establecía la caducidad de las concesiones de estos derechos tras 30 años desde su adjudicación.

Este señalamiento no solo va en contra del tibio intento de resguardo público del agua que se heredó de la administración anterior, también va en contra de las recomendaciones de expertos y grupos ambientales que discuten sobre la urgente necesidad de volver a considerar el vital recurso en vista a su función socio-ecológica por sobre el derecho privado y las oportunidades que genera para el libre mercado.

Por una permanente pérdida de memoria social y recurrente actitud cortoplacista de las autoridades, hay que tener siempre en cuenta algunos elementos sensibles para esta discusión; Chile es el único país en el mundo donde el mercado define el acceso y gestión del agua, al mismo tiempo es uno de los más afectados por el cambio climático y la futura disponibilidad hídrica.  Y lo que es más grave, no existen en la actualidad políticas ni planes generales para el manejo de cuencas hidrográficas, un cierto dejo institucional que deriva en lamentar escenarios de descontrol que da como resultado que durante los últimos 10 años la sobreexplotación, el aprovechamiento ilícito y el mal manejo del recurso haya generado que cerca del 75%, de 101 cuencas que registra el Código de Aguas, mostraran signos de estrés hídrico.

La sobreexplotación y sus consecuencias son posibles de observar desde las extensas plantaciones de paltos y el “cartel del agua” de Petorca, que llamó la atención de la prensa alemana, hasta los paisajes artificiales en los entornos siempre verdes de Chicureo y sus condominios cerrados adornados con lagunas artificiales. Precisamente, en la Región Metropolitana, hacia donde avanza el desierto de norte a sur, el problema se está haciendo crítico. Desde finales del año pasado se han realizado simulacros a nivel institucional para enfrentar escenarios de sequías prolongadas o por el corte del suministro por un fenómeno hidrometereológico. Mientras tanto, diversas zonas rurales dependen cotidianamente de camiones aljibes como única respuesta de los gobiernos para reemplazar esteros y pozos secos.

Según la discusión llevada a cabo por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la situación en algunas partes del país e incluso la de Santiago no dista mucho de Cuidad del Cabo, que estuvo durante el año pasado al borde del desabastecimiento y dependiente a la suerte de los elementos para evitar una crisis socioambiental.

Es propio argumentar entonces que, respecto al problema del agua en Chile, el Estado está frente a un tema extremadamente complejo donde pareciera que les da la espalda a los ciudadanos, comunidades, así como a sus entornos ambientales, y mira hacia el sector económico empresarial donde siempre ha existido una relación más “fluida”. No podemos sorprendernos después cuando ciertos sectores privilegiados de la sociedad que convenientemente trabajan transitando entre el Estado y el empresariado, concentran y expanden su propiedad y sus derechos, haciendo que los mercados como el agua y el suelo, por ejemplo, sean opacos y particularmente desiguales, distorsionados por la especulación impune a gran escala empleada por el sector social dueño de la riqueza y la información.

Este sector social conoce la complejidad de este problema que nos concierne a todos y sí toma cartas en el asunto en un campo de acción donde ellos tiene una influencia desproporcionada. Los diferentes gremios que están interesados en tener “certeza jurídica” sobre la propiedad privada y absoluta del agua; la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, operadores de termoeléctricas, el sector inmobiliario residencial, y algunos canalistas/ propietarios menores, son los agentes que en Chile concentran la mayor cantidad de Derechos de Agua, ellos son los que exigen “certeza jurídica” para sus intereses privados y cuentan con un aparato tecno-político y comunicacional que les permite influir en la política y configurar discursos. Este aparato obliga al ministro actual a llegar a tener que distinguir públicamente la perpetuidad de la infinitud…

Si bien esta última indicación no es la más importante que ha afectado al Código de Aguas y a la historia de la autoritaria privatización hídrica en Chile, es una señal que debemos interpretar con hastío y preocupación frente a la recurrente perspectiva de los gobiernos representativos, evidentemente cortoplacista y no enfocada en la fragilidad socio-ecológica de Chile. Sepultando la realidad necesidad de aceptar y promover legalmente que el agua tiene una función humana, social y ambiental tan innegable como vital, esta modificación al Código es una señal cargada con una indolente despreocupación y directamente maltrato al bienestar socio-ecológico de su propio país que se está secando. Para qué hablar de un evidente resguardo a la sobreexplotación con características de clase sobre un recurso vital para nuestro futuro.

La problemática del agua en Chile es todavía un clamor invisibilizado pero incontenible en un futuro cercano, probablemente el temor al desabastecimiento y a la crisis generará más consciencia sobre este problema, y allí el Estado reaccionará, como siempre. Por lo tanto, nos queda pensar desde las comunidades locales y barriales para tomar organizadamente nuestras propias acciones, antes de caer en el eterno complejo de valorar nuestros entornos y sus recursos cuando ya los hemos perdido.

De cóndores y pumas: Una Ecología y Urbanización depredadora de los ecosistemas.

Por Gricel Labbé y Natalia Vernal

En enero de 2019 se viralizaron a través de redes sociales, dos videos de animales (no humanos) en espacios residenciales en la periferia oriente de Santiago, justamente en el sector que concentra las familias de mayor poder adquisitivo del país.

El primer video muestra a un puma, felino, que luego de una estrepitosa caída desde un árbol en Lo Barnechea es salvaguardado por miembros de las instituciones a cargo de dichas materias. El segundo video corresponde a un par de cóndores apropiándose de un asado en Lo Curro, comuna de Vitacura.

Algunos grupos animalistas, cuestionan las medidas de rescate del puma debido a su “espectacular caída”, como a la vez debatían acerca la alimentación de los cóndores, pero, la discusión no apuntaba a la invasión y depredación de sus hábitats. Es por ello, que la pregunta sobre la cual debemos reflexionar es ¿Cómo hemos ido construyendo ciudad y qué debemos hacer para frenar los efectos que genera la urbanización en los ecosistemas?

En primer lugar, es importante aclarar que estos avistamientos no son fortuitos y mucho menos anecdóticos, sino que reflejan la aguda crisis socio-ambiental que estamos desencadenado por una urbanización que a todas luces responde a la paradoja de la planificación, es decir, tenemos excesos de instrumentos pero nulos efectos. 

El problema de los instrumentos de planificación es que no han sido capaces de generar un ordenamiento territorial sustentable porque 1) la mayoría son guiados, orientados, y ejecutados en una relación estrecha entre; la academia, investigadores y tecnócratas que a través de sus conocimientos parcelados difunden o promueven ideas (circuito de ideas centro-periferia, norte-sur, primer mundo-tercer mundo) las cuales no calzan con las realidades territoriales y escalares, 2) instituciones públicas que funcionan como facilitadores de procesos de planificación, e inclusive se vinculan política y económicamente con los agentes del mercado, y 3) instituciones privadas, quienes empujan a realizar los cambios normativos en post de conseguir “desarrollo” en las realidades locales, pero movidos por intereses económicos.

Esta tríada, claramente pasa por alto, una y otra vez, los socavones que generan sobre el medio ambiente humano y no humano (animales), entre los cuales se encuentran; 1) alteración del ciclo hidrológico y pérdida de calidad del agua, 2) impactos en los balances de energía y en los microclimas, 3) degradación, pérdida y fragmentación de hábitats, aéreos, acuáticos y terrestres, que se destruyen al impermeabilizar sus superficies 4) degradación de los arroyos 5) efectos sobre los hábitats terrestres , 6) Cambios en la estética de los arroyos y paisajes[1], etc.


La preocupación e investigación que ha emergido de la urbanización de la precordillera apunta principalmente al problema de los riesgos socio ambientales desencadenados por el asentamiento de viviendas en zonas de amenazas latente, sin embargo no es la degradación del territorio animal y vegetal la que interesa, sino que como esta depredación afecta al hombre: “ya que la preocupación (…) es la pesca, no el pescado, son los bosques, no sus habitantes no humanos utilizados como recursos para uso humano, los cuales no son vistos como animales con valor inherente”[1]

El problema de fondo, es estructural  y corresponde a la construcción de territorios desde una mirada parcial afincada en diversos niveles de violencia. Quienes ejercen la violencia no son los propietarios rurales que vive en un rancho, sino los grandes agentes privados que traen a estos espacios modos de vida completamente ajenos e insustentables, que obligan al desplazamiento, migración o muerte de los residentes del ecosistema anterior, como también son responsables los actores públicos que han permitido desde un punto de vista normativo que este escenario se materialice.

Por el contrario, nuestra propuesta avanza hacia el respeto sobre especies y los ecosistemas, aplicando 1) una ética de la justicia y no opresión hacia animales, ecosistemas y humanos, y 2) generar tácticas de acción directa en las diversas escalas.

Deseamos avanzar hacia una teoría y práctica holística y emancipatoria, en donde comencemos a imaginar a los humanos y no humanos como co-construidos dentro de una elegante simetría de la existencia y donde la tierra misma se considera un todo integral. Cuando comencemos a pensar y a construir ciudades desde este enfoque, desde la ecología de la liberación total, todo signo de violencia desaparecerá en los territorios, por ende, el puma y el cóndor como otros tantos caminarán libres y restaurarán sus hábitats.


[1] Romero, Hugo, & Vásquez, Alexis. (2005). Evaluación ambiental del proceso de urbanización de las cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile. EURE (Santiago), 31(94), 97-117. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612005009400006

[2] Best, S. (2012).Total liberation and moral progress: the struggle for human evolution. In:

Animal Ethics: Past and Present Perspectives. Ed. Protopapadakis, E. D. Berlin: Logos Verlag, pp. 233-256.en Springer, Simon. (2019). Total Liberation Ecology: Integral Anarchism, Anthroparchy, and the Violence of Indifference

URBANISMO CIVILIZATORIO: EL CASO DEL JARDÍN JAPONÉS EN SANTIAGO

Catalina Loren S.

 

El pasado viernes 11 de enero, después de dos años de remodelación, fue reinaugurado el Jardín Japonés ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, el cual fue ampliado aumentando su superficie e incluyendo nuevas atracciones tales como senderos, escaleras y lagunas. Su apertura, sin embargo, abrió un debate interesante respecto al rol que cumple la planificación urbana respecto a usos y hábitos que se desarrollan en el espacio público, dado que muchos de los visitantes utilizaron sus dependencias por medio de prácticas que “no respetaban la vocación de este espacio”, en opinión de Juan Manuel Gálvez, el arquitecto a cargo de este proyecto.

A partir de estos comentarios el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, respaldó esta idea señalando que se debe enseñar y formar a las familias visitantes respecto cómo cuidar el parque, dado que ha existido un uso distinto al adecuado, debiendo entender que hay ciertos usos asociados al espacio, donde actividades tales como jugar, hacer picnic o bañarse pueden realizarse en otras dependencias del Parquemet, porque el Jardín Japonés está destinado a la meditación y contemplación. Sin considerar, además, que muchas de estas dependencias exigen el pago de una entrada, excluyendo así a los visitantes que no tienen la capacidad de costearla y alejando así el sentido público asociado a estos espacios.

Frente a estas declaraciones surgen diversos cuestionamientos respecto al rol civilizatorio que tendrían las autoridades a cargo de temas urbanos y profesionales vinculados a proyectos realizados en la ciudad, planificando y construyendo en función de ideales, y no a partir de usos habituales del espacio y requerimientos de la población. En relación a este caso, el antropólogo Miguel Pérez señala que “la vocación de los espacios de la ciudad nunca es definida a priori, que los que deciden cuál es su uso y vocación son los mismos usuarios. Uno puede dar directrices, pero nunca anticipar cuáles van a ser sus usos”.

Es así como esta discusión nos hace recordar un elemento propio de la cultura chilena, que ha estado arraigado desde los albores de nuestro país, el cual logra ser reflejado a través del concepto de derrotismo cultural señalado por Pérez, e ilustrado de manera brillante si revisamos el pensamiento de Diego Portales. Este político chileno que desempeñó un importante papel en la constitución del Estado chileno planteaba en 1822 que “la Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República”, manifestando así la necesidad de “enderezar” a los ciudadanos en el camino del orden y virtud, para posteriormente desarrollar un gobierno libre y con ideales, donde sus ciudadanos sean parte.

De esta manera es como podemos observar que esta lógica de pensamiento ha logrado permanecer hasta nuestros días, viéndolo resumido en la frase “Es que Chile no está preparado” frente a cualquier proyecto que se quiera implementar, o con el caso del Jardín Japonés, donde se castigan los modos de apropiación del espacio público ya que no se ajustan a los ideales y expectativas de planificadores urbanos, revelando así una muy baja valoración de lo local, de lo que es propio y ya existe, como es una experiencia sensorial directa y caracterizada por el tacto de la cultura latina sobre los territorios habitados, que permiten establecer una relación entre las personas y el mundo, mediada por el espacio y bajo sus propias lógicas culturales (Giglia, 2012).

En este sentido se vuelve necesario considerar las ideas de Giglia (2017) quien plantea que es muy peligroso el determinismo espacial que se sigue recreando al intervenir los espacios públicos en distintas ciudades actualmente, en donde se pretende moldear e intencionar determinados usos del espacio en los ciudadanos a partir del diseño arquitectónico y el mejoramiento físico de sus entornos. Planificar y proyectar los espacios públicos bajo esta lógica hace no considerar elementos esenciales al momento de pensar los lugares habitados, como son la memoria, significados atribuidos a ellos y usos previos que se desarrollen. De este modo, al imponer reglas de uso en los espacios colectivos, estableciendo lo que es adecuado y permitente, niega componentes como la creatividad e imaginación asociada a éstos, olvidando así usos locales, tradicionales o emergentes. A su vez, se problematiza la crisis de sociabilidad por la que atraviesan las ciudades hoy en día, donde son cada vez menos los lugares de encuentro e intercambio entre las sub-culturas urbanas que coexisten, desarrollando así espacios segregados y degradados que no están preparados para la presencia de individuos cada vez más diversificados, móviles y con prácticas de uso, apropiación y significación impredecibles (Giglia, 2012).

El caso del Jardín Japonés se presenta como una situación ideal para replantearnos las lógicas y modos bajo los cuales se está planificando y construyendo la ciudad, donde queda de manifiesto el desafío de vincular de manera adecuada las intervenciones urbanas con el sentir de los habitantes, sus modos de vida, requerimientos y deseos. En este sentido, creemos que el abrir el diálogo ciudadano, generar el encuentro y aplicar metodologías de diseño participativas e innovadoras se vuelve un requisito esencial en la actualidad para trabajar de modo colaborativo en los espacios públicos, los cuales deben ser creados y recreados por todos y todas, respetando así su derecho a la ciudad.

Referencias

Ferrer, C. (16 de enero de 2019). El masivo debut del Jardín Japonés: Análisis al “uso distinto a lo adecuado” del parque en su primer fin de semana. EMOL.

Giglia, Á. (2012). Cultura, cultura urbana y cultura metropolitana. En Á. Giglia, El habitar y la cultura. Pespectivas teóricas y de investigación (págs. 45-63). Barcelona: Anthropos.

Giglia, Á. (2017). Espacio publico, sociabilidad y orden urbano. Cuestión Urbana, 15-28.

 

A propósito de “los chilenos propietarios” y el acceso a la vivienda

Las palabras del Ministro de Vivienda y Urbanismo en agosto de este año, en la comisión de Vivienda y Urbanismo del senado, que se hicieron famosas esta semana con la difusión del video de la cuña por parte del diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal de Chile) “…sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más; la casita, dos departamentos, y ahí se radica el patrimonio de los chilenos”, causaron una controversia recogida por redes sociales, diversos medios de comunicación y actores relevantes de la política nacional, tomándose la agenda por un día.

Dejando de lado las aclaraciones semánticas y de contexto de lo que “en verdad quiso decir”, y la lluvia de cifras que trato de poner a prueba la idea central expuesta por el ministro, que era que los chilenos somos propietarios de más de un inmueble, y que, a nuestro juicio, demuestra que el ministro se equivocó, situación que más o menos queda en evidencia cuando, segundos posteriores a la cuña, el mismo ministro señala “… pero hoy día, no sé los porcentajes, no los manejo, pero el porcentaje altísimo del patrimonio es la propiedad, asociado una casa, un departamento, una casa en la playa o un terreno”, es pertinente entregar otra arista al problema de los chilenos propietarios.

Cuando el ministro habla de “la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios” y, para justificar este juicio, posteriormente entrega el porcentaje de hogares que declaran ser propietarios en la encuesta CASEN 2017 como lo hizo en su cuenta de twitter, se podría dar por cerrada la discusión ya que, al menos, logra demostrar una interpretación de sus dichos. Sin embargo, la sola exposición del tipo de tenencia de un hogar no muestra lo complejo del fenómeno de la propiedad y el acceso a la vivienda en Chile.

En particular, uno de los principales supuestos que encierra la afirmación del ministro, es que los chilenos hemos tenido la libertad de acceder a la adquisición de una propiedad. Esta noción puede estar alimentada por las cifras que se manejan en el mercado inmobiliario, donde se han edificado 1.210.568 viviendas nuevas entre los años 2009 y 2017, según cifras del INE a partir de los permisos de edificación. A esto se puede sumar la expansión de la clase media que, en otras palabras, significa que los hogares presentan mayores ingresos, lo que les permite adquirir más compromisos financieros como los de un crédito hipotecario, cerrando el circulo virtuoso entre una oferta sostenida en el tiempo y una demanda con capacidad de compra.

El problema en este escenario es que, al observar datos complementarios a la simple tenencia, no se evidencia un impacto inequívoco de estas tendencias (producción de vivienda y mayores ingresos) sobre el déficit habitacional, sobre los hogares que requieren una vivienda. El siguiente gráfico expone en la línea roja el déficit habitacional (medido como número de viviendas irrecuperables, número de hogares y núcleos allegados hacinados) según el total de hogares del país y en las barras azules el número de viviendas nuevas. Como se puede aprecia, a pesar de la constante construcción de nuevas viviendas que anualmente alcanza un promedio de 136 mil unidades en el período, el déficit ha fluctuado, alcanzando un máximo de 9,9% en 2011 y un mínimo de 7,2% en 2015. El aumento especifico en el último tramo, 2015-2017, es producto del aumento de hogares allegados que alcanzó los 300 mil en ese año, representando un aumento de casi el 64% desde el 2013, y, en menor medida, al aumento de viviendas irreparables (cerca de 4 mil de aumento). Por otro lado, y sólo a modo de ilustración del fenómeno, si se hubiese destinado la producción total de viviendas para cubrir este déficit habitacional, en 5 años este problema se hubiese resuelto.

 

Entonces, ¿quiénes son los que acceden a las viviendas que se construyen anualmente? ¿Son los 203 mil hogares (según CASEN 2017) que concentran el nuevo stock de viviendas? ¿por qué no es constante la disminución del déficit si el mercado inmobiliario ha producido viviendas constantemente en la última década? En este contexto, es posible que el ministro haya develado inconscientemente el principal problema que tiene el acceso a la vivienda actualmente, y que no ha permitido disminuir el problema de los hogares que no poseen un inmueble, y es que existen chilenos, no todos, sino unos pocos, que sí poseen más de una vivienda, acaparándolas por ser una inversión segura y aprovechándose históricamente de beneficios tributarios como el IVA a las viviendas nuevas que la reforma tributaria del gobierno anterior eliminó.

COMUNICADO OBSERVATORIO CITé CIUDADES INTEGRADAS AL TERRITORIO

Reflexión sobre el caso Catrillanca.

Como ONG Observatorio de Ciudades Integradas al Territorio (CITé), no hemos podido quedar indiferentes ante la violencia desproporcionada ejercida a manos del Estado y, por tanto, hemos redactado el siguiente comunicado con el fin de desviar la discusión desde la crónica roja periodística, que ha buscado entender el evento como un hecho puntual y fortuito. Nuestro objetivo como organización es aportar a la comprensión de la complejidad de los territorios y sus comunidades. Por esto consideramos fundamental entender la genealogía del problema que comienza a raíz del desarrollo de un Estado-nación racista que construye constantemente un otro disruptivo.

 

Hoy queremos destacar tres puntos que nos parecen fundamentales a raíz de lo que ocurre actualmente en el Wallmapu. En primer lugar, nos referimos a la violencia de Estado ejercida sobre quienes supuestamente deben ser protegidos y también al establecimiento de un Estado-nación que protege los intereses de grupos elitistas. En segundo lugar, profundizaremos respecto a la cultura de la “chilenidad racista” como constitutiva de una sociedad altamente segregada que sustenta a la institucionalidad. Finalmente, hablamos sobre los efectos que genera el Estado y una sociedad alienada y enajenada en los habitantes de la zona, ejemplificando como consecuencia que la Araucanía es hoy la región más pobre del país.

 

  1. La constitución de un Estado-nación que protege los intereses de ciertos grupos económicos.

Con respecto a la violencia de Estado, esta se lleva ejerciendo de forma ininterrumpida, haciéndose presente en la zona desde hace más de 200 años como han documentado diversos historiadores. La violencia en la región de la Araucanía no comienza con la irrupción del Comando Jungla, sino que se arrastra desde la época de la conquista española, “hay un dispositivo colonial que sólo cambia en sus matices históricos y hoy tiene la espectacularidad que requiere su Plan Araucanía” (Catrileo, 2018, p.1). Pero, ¿por qué sí este tipo de violencia que se arrastra desde hace mucho tiempo, es hoy noticia? La explicación tiene dos aristas, 1) por un lado, se busca criminalizar a las comunidades indígenas, lo cual permite validar las intervenciones militares en pos de la paz y el mantenimiento de la gobernabilidad del país, y 2) porque hoy la violencia ha escalado a niveles no vistos desde hace varios siglos, en pos de defender los intereses de los grandes empresarios económicos del país. Frente a este escenario hace sentido lo postulado por el filósofo Han (2016), “nos encontramos ante una sociedad que sanciona la violencia física como un medio para un fin. Es una sociedad sangrienta, distinta a la sociedad moderna, que es una sociedad del alma. Aquí, los conflictos se resuelven directamente con el uso de la violencia, es decir se eliminan de golpe” (p.15).

 

De esta forma, el asesinato de Camilo Catrillanca, es un caso más de violencia estructural, institucional e histórica.  La intervención política, de los medios de comunicación y las fuerzas coercitivas (comando Jungla) han ido transformando un acto de reivindicación, en un ejercicio de terrorismo que supuestamente atenta contra la paz de los migrantes que si queremos, aquellos que poseen el capital económico, político, social y cultural, aquellos de apellidos europeos, poseedores de las tierras, como por ejemplo, la sociedad forestal CMPC, propiedad de la familia Matte.

 

  1. La chilenidad racista como constitutiva de una sociedad altamente segregada

Una investigación del Centro de Estudio de opinión ciudadana y la Universidad de Talca[1] arrojó que el 70,6% de los chilenos considera pocos atractivos los rasgos físicos de los mapuches. En relación a esto, más de la mitad niega tener antepasados indígenas. Sin embargo, la realidad se encuentra estampada en el rostro de los millones de chilenos que transitan diariamente por las avenidas, en las cuales es imposible ocultar el mestizaje. Pero no sólo la piel es motivo de discriminación y racismo, sino también lo simbólico, según la misma encuesta el 70,7% de los encuestados cree que tener un apellido de origen mapuche puede perjudicarlos en el ámbito laboral, no es de extrañar entonces, que en Chile sea tan frecuente los cambios de apellidos, las cirugías estéticas y que la tintura “blonde” (rubia) sea la más vendida[2], con el objetivo así de alejar cualquier asociación a lo indígena.

 

Sin embargo, ¿existe una “raza” chilena, distinta a los pueblos originarios? la obra “Raza Chilena”, publicada en 1904 proponía la posible existencia de un único linaje, producto de la mezcla de los mapuches con los españoles. Sin embargo, el proyecto Chile Genómico (2012-2015), que estudió una muestra de 3 mil personas vino a desmitificar la existencia de una raza chilena propiamente tal:  

 

“La distribución es muy pareja, oscilando el origen europeo en alrededor de 50%, el origen amerindio en alrededor de 48%, y el africano entre un 2% y un 3% promedio. Aunque según la región de Chile que miremos, estos porcentajes varían, oscilando el origen amerindio entre un 35% y un 55%, y el origen europeo entre un 40% y un 60%”.

 

Pero quizás más importante aún, ¿existen las razas? investigaciones (Correa, 2016; Appelbaum, Macpherson, & Rosemblatt, 2003; Margulis, 1999; Wallerstein & Balibar, 1991), han respondido a esta interrogante planteando que las razas son una construcción ideológica para imponer superioridad respecto a ciertos aspectos fenotípicos, pero que muchas veces no tiene nada que ver con el genotipo. Los rasgos físicos muchas veces no se condicen con los genes, una persona caucásica perfectamente puede tener un gran porcentaje de genes africanos, por tanto, se cuestiona cada vez el concepto de la raza, ya que todos somos producto del mestizaje.

 

Toda esta discusión está arraigada en una chilenidad racista que es inmune ante otro/a (Tijoux, 2016). La generación de este discurso e imaginario falso referente a la raza chilena, tiene sus orígenes en la colonia, en pos de la búsqueda de una identidad alejada a la del “guacho”, sin embargo, esta forma de representación y visualización a sí mismo trascendió más de dos siglos y hoy se constituye como una verdad, en la cual la raza chilena va fusionada a ciertas características tanto del fenotípicas como también atributos intelectuales, como que los chilenos son más esforzados y más inteligentes, en desmedro de las comunidades originarias que se les tilda de flojas, borrachas, sucias, salvajes y feas. Este imaginario está fuertemente arraigado en la elite económica-política-cultural y social chilena, que se visualizan a sí mismos como legítimos herederos europeos, sin embargo, y tal como han ayudado a desmitificar ciertos estudios, los orígenes indígenas están presentes en todos los estratos socioeconómicos, incluso en el de las más altas élites.  

 

[1]https://www.radioactiva.cl/2018/02/el-40-de-los-chilenos-prefiere-a-los-rubios-y-la-mayoria-considera-feos-los-rasgos-mapuches/

[2] https://www.elciudadano.cl/columnas/chile-no-es-un-pais-xenofobico/11/16/

 

“la distribución genética por estrato socioeconómico, también encontramos que es relativamente pareja. El grupo ABC1 tiene un 40% promedio de genes amerindios, el C2 un 44% y el C3, 48%. En tanto, los grupos D y E, un 54%. Por lo tanto, somos un país netamente mestizo, y esta mezcla cruza transversalmente toda nuestra sociedad” (López, 2016).

 

Estos discursos respecto a la raza no hacen más que perpetuar y acrecentar una violencia, ya no sólo a través de las armas por parte del Estado, sino que es la misma sociedad chilena que, a través de una permanente violencia simbólica, legitima todas estas acciones, segregando al ser mapuche como un otro marginado de la sociedad.

 

  1. Consecuencias en los residentes del Wallmapu

El 14 de noviembre de 2018, los medios de comunicación informaban de un “confuso incidente” en el que habría muerto Camilo Catrillanca, pero no informaban respecto a que la muerte había acontecido producto de un disparo por la espalda a un civil desarmado, y que había sido percutado por un miembro del denominado “Comando Jungla”. Tuvo que pasar más de una semana, para que recién la opinión pública pudiese enterarse de la destrucción de evidencia que la misma institución habría llevado a cabo con el único video que habría grabado el momento exacto del disparo y la muerte de Camilo (Cooperativa, 2018).  

 

La violencia tiene lugar precisamente en la Región más pobre del país para el 2017 según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional [CASEN] (Ministerio de Desarrollo Social, 2017), la cual mide pobreza multidimensional, y en donde residen un total de 989.798 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2017). Si bien, los países constantemente categorizan a su pueblo, a través de censos, encuestas, etc., con el fin, entrecomillas, de focalizar sus recursos, también estas se convierten en armas políticas que construyen fronteras físicas y simbólicas.

 

Discrepamos totalmente del análisis respecto a la idea de desarrollo de una región sólo a través de estos datos cuantitativos. Creemos como ONG que la Araucanía es uno de los territorios más ricos en saberes y es imposible cuantificarla con los mismos parámetros de rendimiento de otras regiones que se encuentran en su totalidad insertas en el circuito capitalista. La Araucanía nos da una bofetada de realidad sobre la geografía de resistencia y resiliencia que existe desde hace siglos. Nos invita a levantarnos y, a repensar de manera crítica y descolonizada los procesos socio-territoriales que se están desarrollando.

 

Si bien este documento es un mensaje diminuto y carece del llamado práctico a la lucha, podemos, al menos, recalcar el rol que tenemos como investigadores, profesores, tesistas y estudiantes, que muchas veces tomamos al Wallmapu como otra área de estudio interesante debido a su conflictividad, ejerciendo lo que Harvey denomina el extractivismo académico, es decir, delimitar e ir a “áreas de estudio” para sacar información que nos parece relevante y que nos sirve para nuestra acotada y, en muchos casos, descontextualizada investigación. En algún momento nuestras investigaciones deben dar el salto y aportar de una forma más concreta a la resistencia ejemplar de Camilo Catrillanca y el pueblo Mapuche. Si bien, este escrito no transgrede esos límites, buscamos que sea un grito desesperado en busca de un compromiso territorial y comunitario real.

 

Bibliografía

Appelbaum, N., Macpherson, A., & Rosemblatt, K. (2003). Race and Nation in Modern Latin America. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.

 

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Tijoux, M. (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 2016. 280 pp.

[1]https://www.radioactiva.cl/2018/02/el-40-de-los-chilenos-prefiere-a-los-rubios-y-la-mayoria-considera-feos-los-rasgos-mapuches/

[2] https://www.elciudadano.cl/columnas/chile-no-es-un-pais-xenofobico/11/16/

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