Derecho a migrar… y a permanecer.

Debemos comenzar a preocuparnos no solo del que llega a nuestros territorios, el cual nos interpela constantemente como sociedad, sino que, debemos empezar a inquietarnos sobre aquellos están sufriendo escenarios de violencia en las sociedades de origen, aquellos que aún no se transforman en migrantes, pero prontamente serán parte del circuito de movilidades.
Por Pedro Palma Calorio

Durante la pandemia, la prensa ha esbozado el discurso; “la crisis vino a destapar una desigualdad que no era tan visible a los ojos institucionales”, y de que existe una población sobre todo migrante en condiciones de extrema precarización.  Pero esto no hace justicia sobre investigadores que desde décadas han puesto en el tapete no solo el tema migrante como fenómeno que modifica barrios y poblaciones, sino que, existe una pobreza estructural que va más allá de la “nacionalidad” que se ha ido construyendo, produciendo y reproduciendo espacialmente, y la cual tiene larga data.

Los últimos sucesos, ocurridos con colectivos migrantes, a raíz de la pandemia, dejan en la palestra las acciones y omisiones institucionales, las cuales se presentan en dos escalas, tanto a nivel local y como a nivel central.

A nivel local, los gobiernos (municipios principalmente) utilizan el discurso migrante, ya sea de inclusión (sello migrante) o de exclusión, (nuevo racismo[1]) como parte del enfoque que se le da a las políticas, y estas no han solucionado los problemas de vivienda, laborales, educación y sociales de estos colectivos que se expresan a nivel territorial (espacio – sociedad), más allá de los típicos programas sociales que se disponen, y que como se ha evidenciando en diversas investigaciones, solo acrecientan los conflictos socioespaciales, en barrios estructuralmente pobres, ya que tensionan la relación entre sujetos[2]. Pero esta crítica seguiría siendo inapropiada o inconclusa, si no logramos entender además la geografía institucional, que parte desde las más altas instituciones y que moldea el devenir de los cuerpos en estas áreas relegadas.

El reprochamiento que se puede hacer a los municipios, debe de ir de la mano, con el entendimiento de cuáles son sus potestades, recursos, y descoordinaciones que estos tienen para dar soluciones certeras, sumado a las voluntades políticas, en cuestión, las cuales son miopes a nivel territorial. Por esto, una de las propuestas, respecto al abandono que vive la población migrante y nacional en barrios y poblaciones, tienen que ver con 1) mayor facultad y recursos a los gobiernos locales para sus intervenciones para estos colectivos, 2) pensar soluciones de forma territorial y en corto, mediano y largo plazo, 3) mayor despliegue territorial, 4) profesionalización de las intervenciones, 5) construcción de un ambiente institucional acorde a los planes, programas y proyectos que se ejecuten, los cuales no deben estas supeditados a tiempos políticos, y 6) coordinación entre los distintos niveles de acción institucional.

Por otra parte, se encuentran el nivel central, desafío mayor, tomando en consideración que su operatoria esta cruzada por ideologías de pseudo “inclusión” y “exclusión directa” hacia los migrantes. Operatoria, que desde mi experiencia carece claramente del contenido territorial de las problemáticas que son levantadas a nivel local. La manera de accionar del nivel central muestra una clara descoordinación entre sus organismos (órganos de la administración del Estado), descoordinación entre estos con instituciones locales, etc., lo cual tiene un correlato en el territorio, construyendo geografías institucionales de despojo, es decir, mientras algunas áreas evidencian una sobre intervención desprolija, por otro lado, existen espacios vacíos, carentes de presencia institucional, lo cual me hace preguntarme si corresponden a ¿decisiones azarosas o planificadas? al parecer la decisión de involucrarse o no está correlacionado con los réditos políticos, estudios que abordan la geografía institucional y radical han dicho  que son decisiones totalmente racionales y concertadas que se ajustan a las necesidades políticas.

De acuerdo a los tratados internacionales, la obligación de los Estados es de garantizar el cuidado de los habitantes de sus territorios, desde un enfoque de derechos humanos. En este sentido, se sigue buscando que las instituciones velen en sus diferentes escalas por la población más vulnerable, desde un enfoque amplio e integral, es decir, desde el derecho a migrar, al habitar, a la vivienda, etc. Pero en esta ecuación siempre falta un promover un derecho que no está siendo evidenciado, y este tiene que ver con el derecho a no sufrir nunca más algún tipo de violencia estructural  (la cual se concatena con otros tipos de violencia que llega a la escala micro) o, más profundo aún, a no sufrir lo que se conoce como “violencia lenta”[3], que es la que ocurre gradualmente y fuera de la vista, corresponde a una violencia de destrucción tardía que se dispersa en el tiempo y espacio es también una violencia de desgaste, y que generalmente no se ve como violencia en absoluto. Es una violencia generada por el colonialismo y capitalismo, percibida por los cuerpos migrantes, y que también los obliga a salir de sus sociedades de origen.   Debemos comenzar a preocuparnos no solo del que llega a nuestros territorios, el cual nos interpela constantemente como sociedad, sino que, debemos empezar a inquietarnos sobre aquellos están sufriendo escenarios de violencia en las sociedades de origen, aquellos que aún no se transforman en migrantes, pero prontamente serán parte del circuito de movilidades. En tal sentido, no solo debemos proteger el derecho a migrar, sino que también debemos ser capaces de fomentar el derecho a permanecer.


[1] El nuevo racismo hace referencia aquel mecanismo encubierto, latente, que se adapta al control social y que se oculta bajo modernas formas de expresión lingüística, creencias y actitudes, y cimienta una nueva marginalidad en espacios tradicionales de exclusión (Bonilla-Silva, E. 2010. Racism without racists. Color-blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Rowman & Littlefield, pp. 301)

[2] Para mayor detalle sobre esta afirmación, revisar Inmigración, instituciones locales y conflictos socioespaciales: El caso de la población Lo Hermida en Peñalolén, en Revista Latinoamericana de Comunicación, CHASQUI, (Palma & Ruiz-Tagle. 2018). https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/3573

[3] Nixon, Rob (2011), Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 353 pp.

Jones, Naya. 2019. “Dying to Eat? Black Food Geographies of Slow Violence and Resilience”. ACME: An International Journal for Critical Geographies 18 (5), 1076-99. https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1683.

 

 

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