Un acercamiento a la Ruralidad Relegada

Por Paula Garcías Bascur (1)  y Camila Soto Salas (2)

El contexto de pandemia como ya sabemos cambió muchas dinámicas dentro de nuestro país y para nosotras la nueva modalidad de estudio. Nos encontramos finalizando nuestra carrera universitaria, por lo que este año nos tocaba realizar la práctica profesional. De modo que la búsqueda y el realizarla, fue un tanto compleja y diferente a lo que esperábamos que fuera. Así llegamos a la ONG Observatorio CITÉ, donde mediante teletrabajo, se nos encomendó la tarea de definir qué y dónde se encuentra la ruralidad relegada. El hallar estas respuestas nos condujo a una odisea epistemológica, que es necesario exponer para visibilizar las complejidades de la realidad rural chilena. 

El primer hallazgo fue conocer que en Chile la definición de la ruralidad se basa en lo no urbano, en otras palabras, en la baja densidad de población que habita un lugar y en la relación que estos sectores tienen con el desarrollo de actividades como la agricultura, ganadería, pesca, recolección de algas, entre otras. De modo que las intervenciones tanto públicas como privadas han sido realizadas bajo esta primicia. Pero ¿es solo esto la ruralidad? Claro que no.  

La ruralidad tiene diversas características, esto dado por los diferentes, contextos, actividades, culturas y distribución geográfica en la que se encuentre, es por ello que la definición y las características que le han dado a este concepto carecen de realidad y en Chile trabajar con una definición tan amplia a lo largo del país genera más problemas que soluciones. Así en el año 2014 nace la Política Nacional de Desarrollo Rural donde amplían el concepto de ruralidad y añaden “territorio rural”. Si bien es un buen comienzo, aún queda mucho por avanzar y estudiar en profundidad lo que es la ruralidad para resolver sus problemáticas. 

En base lo anterior, en esta práctica nos aventuramos y quisimos profundizar en la ruralidad y en su relegación, para ello elegimos las comunas rurales de la Región Metropolitana, que es el área urbana funcional más importante del país, albergando 18 comunas rurales, representando en superficie el 85% de la región. Dentro de los resultados que obtuvimos, por un lado, se halló una alta vulnerabilidad social en las localidades rurales, la cual va aumentando a medida que se aleja a centros urbanos y al Gran Santiago, lo cual implica que estos espacios contengan a población susceptible a no poder cambiar situaciones desfavorables. Además, esta vulnerabilidad incide en la probabilidad de que exista un deterioro en la vivienda, por lo que, en esta búsqueda, encontramos que este deterioro se concentra en las localidades que se encuentran en los límites de la región. 

Por otro lado, la accesibilidad y conectividad de las comunas rurales a servicios básicos tiene problemas, puesto que muchas personas se encuentran a más de 7,5 km de establecimientos de salud o educación, sumándole a ello la precariedad existente en el transporte público. Este fenómeno tiene un comportamiento similar a la vulnerabilidad, concentrándose este en sectores lejanos a centros urbanos, afectando directamente en el desarrollo y alcance del bienestar de esta población. 

Además, de la vulnerabilidad social, también se presenta la vulnerabilidad climática, afectando a los sectores periurbanos, dado por las características urbanas de estos, aumentando la impermeabilidad y la erosión de suelos promoviendo inundaciones, islas de calor y deslizamientos. Sin embargo, el tema más importante de esta vulnerabilidad es el acceso al agua de estos sectores, pues este es limitado para muchas localidades, generando un riesgo alto y repercusiones tanto en la población como para las instituciones. 

Todos estos hallazgos de la ruralidad en la región nos acercan a lo relegado que se encuentran estos sectores, ya sea desde el acceso a servicios básicos, a la condición de sus viviendas o a la imposibilidad de poder superar situaciones de riesgo, estos presentan los desafíos a los que se enfrentan las localidades de las comunas rurales. Lo relegado por tanto se relaciona con el modo en que se ha definido y planificado la ruralidad.  

De este modo, se hace necesario seguir avanzando en la Política Nacional de Desarrollo Rural para comenzar a entender la ruralidad de una manera integrada, no solo desde la densidad y desarrollo de actividades primarias, sino que a través de sus diversas características, formas y particularidades del territorio en que esta se presenta de norte a sur, de este a oeste, por tanto, debe seguir avanzándose en esta línea en otras regiones para entender cómo se desarrolla y se caracteriza la ruralidad relegada, teniendo una radiografía rural chilena.  

(1) Paula Garcías Bascur es Licenciada en Geografía de la Universidad de Chile  
paula.garcia@ug.uchile.cl 

(2) Camila Soto Salas es Licenciada en Geografía de la Universidad de Chile Licenciada en Geografía, Universidad de Chile 
Santiago, Chile 
camila.soto.s@ug.uchile.cl

Feminismos encontrados en Santiago y Tuxtla Gutiérrez.

Por Gricel Labbé*, Nidia Chávez** y Natalia Vernal***.

La situación de las mujeres en Latinoamérica (LA) es catastrófica, ya que mueren asesinadas más de nueve mujeres al día producto de la violencia. Según la ONU esta área geográfica “es la zona más violenta del mundo para ellas (las mujeres), fuera de un contexto de guerra”. Esta aseveración no es al azar, según el geógrafo David Harvey (2005) coincide con que es en LA dónde se ha implementado de forma más radical el modelo neoliberal con su expresión en los territorios, el cual emplaza a las mujeres a un rol secundario en donde la economía del cuidado no es valorizada.

Las mujeres a menudo consideran que las comunidades urbanas-rurales en LA son entornos rapaces, puesto que es allí donde se materializan la mayor cantidad de vejaciones. En este contexto, la violencia deber ser entendida como un problema estructural de la sustentabilidad (Narayanan, 2012), al referirse a la alta tasa de violencia de género en los espacios públicos de la ciudad.

La violencia se levanta en territorios particulares, plasmándose con mayor fuerza en áreas estructuralmente pobres y tanto en el ámbito público como privado (al interior de la vivienda), algo que la geógrafa feminista Valentine (1992) denomina como la “expresión espacial del patriarcado”, ya que refleja y refuerza la noción tradicional de que las mujeres pertenecen o son más seguras en casa.

Tanto Santiago (Chile) como Tuxtla Gutiérrez (México), y otras ciudades latinoamericanas, destacan por la segmentación socioespacial de la población, más la producción y reproducción de patologías estructurales concentradas en barrios, villas, poblaciones, favelas, barriadas, vecindades, etc. 

Territorios inseguros para las mujeres, Población Santo Tomás en La Pintana, Santiago de Chile. Autora Gricel Labbé

Pero ¿qué pasa cuando analizamos estos territorios y ponemos foco en las mujeres que residen y/o trabajan ahí? ¿Qué efectos genera en las mujeres vivir en territorios con alta presencia de violencia? El resultado del análisis comparativo evidencia más puntos en común que divergencias entre ambas ciudades.    

  1. Concatenación de violencias

La violencia estructural, es aquella que según el famoso filósofo surcoreano Byung Chul Han (2016) afecta de manera sistémica a cada persona, grupo social, estrato socioeconómico, etc., bajo el modelo del capitalismo tardío. Los investigadores argentinos Auyero & Berti (2019) explican que existen diferentes formas de violencia que se concatenan formando una cadena y que no corresponden a fenómenos discretos, sino completamente conectados que tienen un momento histórico-espacial. Para Han (2016) la violencia se ramifica en otras expresiones que revelan distintas intensidades. Estas coacciones permean escalas territoriales (hasta lo doméstico), y la psíquis de los individuos.

La intensidad de la violencia es proporcional al estatus construido sobre los sujetos, en este caso, las mujeres (acomodadas, trabajadoras domésticas, prostitutas, dueñas de hogar, migrantes, etc.), demuestran los efectos del enclasamiento y racialización socioespacial, que ejerce una estructura patriarcal. Por esto, no es de extrañar que sean las zonas de concentración de pobreza, donde los indicadores de violencia intrafamiliar sean los más elevados de la ciudad.

La violencia ejercida sobre las mujeres no es aleatoria, sino que depende de factores que determinan que algunas se vean más expuestas que otras, “los determinantes estructurales como etnia, género y clase social constituyen organizadores sociales que estratifican la sociedad en grupos aventajados o hegemónicos y grupos desaventajados o subalternos” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). Pero también una determinante importante en el caso de las ciudades latinoamericanas corresponde al lugar de residencia. Mujeres en poblaciones son más vulnerables que mujeres que residen en un barrio acomodado, ya que como han mostrado diversas investigaciones uno de los factores que atenúa la violencia corresponde al capital social y las redes de apoyo, las mujeres que viven en barrios segregados posen un menor capital social que mujeres en barrios más integrados.

Por otro lado, el Estado-Mercado perpetúa la situación marginal de los territorios y en particular de las mujeres que viven en ellos al ignorarlas, omitirlas y atenderlas con programas de pocos presupuestos, que perputa el asistencialismo estatal, que soluciona el problema en su emergencia, pero no ataca el problema en su raíz como sería prevención a largo plazo.

Esta violencia ejercida desde arriba (desde las instituciones) se aprende, como menciona Auyero y Berti “el uso de la violencia puede ser aprendido y normalizado por una persona en compañía de otras” (2013, p.111). Esto significa que la violencia traspasa escalas, desde la escala de lo macro, permea las escalas intermedias, y micro. Incluso algunos investigadores han evidenciado la violencia como una práctica de cuidado, que es ejercida por las familias con el objetivo de evitar riesgos mayores, así como las madres agreden a sus hijos para evitar que se droguen, la violencia en estos espacios se normaliza, está en todas las escalas y se recurre a ella diariamente.     

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en México; “El delito de feminicidio, así como el de homicidio, pertenece al fuero local de cada Estado. Y todavía hay entidades que no lo reconocen en su código penal, como Chihuahua y Nayarit; y otros, como Aguascalientes, Baja California Sur y Querétaro que no tipificaron ni uno en 2017, aún y cuando está definido en sus respectivos códigos y sí registraron homicidios de mujeres” (Observatorio Género y Equidad, 2018), el registro de femicidios tiene estadísticas bajas, ya que es registrado bajo otras figuras penales, con lo cual no existen cifras exactas para conocer la magnitud del problema.

Tuxtla, ciudad y municipio mexicano, capital y el núcleo urbano más importante del Estado de Chiapas con más de medio millón de habitantes es el centro administrativo, político, donde más se concentra el servicio y equipamiento, incluyendo la educación superior; propició en las últimas décadas la llegada de habitantes. Esta atracción a la capital se ve reflejada en el crecimiento territorial, un crecimiento horizontal que ocupa incluso cinturones de amortiguamiento de áreas naturales protegidas y que si bien se conduce de la mano del Plan de Desarrollo Urbano Municipal (actual 2007-2020 y de reciente creación Programa integral de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Tuxtla 2016-2040) la ciudad presenta un patrón espacial segregado y desigual que no concede a sus habitantes  la misma calidad de servicios o el acceso a ellos.

Es importante también mencionar que siendo capital es un punto de llegada laboral para la población indígena del Estado, que ante las necesidades tienen que adaptarse al ritmo de la ciudad, que es ajena a sus ambientes físicos y costumbres (27.8% de la población chiapaneca es hablante indígena, INEGI 2015).

Situada en Chiapas, uno de los estados más empobrecidos del país, con desigualdad económica que pone a poblaciones enteras en situaciones vulnerables, como los pueblos rurales e indígenas, sobre todo Mujeres y niñas y niños; Tuxtla Gutiérrez es un cúmulo de estas condiciones evidenciadas en la periferia con su morfología de viviendas, una marcada calidad de servicios e infraestructura y división sexual del trabajo, que invisibiliza gran parte del papel de la Mujer.  

Los índices de violencia de género en Tuxtla Gutiérrez muestran el factor común que tiene toda LA, si comenzamos a hablar de Violencia estructural. A pesar de que se implementó la Alerta de Violencia de Género por la Secretaría de Gobierno para 7 municipios de Chiapas desde 2016, incluyendo Tuxtla Gutiérrez, en 2019 se mantiene dentro de los primeros 30 municipios con más delitos de feminicidio, de acuerdo con él, Sistema Nacional de Seguridad Pública[1]. Entre el primer trimestre de 2018 y el de 2019, las tasas de investigación por feminicidio por cada 100 mil habitantes presentaron aumentos considerables [2].

Por otro lado, Santiago de Chile, la capital del país con más de 8 millones de habitantes tiene 37 comunas que componen el Área Metropolitana de Santiago, la distribución de la ciudad presenta un patrón de segregación muy marcado, en donde los estratos socio económicos se encuentran hacia el oriente de la ciudad y en el sector sur, así como las periferias norte y poniente concentran los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.

Viviendas sociales, Periferia de Santiago de Chile. Población Santo Tomás, autora Gricel Labbé

Con respecto a los índices de violencia en Santiago un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (2017) da cuenta que la comuna con mayor equidad de género[3] corresponde a Ñuñoa, comuna de ingresos socioeconómicos medios-altos, en cambio la que presenta las mayores brechas corresponde a San José de Maipo, una comuna rural y con altos índices de vulnerabilidad.  

Pero ¿cómo podemos revertir este escenario de violencia en las ciudades? históricamente se le ha atribuido el rol productor de territorios a los hombres, por tanto, no es extraño pensar que el problema de la violencia hacia las mujeres en las ciudades proviene de su origen.

La historia urbana y social les asocia a ellos la producción de la ciudad, es decir: la ocupación de los sitios, el proceso de loteo, la construcción de la vivienda, la construcción de los servicios básicos como el alcantarillado y la electricidad, y finalmente la producción de los espacios comunitarios como las plazas, juegos, centros de reunión, etc.  

Sin embargo, hemos evidenciado, al analizar la historia de abajo hacia arriba que las mujeres en áreas de marginalidad construyen y mantienen los espacios de sociabilidad en las poblaciones, lo cual se expresa desde el comercio informal, sosteniendo gran parte de la economía de esos sectores marginados. Sobre todo, los que se refieren a los espacios de organización y planificación de la comunidad, siendo una de las respuestas que podrían frenar la violencia, y que no se siga perpetuando en las generaciones de mujeres venideras, entendiendo que una ciudad segura no es aquella que niega las calles a las mujeres con el objeto de protegerlas, que las mantiene con una figura de vulnerabilidad, sino que concede accesibilidad espacial y temporal.

Reuniones Barriales, San Roque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Autora: Natalia Vernal

La propuesta es incluir a las mujeres en la creación de los territorios, la sensibilidad al género podría evitar que se construyan posibles escenarios violentos, así como también a nivel más estructural la implementación de políticas públicas que prevengan la aparición de violencia en estos espacios.


Actividad Comunitaria Barrio San Roque, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. Autora: Natalia Vernal

Bibliografía


[1] Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

[2] Reporte enero-marzo 2019 Incidencia de delitos de Alto impacto en Chiapas de Observatorio Ciudadano Chiapas

[3] Índice de Inequidad Territorial que considera indicadores socioeconómica, participación laboral de mujeres, cobertura de educación, etc.

*Gricel Labbé, Geógrafa de la UChile, Mg. En Desarrollo Urbano del IEUT PUC, cofundadora y miembro activo de la ONG Observatorio CITé desde el 2015

**Nidia Chávez, Arquitecta, Co-fundadora de Laboratorio Ciudadano A.C, Co-fundadora de Arte Orgánica, Integrante de Colectiva Hechiceras.

***Natalia Vernal, Licenciada en Antropología Social de la UChile , Estudiante Mg., en Desarrollo Rural de la Universidad Austral y miembro activa de la ONG Observatorio CITé desde el 2016. 

Territorios Rurales y la crisis sanitaria en España

Andrés Pedreño[1] (twitter @andrespe2008) y Miguel Ángel Sánchez[2] (twitter @MASG). Grupo de investigación EnClave Sociológica. Sociología en cuarentena: https://sociologiaencuarentena.tumblr.com/ 

La crisis vírica ha puesto de manifiesto un buen número de contradicciones relativas a los territorios de la ruralidad española. En esta columna nos referiremos a dos tipos-ideales de ruralidad, los cuales a su vez representan los dos extremos de la polarización fragmentada que caracteriza al mundo rural español.

Por un lado, la ruralidad del interior y de la montaña, la cual sufre desde los años 60 un importante declive demográfico y la ausencia de dinámicas de desarrollo que la doten de soporte material, pero que, paradójicamente, se ha visto revalorizada socio-ecológicamente en la actual crisis sanitaria por dos motivos. El primero, la baja densidad demográfica característica de este territorio, que ha imposibilitado la circulación del virus y ha actuado de colchón protector de las regiones más pobladas. El segundo, y en relación con lo anterior, es que la población española a la hora de optar por definir sus destinos vacacionales en el actual contexto restrictivo dada la amenaza vírica está privilegiando estos territorios rurales por sus características de baja densidad poblacional y alto valor ecológico, paisajístico y de calidad de vida. Es decir, la ruralidad más abandonada por las políticas públicas, la más desatendida en cuanto a servicios e infraestructuras, sin embargo, en la actual crisis sanitaria se revela como un territorio esencial y estratégico.

Imagen 1. Fuentecantos (Soria). Fuente: RTVE.

Una parte de esta ruralidad forma parte de lo que en los últimos años se ha definido como “España vacía” o, más recientemente, “España vaciada”. Ambas son fórmulas válidas para alertar sobre el abandono de estos territorios rurales, pero que sin embargo no da cuenta de varios procesos importantes: es una ruralidad que siempre tuvo una baja densidad demográfica y de ahí su valor ecológico; es una ruralidad dominada por los grandes centros metropolitanos donde se concentra la actividad económica, la cual ha extraído precisamente de esa ruralidad la fuerza de trabajo requerida para sus procesos de acumulación; y finalmente, es una ruralidad que desde hace unas décadas experimenta una cierta revitalización demográfica por el asentamiento de familias de origen inmigrante extranjero. De tal forma que los problemas de fondo de esta ruralidad tienen que ver con la desigualdad social y territorial que caracteriza a la geografía española. Quizás con la actual crisis sanitaria ha llegado el momento de reconocer el valor de calidad que estos territorios tienen y su función estratégica para la ecología-vida, de tal forma que se sustituya la lógica depredadora de sus recursos por una política de reconocimiento y dotación de servicios y derechos a esta población rural.

Imagen 2. Protestas en Madrid de la Plataforma España Vaciada en marzo de 2019. Fuente: El Mundo.

En el otro extremo de la polarización fragmentada de la ruralidad española, están los territorios de la agricultura intensiva de exportación, fundamentalmente localizada en la vertiente mediterráneo-atlántico. Son territorios insertos de forma periférica dentro de las cadenas globales agrícolas y que concentran mucha mano de obra inmigrante extranjera para las tareas de recolección de las cosechas. Estos trabajadores fueron considerados “esenciales” durante el estado de alarma sanitaria por la pandemia de la COVID-19, lo cual posibilitó una visibilización de la precariedad y desafiliación de estos trabajadores. Al tiempo, se puso de relieve una problemática de salud pública ya que las condiciones precarias y de desafiliación que experimentan como trabajadores y trabajadoras del campo –especialmente las que tienen que ver con el transporte colectivo a los lugares de trabajo y el alojamiento en infraviviendas o asentamientos masificados– les imposibilitan estructural y subjetivamente el cuidado de sí mismos, lo que les ha empujado a protagonizar numerosos brotes víricos por toda la geografía estatal una vez finalizado el periodo de confinamiento. Según el Ministerio de Sanidad, a fecha de 23 de julio del presente, “el segundo grupo de brotes más frecuente son aquellos que ocurren en el ámbito laboral (alrededor del 27% del total), entre ellos, los brotes relacionados con trabajadores del sector hortofrutícola en situaciones de vulnerabilidad social son los más frecuentes, con al menos 27 brotes identificados y más de 410 casos”.

Imagen 3.  Trabajadores agrícolas migrantes en Lleida (Cataluña). Fuente: El País.

Esto ha puesto de relieve un problema de reconocimiento y una lógica de desprecio. De tal forma que “la nueva normalidad” se está viendo salpicada de un buen número de “luchas por el reconocimiento” protagonizadas por los asalariados inmigrantes con reivindicaciones que abarcan desde el reconocimiento de sus derechos laborales (subida del SMI y otros), habitacionales (alojamientos dignos) hasta el reconocimiento de la residencia legal en el país mediante un proceso de regularización extraordinaria. Su visibilización como trabajadores “esenciales”, y el contraste con su existencia desafiliada y precaria, les ha posibilitado un proceso de acumulación de capital simbólico con el que desarrollar estas luchas por el reconocimiento. Una lucha por el reconocimiento que interpela por igual al empresariado agrícola y las distintas administraciones públicas locales, regionales y estatales implicadas.

Imagen 4.  Cartel de la convocatoria de la manifestación de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM). Fuente: ATIM.

Esta problemática que la crisis sanitaria ha hecho emerger amargamente, permite preguntarnos sobre la caracterización sociológica de esos márgenes de las cadenas globales agrícolas que conforman el trabajo desafiliado en las exitosas y competitivas regiones agroexportadoras de la vertiente mediterráneo-atlántico española. Son figuras sociales expulsadas del centro de la economía y sociedad agroexportadora, pero forman parte del funcionamiento normal de esas esferas. De tal forma que lo que se aprecia desde estos límites intersticiales de las cadenas globales agrícolas es un conjunto de elementos y rasgos específicos de una lógica organizativa de “empujar gente fuera” (Saskia Sassen) que está continuamente poblando sus márgenes de expulsados. No es solamente la decisión de un individuo, una empresa o un gobierno, por muy poderosos que puedan ser, lo que condiciona esas expulsiones, sino “un conjunto mayor de elementos, condiciones y dinámicas que se refuerzan mutuamente” y que Saskia Sassen propone denominar “formación predatoria”. Entendidas las cadenas globales agrícolas como una formación predatoria nos permite entender sus efectos no solamente en los asentamientos informales de Lepe y Almería o en las furgonetas de las ETTs que llevan jornaleros al campo, sino también captar cómo muchos de esos trabajadores inmigrante que hoy subsisten en los campos españoles vienen de una larga historia de expulsiones que hunde sus raíces en la misma historia de los países de los cuales un día emigraron. La expulsión es una sistematicidad constitutiva de la nueva economía global agroalimentaria.

En definitiva, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha hecho emerger la contradictoria realidad de la ruralidad española, cada vez más polarizada y fragmentada. Sin embargo, la sociedad hoy tiene más razones que antes de esa crisis para cambiar de rumbo y solucionar las desigualdades rurales que se han puesto de manifiesto.


[1] Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Murcia.

[2] Sociólogo predoctoral en el Departamento de Sociología, Universidad de Murcia.

Reflexiones sobre una pandemia suelta en el mundo globalizado

CUARTA PARTE – ROBERT CASTEL, DEL FRACASO DE LA SOCIEDAD SALARIAL, EL RETORNO DE LA INSEGURIDAD Y UNA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL.

Por Rodrigo Javier Dias*

Veintitrés de marzo de 2020. Plena expansión del Coronavirus sobre el territorio brasileño. El presidente Jair Bolsonaro, a través de un decreto establece el cese del pago de salarios a los trabajadores hasta por cuatro meses, argumentando que “los empleos están siendo exterminados” por la pandemia y que esta alternativa “es mejor que ser despedido”. Unas horas después tuvo que derogar dicha medida, ante la presión popular, al tiempo que liberaba cuantiosas partidas de dinero para la banca privada.

Veinticuatro de marzo de 2020. En el ahora país líder en casos detectados del Covid-19, Estados Unidos, su presidente declara en una entrevista para Fox News frases como

“Van a morir más personas si permitimos que esto continúe. Vamos a perder más gente si hay una gran recesión o una depresión. Habrá miles de suicidios. Van a suceder todo tipo de cosas. No se puede venir a decir que hay que cerrar a los Estados Unidos, el país más exitoso del mundo por mucho”.

“Nuestro país no está hecho para permanecer cerrado. Nuestra gente es vigorosa y no quiere estar encerrada en una casa o un apartamento”

“Las empresas son empleadoras de miles y miles de personas, y pagan muy bien. Queremos proteger a nuestros trabajadores. Los trabajadores primero. Pero hay que proteger a compañías como Boeing, que tuvo un muy mal año. No podemos perderla”

Italia, fines de marzo. Los titulares de los medios internacionales titulan que en el país europeo, que lleva ya veinte días de cuarentena y aislamiento total, comienzan a verse las primeras e inequívocas señales de un estallido social. El hambre, la falta de dinero, los asaltos a supermercados y la violencia callejera son cada vez más algo cotidiano. El estado no alcanza a dar respuesta a esta problemática.

Argentina, los días pasados. La empresa Techint, de la multimillonaria familia Rocca, amenaza y anuncia con despedir a 1450 trabajadores frente a esta situación de cuarentena obligatoria, medida que se replica en otras empresas del territorio nacional.

La pandemia ha quebrado el orden. Ha provocado que la sociedad se encuentre en un punto de ruptura al que el gobierno de Alberto Fernández y la mayoría de los gobiernos de la Tierra deberán enfrentarse y manejar con claridad y solidez, porque las lógicas del neoliberalismo se han expresado. No hay acuerdo, no hay pacto válido posible. Sin ganancia no hay derecho ni inclusión que valga. ¿Qué es lo que ha hecho fallar este virus?

Una consciente y crítica interpretación de su contemporaneidad

Robert Castel, francés nacido en 1933 y fallecido en marzo de 2013, fue un notable sociólogo que, al igual que Camus, tuvo que sufrir y adaptarse a las consecuencias de dos grandes hechos durante su vida: la segunda guerra mundial y luego las grandes transformaciones derivadas de la llegada del capitalismo neoliberal. Realizó notables estudios que analizaron los impactos de este sistema, retrotrayéndose para eso hasta las sociedades preindustriales y luego hacia las dificultades del proletariado, para poder interpretar qué aspectos resultaron críticos desde la introducción del trabajo asalariado y la transformación de las dinámicas de vida del antiguo artesanado hasta llegar a las lógicas dominantes de la actualidad.

Robert Castel

Si bien su mayor obra es “Las metamorfosis de la Cuestión Social”, también ha publicado otros títulos como “La inseguridad social”, “Propiedad privada, propiedad social, propiedad de si”, “El ascenso de las incertidumbres”, en donde trabaja con certeza y profundidad las ideas de Cuestión Social e inseguridad social, como bastiones de un contexto en el cual las sociedades deben adaptarse a las normas dictadas por un sistema que deja de reconocer gran parte de los beneficios promovidos por el welfare state o Estado de Bienestar, sin ofrecer soluciones alternativas a largo plazo.

Considerando que a pesar de las diversas crisis atravesadas desde la instauración global de este sistema y de un horizonte que se acerca plagado de incertidumbres más que de certezas, su trabajo también se ha convertido en algo atemporal y de gran vigencia para los tiempos que corren. Pensar en individualismo, en clases peligrosas, en los mecanismos de dominación contemporáneos y en cómo funcionan los sistemas estatales bajo estas lógicas son cuestiones que atraviesan inevitablemente el análisis del tejido social y que a su vez nos habilitan a preguntarnos qué ocurre con ellos cuando el escenario global presenta características inéditas para las generaciones que aparecieron sobre la faz de la tierra luego de la crisis del petróleo. Aislamiento y sistema económico son dos variables que se entrecruzan muy fuerte y que en algunos de sus puntos se rechazan tajantemente. Ver en los medios cómo gran parte de los aparatos productivos se ralentizan por decretos, cómo las soberanías vuelven a cobrar vigencia con los cierres de fronteras y qué se hace con las masas trabajadoras afectadas por las actividades incluidas dentro del cese de tareas obligado, nos llevan a plantear algunos interrogantes que es necesario abordar.

Cuestión Social, Sociedad Salarial y la llegada del neoliberalismo

Robert Castel define la Cuestión Social como un momento en el cual las sociedades ven peligrar su cohesión, una instancia determinada por una serie de condicionantes que amenazan con fracturar el tejido social frente a la que es necesario desarrollar acciones tendientes a eliminar o reducir ese riesgo. Este es un concepto que fue forjado al calor de la sociedad industrial, durante el siglo XIX, para representar un problema que hasta ese entonces no tenía solución: hombres mujeres y niños de corta edad se enfrentaban a jornadas laborales extensas, magras remuneraciones, condiciones insalubres en su lugar de trabajo tanto como en sus viviendas, y sobre todo, la certeza de saber que dependían pura y únicamente de la resistencia de su organismo como herramienta de subsistencia. La enfermedad o la incapacidad de poder realizar sus labores los volvía sujetos de un abandono total, situación de la que únicamente los podían rescatar sus redes de proximidad, su círculo íntimo de familiares o conocidos, siempre y cuando estuvieran en condición de hacerlo.

En el contexto de un Estado Liberal, y en plena revolución productiva, el único interés a satisfacer era el de los flamantes empresarios. Lo que ocurría con el resto de la población era algo que no entraba en la agenda. Incluso la iglesia, a través de la encíclica Rerum Novarum de 1891, bajo el pontificado de León XIII, promovía la idea de defender a los dueños de los medios de producción y alentaba a la población a trabajar y no caer en el ocio, que se veía como algo pernicioso. Las primeras instancias en las que se comenzó a pensar una solución a los problemas de los trabajadores se vieron envueltas en medidas que apuntaban principalmente a lo correctivo y lo punitivo. Se buscaba averiguar las razones por las cuales el sujeto no trabajaba y en virtud de lo identificado, tratar de insertarlo laboralmente. La mendicidad era punible, la pobreza era castigada y en mayor medida, se trataba de identificar posibles patologías que convirtieran a aquellos sujetos excluidos en pacientes de hospitales psiquiátricos o cárceles.

En este caso en particular, el último tercio del siglo XIX en los países centrales y las primeras décadas del siglo XX en Latinoamérica estuvieron signadas por cuantiosas protestas de parte de los trabajadores, en donde se ponía de manifiesto que el funcionamiento del sistema capitalista no era suficiente para satisfacer las necesidades de todos aquellos que lo componían. Este contexto, esta primera Cuestión Social nunca había sido puesta en diálogo como condición principal para la continuidad de una sociedad integrada. Así, las primeras leyes y modificaciones aparecieron, junto con una serie de regulaciones sancionadas entre 1883 y 1891 en el flamante Estado Alemán, las que darían inicio al Estado Bismarckiano, prototipo pionero del Estado de Bienestar.

Leyes y enmiendas similares fueron puestas bajo discusión y análisis tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, aunque la Crisis de 1929 llegaría sin que Norteamérica las aplicara y Gran Bretaña apenas tuviera algunos mecanismos paliativos en función. Acto seguido, el mundo no tuvo chance de recuperarse del todo de la crisis que se vio sumido en otra contienda global que lo devastaría. En esa situación límite es cuando se comienza a pensar en la idea de un Estado que funcionara como el garante de las protecciones mínimas para todos sus ciudadanos: en la inmediata posguerra se comienza a extender un mecanismo que –compuesto por el modelo fordista de producción, la intervención estatal de la economía aplicando el modelo keynesiano y la redistribución progresiva de la renta bajo el welfare state o Estado de Bienestar- daría origen al Estado Social. A partir de su funcionamiento, el despliegue de los derechos sociales vinculados al trabajo se convertiría en la garantía de algo que los trabajadores carecían hasta ese entonces: una protección social derivada de una propiedad social, como lo era por ese entonces el trabajo, consolidando a partir de allí lo que se establecería como la Sociedad Salarial: el hecho de tener trabajo, de percibir un salario, convertía al trabajador en el propietario de una amplia gama de beneficios y protecciones que lo protegían de las vicisitudes de la vida misma.

Implementado con el New Deal de Roosevelt, pero realmente potenciado en la posguerra, el Estado Social se convirtió en la herramienta necesaria para resolver aquella Cuestión Social. Durante aquellas décadas de bonanza (bonanza relativa puesto que –tal como observa acertadamente Gunnar Myrdal en su libro “El reto a la sociedad opulenta” de 1964- no solo se limitaba a los países centrales sino que además comenzaba a alejarlos del resto, cuyos aparatos productivos no lograban consolidar un proceso de industrialización o cuyos territorios aún seguían bajo dominación colonial) el Estado Social permitió un crecimiento y expansión apreciable de la calidad de vida de la población en general a través de la ampliación de los derechos. Sin embargo, en el horizonte del Estado Social se comenzaba a ver un frente de tormenta que se precipitaría a comienzos de la década de los 70: el ideal neoliberal.

Como todos sabemos, las lógicas neoliberales desarticularon los avances logrados durante la etapa previa, promoviendo la reinserción de una economía en la que el papel del Estado no hiciera las veces de regulador rígido, el modelo productivo dejó de ser el Fordismo para dar lugar al Toyotismo y gran parte de la estructura del Estado de Bienestar, convirtiendo a la redistribución progresiva y a la plataforma de derechos sociales en algo discutible y flexible de aplicación.

En el campo social, el neoliberalismo introdujo además un nuevo tipo de subjetividad, moldeada a imagen y semejanza de éste, en donde la incertidumbre, la competencia y la explotación de sí mismo se volvían sus pilares fundamentales. Apuntando a desarticular los lazos colectivos de la sociedad, la exaltación del individuo promovió en el corto plazo la erosión de los lazos sociales y la fragmentación, acarreando como resultado inevitable la aparición de una nueva Cuestión Social, diferente porque aquí las herramientas de gestión social ya estaban presentes, pero el acceso a las mismas se convirtió en algo mucho más selectivo y azaroso, regido por un orden meritocrático. La contemporaneidad nos demostró que –tal como acertadamente analiza Byung Chul Han en “La Sociedad del cansancio”- los problemas de gestión del Estado se trasladaron al individuo, mutaron hacia un híbrido en el que el trabajador debe ser quien procure garantizarse el acceso a salud, educación, vivienda e incluso un fondo de seguros que lo proteja durante su jubilación, aún si para ello debe autoexplotarse al máximo de sus posibilidades físicas y psíquicas.

El “crack” del 20

Casi cien años después de la otra gran crisis capitalista, algunos autores están comenzando a llamar a esta pandemia el “Coronacrack”. Más allá de que puedan ser llamados alarmistas, visionarios o simplemente estén llevados por el deseo de acuñar un concepto antes de que se pueda hacer realidad, lo cierto es que la pandemia ha dado un golpe a la dinámica del depredador capitalismo neoliberal. No implica, como sugirió Zizek –no al menos por ahora- que el capitalismo esté próximo a desaparecer, pero sí el contexto actual es algo que resulta interesante para su estudio. Es la primera ocasión en la que un mundo globalizado, líquido, en constante movimiento, se ha detenido. La presunta maquinaria imposible de frenar se ha visto limitada por un sencillo organismo acelular dispersado por poco más de un millón de personas, apenas un 0,013 de la población global, y no hay horizonte de reactivación total, sino deseos de que esto suceda. Y si es en el corto plazo, mejor.

El estómago del neoliberalismo –si es que lo tiene- necesita seguir alimentándose, pero sus proveedores, aquellos que aportan el grueso del sustento monetario están confinados. Pero aun así está lejos de desaparecer. Ha sabido esquivar numerosas crisis, saliendo victorioso e incluso fortalecido. El problema acá es lo que ocurre con aquellos que conformamos a la sociedad.

Como hice referencia en la introducción, lo más preocupante y lo primero que surge en esta reflexión es ¿qué ocurre con la cohesión social?

En una sociedad ya erosionada por las tensiones políticas y económicas cotidianas, la llegada de una Pandemia ha venido a debilitar aún más el débil equilibrio que la sostiene. En Italia y España, dos de los países más afectados, los habitantes se ven forzados a robarse entre ellos, principalmente en las áreas más golpeadas por el Coronavirus. En Estados Unidos, los supermercados se han convertido en un campo de batalla al cual la gente acude y se considera victoriosa si logra salir de allí con un carro lleno de papel higiénico tras emprender uno o varios combates a golpes de puño con otros que iban tras el mismo objetivo. En Colombia los intentos de racionamiento de frutas terminan en saqueos masivos. En Panamá las revueltas sociales también están a la orden del día. En Argentina, la histeria por el alcohol en gel, los barbijos y el abastecimiento desmedido de productos ha colapsado los supermercados y ha hecho de algunas empresas farmacéuticas grandes especuladores. Es innegable que hay arrestos de comunitarismo, de asistencia, de colaboración de los lazos territoriales próximos, pero también es cierto que eso es una pequeña parte, un pequeño esfuerzo en un mar de individualistas cuya máxima expresión reside en los titulares de los grandes grupos económicos y termina en el ciudadano que se lleva de una farmacia doce botellas de alcohol en gel.

Hay elitismo, hay clasismo, también hay racismo y xenofobia. Lo hubo siempre, pero se han potenciado por el peor de todos los defectos, el individualismo, ese individualismo negativo, como diría Castel, que ha moldeado el neoliberalismo y que, como también afirma el intelectual ruso Aleksandr Dugin, es el último paso previo antes del triunfo total del capitalismo: la destrucción del sujeto colectivo. Los titulares de los diarios de algunos países europeos titulan: “es inminente el estallido social”. Y es tan cierto como la Pandemia. La sociedad se encuentra en un frágil punto en el que –como ocurrió con Argentina con la crisis del 2001- se corre el riesgo de una irremediable fractura social, y los Estados neoliberales en su mayoría se encuentran muy ocupados pensando en cómo continuar con su economía o como sacar rédito político y económico a la situación.

La inseguridad social y el fracaso de la sociedad salarial

Como había trabajado en reflexiones anteriores, la pandemia ha derribado todas las neodeidades que regulaban la vida de la sociedad. Para sumarle a este quiebre de las lógicas de producción y consumo, un Estado Neoliberal que ya había desarticulado el goce universalista de beneficios y derechos para convertirlos en cesiones particularistas y paliativas ahora ve, ante la paralización del planeta, cómo sus dispositivos comienzan a disgregarse. El coronavirus ha traído consigo una retracción de las escasas protecciones que la posesión del trabajo aún retenía: la misma subsistencia. La sociedad ha visto una reacción en cadena en la que ha caído todo tipo de soporte, incluyendo incluso al trabajo.

La pandemia ha revitalizado la idea que Rifkin proponía en su libro, “El fin del trabajo”, esa transformación posmoderna del sentido del empleo, del cual se rescata la idea de que es necesario pensar otras formas de obtener ganancias. Al igual que como algunos intelectuales (Ranciere, por ejemplo) proponen que la democracia es algo falible y que es necesario modificarla; es también momento de pensar que el trabajo, el significado de trabajo per se es algo que también debe ser repensado. También Castel afirmaba en su libro “La inseguridad social” la necesidad de pensar en otras alternativas diferentes a las actuales. Quizás sea este un punto de inicio para trabajar en ese sentido, porque ha quedado demostrado que la sociedad salarial ha fracasado estrepitosamente. Jamás contribuyó a la equidad global (recordemos que el salario representaba prestaciones, pero…¿qué ocurre con el trabajador informal?) pero ahora también ha demostrado que incluso ese pacto social tampoco cumple siquiera con su premisa principal. En épocas de pandemia, ni siquiera el tener trabajo puede garantizar un salario, y eso es algo que queda en evidencia cada día con mayor intensidad, y puede verse en cualquier portal de noticias.

Y frente a la inseguridad social, ¿qué hacemos?

Es visible que la desarticulación del Estado Social ha provocado una serie de impactos que golpean en el cuerpo de la sociedad. Pero estos impactos trascienden al goce de derechos y prestaciones inherentes al trabajo, como antes referí. Han llegado a otro plano, caracterizado por ser un regreso a los imaginarios que ponen en el ojo de la discusión a los “extraños” como los responsables de todos los males.

Al igual que durante la “Primera Cuestión Social”, en esta “nueva” etapa, se busca dentro de los individuos a aquellos que puedan fungir como “chivos expiatorios”: así, los migrantes y los jóvenes de ahora se convierten en los “vagabundos” de entonces, trayendo a coloquio además algunas peligrosas discusiones tales como el racismo, la xenofobia y la desocialización de los colectivos como resultado de la competencia individual propuesta por el neoliberalismo. En plena cuarentena, estos imaginarios vuelven a cobrar vigencia desde todos los rincones del planeta: todos podemos ser un chivo expiatorio. Partiendo de la misma idea de nombrarlo “El virus chino”, o ya sea por el desabastecimiento, el colapso del sistema de salud, aquellos que violan la cuarentena, los que trabajan y los que no, tal o cual gobierno, todo individuo o institución se vuelve un blanco al momento de disparar las culpas. Pero hoy, lo cual representa un salto cualitativo para la humanidad, por primera vez ese chivo expiatorio, esa búsqueda de responsables, se ha enfocado contra el mismo sistema.

Una posible alternativa para la compleja situación por la que las sociedades transitan en la actualidad: al igual que Daniel Arroyo lo hizo al analizar la sociedad argentina y las políticas sociales de primera y segunda generación; aquí Castel propone como algo impostergable que las protecciones sean tan “flexibles” como la dinámica misma del modelo económico: no se puede pensar en políticas sociales genéricas sino que es necesario administrar y evaluar los distintos derechos y garantías que brinda el Estado centrándose en uno en particular, caracterizado por las protecciones sobre el trabajo -tal como ocurrió durante el Estado Social- pero pensando en un trabajador cuyo recorrido profesional ya no es lineal y cuya función dentro del trabajo ya no esté determinada, tal como ocurría en las sociedades industriales fordistas. Incluso es necesario pensar en un trabajador que no se alinee con ninguna forma laboral formal. Todo trabajo, sea formal o informal, virtual o presencial, debería obtener a cambio un mínimo de prestaciones que tiendan a reducir esa inseguridad social que predomina desde la década del 70. Hoy por hoy, con estas particularidades acentuadas por un contexto en el cual siquiera se puede transitar por la calle sin permiso y gran parte de la población se ve impedida de trabajar –e impedida en consecuencia de obtener una subsistencia mínima, las apreciaciones de Castel se vuelven no sólo vigentes, sino de impostergable reflexión y aplicación.

¿El retorno del proletariado?

Apenas ha bastado un virus para demostrar que doscientos años de desarrollo tecnológico se desmoronan como un castillo de naipes. De nada sirve enviar una sonda a los confines del universo si los problemas domésticos no pueden resolverse cuando existe una emergencia global. El bienestar ha demostrado ser, al fin y al cabo, un mero reparto entre pocos que solo ha profundizado las brechas globales, regionales y locales, y una situación como la actual no hace más que reforzarlo. Se habla del teletrabajo, del home office, de los servicios esenciales y de las patologías de riesgo. De quedarse en sus casas, de reducciones de salario o de pago en cuotas. Pero existe una porción de la población que parece desaparecer bajo la alfombra del neoliberalismo.

¿Qué ocurre con las clases bajas? ¿qué ocurre con esa pobreza estructural con la que cuentan la mayoría de los países? Robert Castel hablaba de la propiedad social, un elemento garantizado por el Estado Social como respuesta a los contextos anteriores en los que únicamente la propiedad privada era reflejo de un bienestar mínimo. El trabajador, aquel industrial que subsistía al día y que en caso de enfermedad no cobraba o era despedido, carecía de toda propiedad. Sin embargo, con la llegada de estos mecanismos de redistribución, el trabajador accedía a una propiedad, entendida como el goce de derechos inherentes al trabajo en sí: el ciudadano (otro concepto a desarrollar profundamente) adquiere la propiedad de los derechos sociales.

Pero Bob Dylan ya lo alertó. Los tiempos han cambiado, el ideal liberal regresó, reformado, a manejar la dinámica global, aunque algunas cuestiones no han mutado, sino que se han profundizado. La precarización y la flexibilización laboral en convergencia con la desregulación de los trabajos y del Estado Social han empujado a la sociedad unas cuantas décadas hacia atrás. En un contexto en el cual los trabajadores ven en duda su situación laboral y salarial frente a esta Pandemia, ¿qué puede esperar alguien a quien el mercado lo expulsó al trabajo informal? ¿a qué elementos sanitarios puede acceder alguien a quien la crisis le quitó la posibilidad de ganarse el pan cada día? Y acá ampliamos el rango más allá de la pobreza estructural. Vemos en los medios los casos de trabajadores informales que de un día para el otro ven eliminado su ingreso diario. ¿Cómo subsisten en un contexto en el cual su informalidad se ha vuelto informal? Ha aparecido, en muchos casos, esta bondad de dos caras denominada capitalismo filantrópico, en la cual los grandes empresarios explotadores de su mano de obra copan los titulares de los portales web con pomposos anuncios. Fortunas (no personas) de miles de millones de dólares que donan cien mil. Quinientos mil. Dos mil, como en un caso vernáculo, que apuntan más a una exención del impuesto a las ganancias que a una cesión de origen. Cumplir con un compromiso que su status le exige, aunque no a cuenta de que sus beneficiarios saquen la cabeza fuera del agua, sino apenas darles un sorbete. La antigua filantropía de las damas de la alta alcurnia en épocas de transición entre la Cuestión Social y el Estado Social ha vuelto.

Pero es tal la precarización laboral y la exclusión, es tan profunda que aún por millonaria que sea la donación, resulta insuficiente. Es necesario entender que la pandemia ha congelado las economías pero que la vida de sus habitantes continúa, y que a aquellos carentes de una asistencia tendiente a la inclusión se le suman los nuevos excluidos, los expulsados del sistema por este contexto. Los Estados han reaccionado, pero es entendible que la reacción sea a destiempo e insuficiente. Es tarde para voltear la pirámide social construida por el neoliberalismo. Este contexto es la instancia en la cual la vulnerabilidad social se transforma en desafiliación, en la ruptura de los soportes estructurales del individuo al punto tal que ni siquiera los lazos de proximidad lo pueden sostener, porque es exclusión, informalidad y aislamiento. La única opción es el trabajo, pero no está disponible. Es el regreso del proletariado quizás no sea el término más adecuado. Los golpes que el Covid-19 está dando hacen tambalear la superestructura de un capitalismo que ve, sin poder remediarlo, el crecimiento exponencial de la masa marginal.

Quizás estemos frente a la profundización de una “antigua” nueva Cuestión Social  que jamás ha podido ser solucionada. Pero, frente a esta situación límite, es necesario pensar, con urgencia, alternativas que reconstruyan el rol del Estado y el de la Sociedad en aras de lo que el post-pandemia nos tenga preparados.

Créditos de las imágenes

Imagen 1: https://funcionlenguaje.com/index.php/en/sala-de-lectura/noticias/717-robert-castel-sociologia-del-trabajo.html

Imagen 2: https://www.agenciapi.co/galeria/coronavirus-llega-al-arte-callejero

Imagen 3: http://mexicosocial.org/pandemia-pobreza-desarrollo/

Imagen 4: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200331/48198404022/italia-coronavirus-consecuencias-pobreza-mafia.html

Imagen 5: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52446193


* Licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales con orientación en Didáctica de la Geografía por la Universidad Nacional de San Martín. Profesor de Geografía por el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, con especializaciones en Geografía de África y Oceanía, Geografía de Asia y Geografía de la República Argentina – Procesos Sociales y Económicos.
Docente en nivel medio, en formación docente por el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” y a nivel superior por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Actualmente en proceso de elaboración de tesis final de la Maestría en Sociología Política Internacional por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Creador de Un espacio Geográfico

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Derecho a migrar… y a permanecer.

Debemos comenzar a preocuparnos no solo del que llega a nuestros territorios, el cual nos interpela constantemente como sociedad, sino que, debemos empezar a inquietarnos sobre aquellos están sufriendo escenarios de violencia en las sociedades de origen, aquellos que aún no se transforman en migrantes, pero prontamente serán parte del circuito de movilidades.
Por Pedro Palma Calorio

Durante la pandemia, la prensa ha esbozado el discurso; “la crisis vino a destapar una desigualdad que no era tan visible a los ojos institucionales”, y de que existe una población sobre todo migrante en condiciones de extrema precarización.  Pero esto no hace justicia sobre investigadores que desde décadas han puesto en el tapete no solo el tema migrante como fenómeno que modifica barrios y poblaciones, sino que, existe una pobreza estructural que va más allá de la “nacionalidad” que se ha ido construyendo, produciendo y reproduciendo espacialmente, y la cual tiene larga data.

Los últimos sucesos, ocurridos con colectivos migrantes, a raíz de la pandemia, dejan en la palestra las acciones y omisiones institucionales, las cuales se presentan en dos escalas, tanto a nivel local y como a nivel central.

A nivel local, los gobiernos (municipios principalmente) utilizan el discurso migrante, ya sea de inclusión (sello migrante) o de exclusión, (nuevo racismo[1]) como parte del enfoque que se le da a las políticas, y estas no han solucionado los problemas de vivienda, laborales, educación y sociales de estos colectivos que se expresan a nivel territorial (espacio – sociedad), más allá de los típicos programas sociales que se disponen, y que como se ha evidenciando en diversas investigaciones, solo acrecientan los conflictos socioespaciales, en barrios estructuralmente pobres, ya que tensionan la relación entre sujetos[2]. Pero esta crítica seguiría siendo inapropiada o inconclusa, si no logramos entender además la geografía institucional, que parte desde las más altas instituciones y que moldea el devenir de los cuerpos en estas áreas relegadas.

El reprochamiento que se puede hacer a los municipios, debe de ir de la mano, con el entendimiento de cuáles son sus potestades, recursos, y descoordinaciones que estos tienen para dar soluciones certeras, sumado a las voluntades políticas, en cuestión, las cuales son miopes a nivel territorial. Por esto, una de las propuestas, respecto al abandono que vive la población migrante y nacional en barrios y poblaciones, tienen que ver con 1) mayor facultad y recursos a los gobiernos locales para sus intervenciones para estos colectivos, 2) pensar soluciones de forma territorial y en corto, mediano y largo plazo, 3) mayor despliegue territorial, 4) profesionalización de las intervenciones, 5) construcción de un ambiente institucional acorde a los planes, programas y proyectos que se ejecuten, los cuales no deben estas supeditados a tiempos políticos, y 6) coordinación entre los distintos niveles de acción institucional.

Por otra parte, se encuentran el nivel central, desafío mayor, tomando en consideración que su operatoria esta cruzada por ideologías de pseudo “inclusión” y “exclusión directa” hacia los migrantes. Operatoria, que desde mi experiencia carece claramente del contenido territorial de las problemáticas que son levantadas a nivel local. La manera de accionar del nivel central muestra una clara descoordinación entre sus organismos (órganos de la administración del Estado), descoordinación entre estos con instituciones locales, etc., lo cual tiene un correlato en el territorio, construyendo geografías institucionales de despojo, es decir, mientras algunas áreas evidencian una sobre intervención desprolija, por otro lado, existen espacios vacíos, carentes de presencia institucional, lo cual me hace preguntarme si corresponden a ¿decisiones azarosas o planificadas? al parecer la decisión de involucrarse o no está correlacionado con los réditos políticos, estudios que abordan la geografía institucional y radical han dicho  que son decisiones totalmente racionales y concertadas que se ajustan a las necesidades políticas.

De acuerdo a los tratados internacionales, la obligación de los Estados es de garantizar el cuidado de los habitantes de sus territorios, desde un enfoque de derechos humanos. En este sentido, se sigue buscando que las instituciones velen en sus diferentes escalas por la población más vulnerable, desde un enfoque amplio e integral, es decir, desde el derecho a migrar, al habitar, a la vivienda, etc. Pero en esta ecuación siempre falta un promover un derecho que no está siendo evidenciado, y este tiene que ver con el derecho a no sufrir nunca más algún tipo de violencia estructural  (la cual se concatena con otros tipos de violencia que llega a la escala micro) o, más profundo aún, a no sufrir lo que se conoce como “violencia lenta”[3], que es la que ocurre gradualmente y fuera de la vista, corresponde a una violencia de destrucción tardía que se dispersa en el tiempo y espacio es también una violencia de desgaste, y que generalmente no se ve como violencia en absoluto. Es una violencia generada por el colonialismo y capitalismo, percibida por los cuerpos migrantes, y que también los obliga a salir de sus sociedades de origen.   Debemos comenzar a preocuparnos no solo del que llega a nuestros territorios, el cual nos interpela constantemente como sociedad, sino que, debemos empezar a inquietarnos sobre aquellos están sufriendo escenarios de violencia en las sociedades de origen, aquellos que aún no se transforman en migrantes, pero prontamente serán parte del circuito de movilidades. En tal sentido, no solo debemos proteger el derecho a migrar, sino que también debemos ser capaces de fomentar el derecho a permanecer.


[1] El nuevo racismo hace referencia aquel mecanismo encubierto, latente, que se adapta al control social y que se oculta bajo modernas formas de expresión lingüística, creencias y actitudes, y cimienta una nueva marginalidad en espacios tradicionales de exclusión (Bonilla-Silva, E. 2010. Racism without racists. Color-blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Rowman & Littlefield, pp. 301)

[2] Para mayor detalle sobre esta afirmación, revisar Inmigración, instituciones locales y conflictos socioespaciales: El caso de la población Lo Hermida en Peñalolén, en Revista Latinoamericana de Comunicación, CHASQUI, (Palma & Ruiz-Tagle. 2018). https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/3573

[3] Nixon, Rob (2011), Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 353 pp.

Jones, Naya. 2019. “Dying to Eat? Black Food Geographies of Slow Violence and Resilience”. ACME: An International Journal for Critical Geographies 18 (5), 1076-99. https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1683.

 

 

comunicado: LA CIUDAD Y LOS DESAFÍOS FRENTE AL COVID-19

La actual crisis global del Covid-19 comienza a golpear a Latinoamérica con un pronóstico preocupante, exhibiendo la precariedad social y sanitaria a la que nos expone la privatización de las funciones básicas del Estado en casi 50 años de neoliberalismo originado en Chile. En el país, la pandemia paralizó 5 meses de una agitación política-social centrada en cuestionar nuestro modo de hacer las cosas, nos opusimos férreamente a la excesiva orientación del mercado en torno a la salud, pensiones, educación, transportes, vivienda, y ahora aflora mucho más que antes el problema de nuestras ciudades y entornos residenciales como factores de riesgo de contagio. 

Ante una inminente discusión que replanteará nuestra forma de concebir el funcionamiento y calidad de nuestras ciudades y viviendas en Chile y en el mundo, es importante entender que tanto el Estallido Social como la actual pandemia global han puesto de manifiesto la necesidad de superar el mito del mercado como el más eficiente distribuidor de los recursos urbanos-territoriales, sobre todo en torno al suelo y vivienda, cuyos mercados fuertemente competitivos derivan en adoptar lógicas especulativas y de rentabilidad económica en vez de satisfacer necesidades sociales básicas, provocando realidades sociales muy desiguales y hasta opuestas en un mismo territorio. 

Como ONG comprometida con el cambio social, pensamos que una forma de avanzar hacia el mejoramiento general de las condiciones de vida en los territorios, y por ende mejorar los estándares sanitarios frente a futuras catástrofes como esta, pasa por la obligación de fortalecer a los Gobiernos Locales respecto al resguardo de determinados recursos para la satisfacción de necesidades sociales. En este sentido, el derecho a la ciudad y una vivienda digna claman por la consagración de su rol social, en base a la descentralización y desconcentración de las actividades humanas, permitiendo avanzar hacia una cotidianidad a escala humana involucrada con la participación directa en las decisiones que afecta nuestros entornos vitales, regenerando las relaciones sociales y con la naturaleza. 

ONG Observatorio Ciudades Integradas al Territorio

18 de Abril de 2020